La SEPI teme un alud de rescates en marzo y ya ha recibido la petición de varias cotizadas

El Fondo para salvar a empresas estratégicas en peligro de caer en la quiebra, dotado inicialmente con 10.000 millones de euros, va tomando forma. Por el momento, ha cerrado tres operaciones con Air Europa (475 millones), Duro Felguera (120 millones) y Plus Ultra Líneas Aéreas (53 millones), pero en la lista de espera se encuentran una treintena de empresas que esperan una resolución del Consejo Gestor, un órgano compuesto por altos cargos de la Administración articulado a través de la SEPI. Y, además, fuentes de la institución aseguran que lo razonable es que el grueso en la entrada de nuevos solicitantes se produzca en marzo, ya que este mes es cuando la mayoría de las sociedades cierran el ejercicio del año anterior.

La lista de empresas que han reclamado ayuda financiera para sobrevivir a la pandemia económica permanece secreta. Entre otras razones, porque algunas cotizan en los mercados de valores, y de ahí que se prefiera mantener la reserva sobre su identidad para no alterar su cotización. La fecha límite para solicitar ayudas es el próximo 31 de diciembre, pero cabe la posibilidad de una ampliación si así lo aconseja la situación económica.

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Para evaluar las solicitudes, la SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha contratado a empresas privadas que serán las encargadas de analizar la situación patrimonial de los demandantes. El asesoramiento se articula a través de una veintena de especialistas en el ámbito jurídico y otros tantos en el plano financiero. En total, 40 compañías, aunque algunas pueden estar duplicadas porque una misma consultora puede tener experiencia en ambos lados, como sucede con las 'Big Four' (EY, PwC, Deloitte y KPMG).

La última palabra siempre la tendrá el Consejo Gestor, que es quien eleva la propuesta al Consejo de Ministros, pero son los asesores privados quienes estudian si la empresa solicitante cumple los criterios de elegibilidad, respetando en todo caso la cláusula de confidencialidad. Las operaciones de hasta 250 millones son autorizadas por el Consejo de Ministros, pero por encima de esa cifra es la Comisión Europea quien analiza y decide sobre el expediente.

Devolver las ayudas

Las ayudas de la SEPI tienen una doble dirección. Por un lado, se materializan a través de préstamos participativos, que son un producto híbrido que remunera al prestamista en función de la marcha de la empresa, sin que ello suponga alterar su propiedad, ya que los derechos políticos están limitados. El plazo máximo son siete años. La otra fórmula son préstamos ordinarios que hay que devolver en un plazo de seis años. El periodo máximo para resolver será de seis meses, contados desde la presentación de la solicitud de la empresa. Transcurrido ese plazo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. Las resoluciones del Consejo Gestor ponen fin a la vía administrativa y frente a ellas se puede interponer recurso contencioso-administrativo.

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El problema con el que se han encontrado los gestores de estos fondos a la hora de identificar a los posibles beneficiarios es qué se entiende por sectores estratégicos, sobre lo que no hay una definición generalmente aceptada. Por el momento, en el caso de las operaciones ya aprobadas, se han tenido en cuenta factores como su impacto sobre un determinado territorio. Este es el caso de Duro Felguera, cuya quiebra tendría un fuerte impacto en el empleo de Asturias. No en vano, representa el 1,18% del valor añadido bruto (VAB) de la región. En la última década, la empresa alcanzó unos niveles medios de facturación anual de 729 millones de euros, con unos ingresos en Asturias de 440 millones. A finales de 2019 generaba 3.858 empleos, entre directos, indirectos e inducidos.

La firma ha recibido un préstamo participativo por importe de 70 millones, además de un préstamo ordinario de 20 millones y una aportación de capital o, en su caso, nuevo préstamo participativo, por un montante global de 30 millones de euros.

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Distinto es el caso de Plus Ultra Líneas Aéreas, que ha captado 53 millones del Fondo que se canalizarán a través de un préstamo participativo de 34 millones y un préstamo ordinario de 19 millones. La empresa dispondrá de un plazo máximo de siete años para amortizar en su totalidad los préstamos recibidos.

En esta operación, el Consejo Gestor esgrime que opera en un sector estratégico para la economía española, como es el turismo. La compañía emplea a 345 trabajadores directos, mientras los puestos de trabajo indirectos generados por su actividad superan los 2.500 empleos. La compañía, como no puede ser de otra manera, tiene su sede en España, pero entre sus 23 accionistas figuran nombres relacionados con el Gobierno de Venezuela. Desde la SEPI se argumenta que la compañía cumplía todas las exigencias legales y la operación ha sido avalada desde un punto de vista estrictamente económico.