La banca y el Gobierno chocan por el reparto de las ayudas directas a pymes y autónomos
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QUITAS DE DEUDA

La banca y el Gobierno chocan por el reparto de las ayudas directas a pymes y autónomos

Gobierno y bancos quieren alcanzar un acuerdo sobre las quitas de deuda en marzo. El sector financiero quiere que el ICO asuma más de un 80% de las pérdidas

placeholder Foto: José Ignacio Goirigolzarri (i), de Bankia, Ana Botín (c), de Santander, y Carlos Torres (d), de BBVA. (EFE)
José Ignacio Goirigolzarri (i), de Bankia, Ana Botín (c), de Santander, y Carlos Torres (d), de BBVA. (EFE)

Choque a la vista. El Gobierno y los bancos encaran semanas clave en la negociación de las nuevas ayudas a la economía, y lo hacen con posiciones alejadas que ya se han dejado notar en las últimas reuniones. El motivo de la discordia es el reparto de la factura que supondrán las nuevas medidas. El Gobierno aboga por que se mantenga el esquema actual del ICO (Instituto de Crédito Oficial), en el que el Estado asume de media un 75% de las pérdidas y los bancos un 25%. Por su parte, el sector financiero quiere que el ICO se haga cargo de un mayor porcentaje de las ayudas, según fuentes financieras consultadas por El Confidencial.

Esta discusión llega al hilo del estudio que ha puesto en marcha el Ministerio de Economía para apoyar la solvencia del tejido empresarial español, tocado por la crisis generada por el covid-19. El ministerio liderado por Nadia Calviño cuenta con el apoyo en esta tarea del Banco de España, la Asociación Española de Banca (AEB), la CECA (Confederación Española de Cajas de Ahorros) y la consultora Oliver Wyman. Ya hay consenso en que las grandes y medianas empresas reciban ayudas a través de préstamos participativos y que las pymes y autónomos lo hagan a través de quitas de deuda, como publicó este medio.

Foto: Nadia Calviño y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. (EFE)

La idea del Gobierno y de los bancos es que las negociaciones lleguen a buen puerto en las próximas semanas para que Calviño pueda presentar el resultado antes de que acabe marzo, previo paso por Europa para obtener el visto bueno comunitario.

Por el momento, las discusiones son sobre la teoría, ya que todavía no hay números fiables de cuánto dinero va a hacer falta para rescatar las empresas españolas en esta segunda oleada de la crisis. Se barajan cifras de entre un 10% y un 20% de coste sobre las líneas ICO que se dieron el año pasado 116.000 millones—, lo que implicaría asumir pérdidas por valor de entre 12.000 y 23.000 millones. El Estado tendría que afrontar un desembolso de entre 8.700 y 17.000 millones, y de 3.000 y 6.000 millones para la banca. Las quitas serán distintas en función del sector y la situación financiera de la compañía.

Según estos cálculos, el impacto tope de los cinco mayores grupos sería de más de 4.000 millones de euros: Santander, 1.540 millones; BBVA, 905 millones; CaixaBank y Bankia, casi 1.200 millones de forma conjunta, y Sabadell, casi 600 millones, de acuerdo a sus cuotas de créditos concedidas.

Los bancos quieren minimizar esta factura para no estar en inferioridad de condiciones frente a otros competidores europeos, cuyos gobiernos han puesto sobre la mesa ayudas directas a las empresas y avales sin ningún tipo de coste. Pero, por encima de estos 3.000-6.000 millones, les preocupan los efectos indirectos de las quitas en el resto de sus exposiciones a dichos clientes y las nuevas provisiones que tendrían que dotar por las empresas que se consideren no viables. Argumentan también que está en juego la estabilidad financiera, algo que si se pierde amplificaría la crisis, como ocurrió entre 2010 y 2012.

Frente a esta posición, fuentes próximas al proceso señalan que el Gobierno y el Banco de España recordarán a las entidades que las cajas fueron rescatadas en 2012 y que, hasta ahora, las líneas ICO les están generando un negocio anual de entre 2.500 y 3.000 millones de euros a través de los intereses que cobran por estos créditos. Además, añaden dichas fuentes, el ICO va a revisar las condiciones que están ofreciendo los bancos a la hora de alargar los créditos ICO y los periodos de carencia, que podrían estar encareciéndose un punto porcentual, según 'Cinco Días'.

placeholder El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos (i), y la vicepresidenta Nadia Calviño (d). (EFE)
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos (i), y la vicepresidenta Nadia Calviño (d). (EFE)

Mientras ambas partes se toman el pulso, la prioridad de los grupos de trabajo es avanzar en dos direcciones: la reforma legal del ICO, como adelantó este medio, una condición necesaria para poder poner en marcha las quitas, y la diferenciación entre empresas viables y no viables. Las primeras podrán beneficiarse de algún tipo de ayuda directa, en caso de que lo necesiten. Las segundas se verán abocadas a la liquidación, con las consecuencias que implicarán para bancos e ICO —provisiones— y el resto del tejido empresarial.

De ahí la importancia de los análisis que están haciendo el Gobierno, el Banco de España y, del lado de los bancos, Oliver Wyman. Se espera que estos deriven en una cifra sobre la que se negocie en las próximas semanas. Será entonces cuando se recrudezca la batalla.

Choque a la vista. El Gobierno y los bancos encaran semanas clave en la negociación de las nuevas ayudas a la economía, y lo hacen con posiciones alejadas que ya se han dejado notar en las últimas reuniones. El motivo de la discordia es el reparto de la factura que supondrán las nuevas medidas. El Gobierno aboga por que se mantenga el esquema actual del ICO (Instituto de Crédito Oficial), en el que el Estado asume de media un 75% de las pérdidas y los bancos un 25%. Por su parte, el sector financiero quiere que el ICO se haga cargo de un mayor porcentaje de las ayudas, según fuentes financieras consultadas por El Confidencial.

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