Las ayudas directas tardarán, al menos, un mes y medio en llegar a las empresas
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Las repartirán las CCAA

Las ayudas directas tardarán, al menos, un mes y medio en llegar a las empresas

Las ayudas oscilarán los 3.000 euros para los autónomos que tributen por módulos hasta 200.000 para las medianas empresas y sólo podrán acogerse empresas con una caída de la facturación del 30% o superior

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La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, en una reunión extraordinaria, el real decreto-ley que pone en marcha el paquete de ayudas directas a empresas por valor de 11.000 millones de euros. La noticia era muy esperada por los sectores más golpeados por las restricciones a la actividad y la movilidad, pero todavía tendrán que esperar para recibir este alivio en sus balances, ya que las ayudas no empezarán a transferirse antes de un mes y medio. El Gobierno se ha dado un plazo de 40 días para tener listos los convenios con las comunidades autónomas. Posteriormente, las regiones tendrán que poner en marcha todo el proceso burocrático para que las empresas soliciten los fondos y finalmente, se transfieran las cantidades correspondientes. Este último periodo no está cerrado, pero el Ejecutivo confía en que sea "en un plazo muy reducido tras a firma de los convenios".

Esta es la consecuencia de que vayan a ser las comunidades autónomas quienes gestionen las ayudas y no el Estado. "Nos hemos puesto un plazo muy reducido para poner en marcha los fondos", ha señalado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en rueda de prensa, sin embargo, eso significa que las empresas tendrán que esperar, probablemente, hasta el mes de mayo para empezar a recibir las ayudas. Las comunidades tendrán margen para modular el destino de estas ayudas, aunque el Gobierno confía en "que intenten tener criterios homogéneos" para que no existan grandes diferencias entre regiones.

Foto: Fotografía de la calle Preciados de Madrid a finales de febrero. (EFE)

Las transferencias directas ascenderán a 7.000 millones de euros, de los cuales, 2.000 se reservan para Canarias y Baleares, las dos regiones más golpeadas por la crisis económica. El acceso a estas ayudas se restringe a los sectores más golpeados por la crisis, esto es, los que actualmente pueden acogerse a los ERTE y alguno más que se detallará en el real decreto y que hayan sufrido una caída de su facturación del 30% en adelante. El Ministerio de Hacienda ofrecerá los datos fiscales a las comunidades autónomas que incluyen qué empresas pueden acogerse al plan de rescate.

Las ayudas serán finalistas: se tendrán que destinar a cubrir gastos fijos o deudas acumuladas desde marzo de 2020. Las cuantías oscilarán entre los 4.000 euros para las microempresas y los autónomos, hasta los 200.000 euros para las empresas medianas. En total, podrán solicitar el equivalente al 40% de la caída de la facturación para las microempresas y autónomos y el 20% para el resto de las empresas. En el caso de los autónomos que tributan por módulos, las ayudas serán de 3.000 euros.

Se trata de una batería sin precedentes para ayudar a las empresas viables

Las empresas que se acojan a estas ayudas tendrán que cumplir tres condiciones establecidas por el Gobierno, según ha explicado Calviño. La primera es que tendrán que mantener su actividad hasta, al menos, junio de 2022. La segunda, que no podrán repartir dividendos entre sus accionistas durante dos años, para evitar que el dinero público termine en los bolsillos de los empresarios. Y la tercera es que no podrán subir los sueldos de la cúpula directiva también durante dos años.

Las ayudas no se concederán a empresas que estuvieran en pérdidas en 2019 para que los fondos no se vayan a empresas de dudosa viabilidad. El Ministerio de Economía interpreta que si en el pico del ciclo expansivo, las empresas estaban en pérdidas estaban en una situación económica delicada, de modo que no podrán beneficiarse de las transferencias.

Además de los 7.000 millones de ayudas directas, el plan de rescate se completa con otros dos fondos, uno destinado a reestructuraciones de las deudas avaladas por el ICO, dotado con 3.000 millones de euros y otro para recapitalizar empresas medianas, con 1.000 millones adicionales.

En el caso de la reestructuración de los créditos avalados por el ICO, el Gobierno ha establecido "tres niveles" de actuación. En el primero, la reestructuración se limitaría a una ampliación de los periodos de carencia y vencimiento. En el segundo, la conversión en préstamos participativos el aval público, de modo que el impago supusiera la entrada del Estado en el capital de las empresas. Y el tercero sería la quita de deudas. En este último nivel las entidades financieras asumirían una parte proporcional de las pérdidas soportadas por el ICO y quedará acordado en un código de buenas prácticas que ofrecerá el Ejecutivo a los bancos en los próximos días.

Foto: La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, rodeada por sus consejeros. (EFE)

Por último, el fondo de recapitalización de empresas medianas de 1.000 millones estará gestionado el Cofides. Contará con diferentes instrumentos para reforzar el capital de estas empresas, como los préstamos participativos o la entrada directa en el capital. El Estado tendrá un periodo máximo de 8 años para salir de las empresas rescatadas y participará de los beneficios futuros cuando se consolide la recuperación.

Además de estas medidas, el real decreto aprobado incluye la extensión hasta final de año la moratoria concursal. Esto significa que los acreedores de una empresa morosa no podrán solicitar su concurso, lo que permite proteger a empresas con problemas puntuales de liquidez.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado también una moratoria de impuestos de seis meses para las empresas que incluye los meses de enero a abril de este año. Eso significa que las empresas podrán acogerse a este retraso en el plazo para abonar las liquidaciones correspondientes a los cuatro primeros meses del año sin un recargo de intereses.

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