El Gobierno estudia una reforma del ICO para perdonar deuda a pymes y autónomos

El Gobierno prepara la artillería legal para una medida histórica: que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) ofrezca quitas de deuda a decenas de miles de pymes y autónomos. Esta es una de las alternativas que está sobre la mesa para hacer llegar nuevas ayudas al tejido empresarial, ante la tercera ola del covid-19 y el alargamiento de la crisis. Esta situación ha hecho que desde el Tesoro, el Banco de España y los bancos estudien medidas para que la crisis no se lleve por delante empresas viables.

Tras casi un año desde el Gran Confinamiento, el temor del Gobierno y el Ibex es la oleada de quiebra de empresas que se producirá cuando desaparezcan los ERTE (expediente de regulación temporal de empleo), las ayudas fiscales y moratorias que se desplegaron en plena crisis. Si en 2020 la liquidez fue la gran preocupación, en 2021 lo es la solvencia, más si cabe tras el nuevo frenazo sufrido en diciembre y enero. Por ello, se ha pasado de una política de inyectar crédito a buscar nuevas alternativas que hagan más digerible la crisis. Y entre ellas están las quitas de deuda, como avanzaron 'Bloomberg' y 'El Periódico'.

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Los avales del ICO fueron una de las vías con las que el Gobierno ayudó a las empresas en medio del confinamiento. Los bancos concedieron casi 115.000 millones en créditos avalados por el Estado para empresas con necesidad de liquidez ante el parón económico. De ellos, algo más de 80.000 millones fueron a parar a 926.000 pymes y autónomos que ahora podrían beneficiarse de las condonaciones para salir de la crisis con una menor deuda.

Estos planes tienen por delante varios escollos. El primero es la regulación del ICO, que prohíbe la condonación de deuda. Por ello, los técnicos del Ministerio de Economía llevan tiempo estudiando fórmulas con las que sortear este problema legal, que podrían resolverse en cuestión de semanas, según fuentes financieras consultadas por El Confidencial.

Otro de los obstáculos es la necesidad de fijar un marco que resuelva qué empresas pueden beneficiarse de las condonaciones y cuáles no, ante los riesgos legales de reclamaciones al Estado por parte de las empresas consideradas no viables. Por ello, podría apostarse por establecer unos criterios objetivos y cuantitativos a cumplir por las empresas que quieren acogerse a las condonaciones. La consultora Oliver Wyman está trabajando en una clasificación de compañías para los bancos.

El tercer obstáculo, pero no menos importante, son los bancos, que también tienen que dar el visto bueno al camino que elijan el Gobierno y el Banco de España. Las entidades financieras, representadas en la negociación por la AEB (Asociación Española de Banca) y la Ceca (Confederación Española de Cajas de Ahorros), chocan frontalmente con las quitas de deuda, ya que les forzaría a asumir pérdidas. De los 115.000 millones concedidos en líneas del ICO, el Estado se juega 87.000 millones y los bancos 28.000 millones. Las pérdidas se reparten en igualdad de condiciones: de cada 100 euros, el ICO asumirá 75 de media de provisiones, y las entidades 25.

Las entidades mantienen que ya han puesto mucho de su parte en la crisis del covid, ya que asumen parte del riesgo de las líneas ICO, al contrario que en otros países europeos. Defienden además que en lugar de provocar pérdidas a los bancos, el Estado debería tomar medidas "para reforzar la estabilidad financiera, cuya importancia vimos en la anterior crisis", señalan fuentes financieras.

Frente a la 'palabra maldita' de las quitas, los bancos abogan por ayudas directas —rebajas de impuestos, por ejemplo— y por el despliegue de préstamos participativos —se consideran capital y rebajan apalancamiento—, una opción que evitaría sus pérdidas y les ayudaría a generar nuevo negocio. Para el Gobierno y el Banco de España, esta opción podría ser factible para grandes y medianas empresas —hay 18.000 con líneas ICO—, en las que se puede estudiar con detenimiento la posición financiera y estudiar fórmulas para reestructurar la situación. Pero no para los cientos de miles de pymes y autónomos.

Economía, Banco de España y bancos necesitan diferenciar empresas viables y zombis

Ante este debate, la presidenta de Santander, Ana Botín, ha tomado la voz cantante en el sector financiero. El pasado miércoles urgió al Gobierno a rescatar empresas cuanto antes: "Las pymes y autónomos necesitan apoyos que van más allá del crédito [líneas ICO]. Casi todos los países europeos han dado ayudas directas, y España no. Estamos dispuestos a colaborar con el Gobierno, como ha transmitido la CEOE. Los objetivos son comunes, aunque el camino nos gustaría que fuera algo diferente. Me consta que ahora se va a valorar dar un paso más".

El Gobierno está afrontando este debate sin prisa, pero sin pausa. Por un lado, defiende que ya ha puesto sobre la mesa ayudas directas por valor de más de 40.000 millones, un 5% del PIB, entre los ERTE, la prestación extraordinaria de autónomos y las incapacidades laborales.

Dos visiones

Por el otro, el Ejecutivo considera que tiene margen de maniobra, por lo que prefiere meditar bien los próximos pasos. Tras la aprobación la semana pasada del nuevo marco de ayudas públicas en Europa, que da más flexibilidad hasta 2022, el Ministerio de Economía estudia qué medidas priorizar. "El Gobierno de España ha venido trabajando con la Comisión Europea en la revisión del marco de ayudas públicas, con el fin de adaptarlo a las necesidades actuales y seguir protegiendo el tejido productivo y el empleo, y reforzando la solvencia de empresas y negocios viables", expone Economía.

Las dos posturas están muy lejos. De un lado, el sector financiero y las empresas reclaman más ayudas directas a empresas. Del otro, el Gobierno, con un margen fiscal reducido, estudia aplicar una medida que repartirá la futura factura con los bancos. La batalla está servida.

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