Las CCAA reducen el periodo de pago a proveedores un 27% y cumplen la ley por primera vez

La morosidad de las administraciones públicas fue uno de los mayores problemas económicos desde el estallido de la crisis. La falta de control sobre el periodo de pago a proveedores provocó que la deuda comercial de muchos gobiernos se disparara, con facturas ocultas en cajones al margen de la Intervención General. La morosidad de la Administración supone un grave problema para los proveedores, ya que tienen que soportar los costes de ofrecer los bienes o servicios que adquiere el sector público durante meses hasta que finalmente las administraciones pagan.

En esta crisis del coronavirus, las comunidades autónomas han realizado un importante avance en la reducción de los periodos de pago, hasta el punto de que por primera vez cumplen con la ley de pago a proveedores y abonan sus facturas en menos de 30 días. Se trata de un hito histórico que completa el objetivo perseguido desde el año 2012, cuando empezó a contabilizarse el periodo de pago y a vigilar a las administraciones incumplidoras.

Un año después del estallido de la crisis, el periodo medio de pago a proveedores de las administraciones públicas se ha reducido un 40%. Esto significa que han recortado en 15 días, de media, el plazo en el que abonan sus facturas, situándose por debajo de los 30 días por primera vez desde que existen datos. Y previsiblemente por primera vez en la historia.

Febrero fue el tercer mes consecutivo con un periodo de pago inferior a 30 días, de modo que puede considerarse ya un cambio estructural. Aunque puntualmente las regiones puedan volver a superar este umbral por efectos de calendario, la tendencia muestra que la reducción de la morosidad es permanente.

Algunas de las comunidades que más han recortado el periodo de pago a proveedores son las que estaban en peor posición antes de la pandemia, hasta el punto de situarse ahora mejor que la media nacional. Es el caso, por ejemplo, de Castilla-La Mancha, que ha reducido su periodo de pago en 42 días en el último año, lo que supone una reducción de casi el 70%. En una situación similar se encuentran Extremadura, Murcia, Comunidad Valenciana o Castilla y León, ya que todas ellas han rebajado en más de 20 días su periodo de pago.

Ya solo quedan cuatro comunidades autónomas con un periodo de pago superior a los 30 días que marca la ley: Aragón, Cataluña, Asturias y Navarra. De estas, destacan especialmente Aragón y Cataluña, ya que ambas superan todavía los 40 días de retraso en el pago a sus proveedores. Por el contrario, Asturias y Navarra no llegan a esos 40 días, pero sí que han incrementado sus plazos de pago durante la pandemia en cuatro días en el caso de Navarra y en 12 en el de Asturias.

La mejora de las ratios de pago de las comunidades autónomas responde, en gran medida, a la financiación extraordinaria de que han gozado desde el estallido de la pandemia. Las comunidades recibieron más de 133.000 millones de euros en 2020. El Gobierno mantuvo las entregas a cuenta con una previsión de crecimiento del PIB de casi el 2%, aunque la realidad es que la economía se desplomó desde el mes de marzo por el covid. El blindaje de los ingresos —sumado a las transferencias extraordinarias del fondo covid por valor de 14.000 millones— llevó a que las comunidades autónomas contaran con una financiación récord para hacer frente a los costes de la crisis derivados de la pandemia.

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Con estos fondos extraordinarios, pudieron hacer frente al pago a proveedores atrasado y llevar este indicador por debajo de los 30 días. De hecho, su financiación permitió a muchas regiones cerrar el año 2020 en superávit, una situación inédita en crisis. En concreto, ocho comunidades autónomas cerraron el año con un balance positivo. Sorprende que, entre las regiones con más superávit, se encuentre Asturias, una de las que superan el umbral de los 30 días de morosidad, y que además lo aumentó a lo largo del año. Por el contrario, Navarra y País Vasco están entre las dos con mayor déficit público porque, como no forman parte del Régimen Común, no tuvieron acceso al grueso de la financiación extraordinaria ofrecida por el Estado.

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Las comunidades autónomas del Régimen Común empezarán a tener problemas con el déficit a partir del próximo año, cuando será el momento de liquidar el exceso de financiación recibido en 2020. El Ministerio de Hacienda ya ha trasladado a las comunidades autónomas que buscará una fórmula para que la devolución de estas cuantías no sea traumática, probablemente elija separar los pagos en varios años, una solución utilizada en el pasado.

Los avances logrados por las comunidades autónomas gracias a la financiación extraordinaria del Estado contrastan con la escasa mejora en el pago de la Administración central. Un año después del inicio de la crisis, apenas ha reducido su demora en 1,27 días desde el estallido de la pandemia y mantiene el periodo de pago por encima de los 30 días que fija la ley. En concreto, en febrero se situó en 34 días, lo que muestra el trabajo que tiene todavía por delante el Gobierno para reducir la morosidad comercial.