El regreso de la inflación obligará a subir el gasto en pensiones en 1.500 millones en 2021

En enero de este extraño 2020 el Gobierno subió las pensiones un 0,9% ante la expectativa de que la inflación se mantuviera en niveles muy bajos durante todo el año, e incluyó en el real decreto-ley que compensaría cualquier desviación al alza de la inflación. No será necesario, ya que el IPC hasta septiembre acumula un descenso del 0,2% interanual. Esto significa que las pensiones están ganando poder adquisitivo en un año muy delicado para la economía española. La última previsión del Ministerio de Economía es que la inflación se quede en el 0% este año gracias al leve repunte de los últimos meses del año.

Esta tendencia se mantendrá durante el año 2021 si se consolida la recuperación, lo que permitiría alejar los riesgos de deflación del horizonte económico. El Gobierno estima que el deflactor del consumo privado para el próximo año estará cerca del 1%, explican fuentes del Ministerio de Economía. Esta cifra estaría en línea con la previsión del Gobierno para el IPC, lo que confirmaría el regreso de la inflación. Una previsión que tiene consecuencias severas sobre las cuentas públicas. La primera, e inminente, es que el Ejecutivo tendrá que revalorizar las pensiones, lo que supondrá un importante incremento de los gastos corrientes de la Seguridad Social.

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Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, han descartado congelar las pensiones y prometen el mantenimiento del poder adquisitivo para todos los beneficiarios. Eso significa que en los presupuestos generales del estado de 2021 tendrán que incorporar una importante subida de las pensiones similar a ese 1% previsto para la inflación. Una decisión que tendrá un coste de unos 1.500 millones de euros y que se suman a un déficit público ya disparado.

Pero este no será el único factor que obligue a incrementar el presupuesto destinado a las pensiones públicas. De hecho, tampoco será el más importante. En 2021 seguirá aumentando el número de pensiones en vigor como consecuencia del envejecimiento, lo que tiene un coste de algo más de 1.600 millones al año. Además, hay que sumarle el efecto sustitución, esto es, el coste adicional de las nuevas pensiones respecto a las que causan baja, y cuyo impacto es de unos 2.300 millones de euros adicionales cada año.

Esto significa que el presupuesto destinado a pensiones se incrementará en más de 5.000 millones de euros en 2021 para garantizar el poder adquisitivo. El coste anual de las pensiones probablemente se situará por encima de los 140.000 millones, lo que requerirá de un gran esfuerzo por parte de las cuentas públicas en un momento muy delicado.

Para aliviar el déficit de las pensiones el Gobierno realizará una transferencia extraordinaria a la Seguridad Social de 18.500 millones

Para aliviar el déficit de las pensiones, el Gobierno ha anunciado ya que realizará una transferencia extraordinaria a la Seguridad Social de 18.500 millones de euros para financiar una parte del déficit de las pensiones. De esta forma pretende reducir el déficit de la Seguridad Social que, de lo contrario, alcanzaría el 3% del PIB, el doble que en 2019. Una buena parte de esta transferencia se irá directamente a financiar el nuevo gasto de las pensiones, que marcará un nuevo máximo histórico en 2021 mientras que los ingresos seguirán lejos de los niveles previos a la crisis por el impacto que está sufriendo el mercado laboral.

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Pero la vuelta de la inflación no solo fuerza al Gobierno a revalorizar las pensiones, también aumenta la presión para subir el salario de los funcionarios y trabajadores públicos. En 2020 se aplicó el último tramo de incremento pactado por el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con los sindicatos. En concreto, se subió el salario un 2%, lo que conllevó una factura de algo más de 3.200 millones adicionales para las arcas públicas.

En ningún caso el Gobierno está dispuesto a llegar a esa cifra, sin embargo, tampoco parece cercana la congelación de salarios como se estudió hace unas semanas. Si los salarios subiesen un 1% para igualar a la inflación, supondría un coste adicional de unos 1.500 millones de euros.

Pacto de Toledo

Entre 2019 y 2020 España ha subido las pensiones algo más de un 2,5% (excluyendo las mínimas que han subido casi un 5%). Sin embargo, en este periodo el IPC apenas ha avanzado un 0,7%. Esto significa que los pensionistas han ganado casi dos puntos de poder adquisitivo en estos dos años. Una decisión que no respeta las recomendaciones vigentes del Pacto de Toledo, igual que tampoco lo hizo la congelación en el 0,25%.

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En el año 2011 el Pacto de Toledo introdujo una importante advertencia en la recomendación segunda: “El vigente sistema de revalorización ha dado lugar, en anteriores ejercicios, a desviaciones entre el IPC previsto y el IPC real, con la consiguiente desvirtuación de su finalidad de conservación del poder adquisitivo”. En otras palabras: se habían consolidado ganancias de poder adquisitivo que habían comprometido la sostenibilidad del Sistema.

Para evitar repetir estas decisiones, el Pacto de Toledo pidió que los gobiernos justificaran cualquier ganancia del poder adquisitivo para “asegurar su adecuación al requisito de sostenibilidad del Sistema”. En los dos últimos años se ha ignorado esta recomendación y no se ha producido ningún avance para garantizar la sostenibilidad del sistema.

El Pacto de Toledo está cerca de renovar sus recomendaciones en las próximas semanas y será el momento de actuar finalmente sobre la sostenibilidad del sistema. El problema para la Seguridad Social es que la crisis del coronavirus ha deteriorado su situación actual y también las perspectivas a futuro, lo que hace que la solución a la incertidumbre actual sea más complicada. Y, a la vez, más urgente.