El reducido tamaño de las pymes hace descarrilar las ayudas del Gobierno

Se trata de un viejo problema de la economía española. Y, de hecho, ya fue una evidencia durante la anterior crisis, pero lo cierto es que, desde entonces —hace más de una década—, nada ha cambiado. O, mejor dicho, nada se ha hecho pese a que es un lugar común entre los formuladores de políticas económicas: es necesario aumentar el tamaño de la empresa española para ganar productividad y, por ende, competitividad.

¿Las consecuencias? Los estímulos fiscales a las empresas en dificultades para sacarlas adelante chocan contra el escaso tamaño del tejido productivo, lo que hace ineficientes los préstamos participativos, uno de los instrumentos clásicos para evitar la quiebra de una compañía. Estos préstamos, como se sabe, son un producto híbrido que remunera al prestamista en función de la marcha de la empresa, sin que ello suponga alterar su propiedad, ya que los derechos políticos están limitados.

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Esta fórmula es la que ha planteado ya el Gobierno (ver el real decreto-ley del pasado mes de julio) para reflotar las compañías en dificultades, además de avales públicos a través del ICO, el fondo de apoyo a las empresas estratégicas (10.000 millones de euros) o, incluso, los ERTE, pero su despliegue choca con un tejido empresarial tan fragmentado que nada menos que el 86% de las pymes con asalariados tiene menos de nueve trabajadores.

Es decir, son microempresas con escasa musculatura financiera, lo que hace más difícil que el Estado pueda entrar en su capital a través de los préstamos participativos. De ahí que, como sostiene un alto directivo de una gran entidad bancaria, se considere más eficaz la articulación de ayudas directas a fondo perdido para paliar los efectos de la pandemia. Como ha escrito en este diario el economista Luis Garicano, lo que comenzó como un problema de liquidez se ha convertido en uno de sobreendeudamiento, aunque todavía a nivel agregado se está muy lejos del escenario que existía antes de la anterior crisis.

Endeudamiento al alza

El Gobierno, sin embargo, al contrario que en otros países (EEUU, Reino Unido, Alemania o Francia), se resiste a las ayudas directas, lo que explica que muchas empresas en dificultades hayan tenido que acudir al endeudamiento puro y duro. Los datos del Banco de España conocidos ayer, en concreto, han revelado que en 2020 la financiación a las empresas crece ya a un ritmo del 6,2%, algo más del triple de como empezó el año inmediatamente antes de la pandemia.

La capacidad de endeudamiento de las pymes, sin embargo, tiene un límite reducido, desde luego más escaso que las empresas de mayor tamaño. De ahí que muchos sectores —turismo, hostelería o comercio minorista— hayan reclamado ayudas directas no reembolsables. Hay que tener en cuenta que, según el informe anual que elabora el Ministerio de Industria, apenas 4.756 empresas de los 2,8 millones que existen en España (con y sin asalariados) tienen una plantilla superior a los 250 asalariados.

A este reducido colectivo, sin embargo, se dirige el grueso de las ayudas diseñadas por el Gobierno. Incluso, el fondo que habilita al Estado a entrar en el capital de empresas consideradas estratégicas deja bien claro que el importe mínimo de las operaciones son 25 millones de euros por beneficiario, salvo que hubiera causas justificadas. Esta cantidad, como es obvio, supera con mucho el capital de las empresas españolas, por lo que en la práctica supondría una nacionalización encubierta de miles y miles de empresas.

Como han puesto de relieve algunos estudios, la política de avales para facilitar la liquidez de las empresas es útil cuando las crisis son de corta duración, pero este no es el caso. Como sostiene un directivo de un gran banco español, los ERTE “son una ayuda parcial”, pero los costes de las empresas son fijos, y su endeudamiento tiene límites en función de su tamaño.

A fondo perdido

De ahí que, desde algunos sectores, se haya considerado que la distribución de los fondos europeos tiene un sesgo a favor de las grandes empresas en detrimento de las de menor tamaño. Entre otras razones, porque lo que se busca es que las empresas inviertan en determinados sectores y actividades previamente tasados por el Gobierno y la Comisión Europea, pero no son un paquete de estímulo para aumentar capital o salvar una situación financiera comprometida. Algo que sí sería posible con ayudas directas a fondo perdido. Precisamente, como los fondos que recibirá España de la Unión Europea (UE).

El hecho de que se acierte con la estrategia, ayudas o préstamos participativos, aunque ambos instrumentos no son incompatibles, es especialmente relevante para un país como España, con un tejido empresarial muy atomizado. Los datos de Industria, en concreto, muestran que cerca de 10,2 millones de asalariados trabajan en pymes (plantillas inferiores a 250 personas), mientras que, por el contrario, 5,6 millones lo hacen en empresas con más de 250 trabajadores.

Eso quiere decir que dos tercios del empleo dependen de la eficacia de las medidas anticrisis. Unas ya se han adoptado y otras están en la agenda de la vicepresidenta Calviño, pero no han sido instrumentadas por el momento. Tampoco se ha puesto al día la Ley Concursal, salvo algunas modificaciones de pequeño calado, para evitar que el próximo 14 de marzo (cuando en principio acaba la moratoria para presentar concurso de acreedores ante el juzgado de lo mercantil) se produzca una avalancha de quiebras.