El Gobierno omite la subida de las pensiones y la reforma laboral en su plan económico

El Gobierno ha presentado este martes su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el que figuran sus líneas maestras para canalizar los 72.000 millones de la ayuda europea. El extenso documento, de más de 58 páginas, recoge los compromisos que el país adquiere con la Comisión Europea para el buen uso de los fondos comunitarios, para que sean eficientes y se ajusten a los criterios fijados por Bruselas. Pero también recoge toda una batería de reformas encaminadas a mejorar el PIB potencial del país, como la mejora de las políticas activas de empleo, la integración de los nuevos ERTE en el ordenamiento legal, el impulso de la FP dual o la lucha contra la desigualdad desarrollando el ingreso mínimo vital. Todas estas medidas han sido aplaudidas en el pasado por la Comisión y contribuyen a que el Plan sea más atractivo para los socios europeos.

Sin embargo, hay dos grandes ausencias que son, además, dos de las banderas de la política económica del Gobierno y queque no figuran en todo el documento: la reforma laboral y la vinculación de las pensiones al IPC. Se trata de dos medidas delicadas, ya que supone derogar reformas aprobadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy que han sido muy aplaudidas desde las instituciones europeas. De hecho, ambas han aparecido como recomendaciones de la Comisión Europea en el pasado. Y el cumplimiento de las recomendaciones de la es uno de los requisitos para desbloquear las ayudas.

Opinión

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El Gobierno ha optado por omitir estas dos políticas en su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De esta forma, desaparecen las dos políticas que podrían generar tensiones con los socios europeos, en especial con los países del norte. Eso no significa que el Gobierno haya renunciado a estas dos banderas de su política económica. De hecho, el propio ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha repetido en los últimos días que no habrá congelación de las pensiones en 2021 y que mantiene su compromiso de vincular la revalorización al IPC.

El plan presentado por el Ejecutivo sí contempla otras importantes medidas en materia laboral y de pensiones. En el ámbito de la Seguridad Social, aunque no se pronuncia sobre los incrementos del gasto, sí asume la "necesidad de abordar el persistente déficit del sistema de pensiones" que tanto ha recordado Bruselas. Para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, el Ejecutivo traza tres líneas de acción: el aumento de la edad efectiva de jubilación, la mejora de los sistemas complementarios de ahorro y la "integración y convergencia de los distintos regímenes de pensiones, como los de los autónomos". Este último punto significa la reforma del RETA que quiere impulsar Escrivá la próxima semana para que los autónomos coticen por ingresos reales. También se puede incluir aquí la desaparición del régimen de clases pasivas.

[El Gobierno eleva el techo de gasto un 54%]

En materia laboral, el Gobierno plantea la flexibilización del mercado laboral mejorando la figura de los ERTE atendiendo a los resultados positivos de los expedientes excepcionales utilizados en los últimos meses. La Comisión Europea aplaude cualquier reforma que vaya encaminada a mejorar la flexibilidad en materia laboral, por lo que aplaudirá la de los ERTE, aunque se opondrá a derogar todos los cambios introducidos en el año 2012 por el Gobierno de Rajoy.

El plan también promete una revisión completa de las políticas activas de empleo que en España llevan años fracasando y son una de las causas que explican la elevada tasa de paro estructural. El Gobierno pretende mejorar la conexión entre empresas y trabajadores a través del SEPE. Para lograrlo, se pretende realizar un seguimiento individualizado de cada desempleado para mejorar el diseño de las estrategias de reactivación. Esta reforma incluye el impulso de los "itinerarios de incorporación" desarrollados en la normativa del ingreso mínimo vital y que beneficiarán a las rentas más bajas.

La reforma fiscal

Otro de los puntos más importantes del plan es la palanca fiscal que pretende activar el Gobierno. Se trata de subidas de impuestos focalizadas en empresas y rentas altas para reducir la brecha de recaudación de España con la Unión Europea y aumentar la progresividad del sistema. Entre las medidas concretas incorporadas al texto está la creación de las dos nuevas figuras tributarias recién aprobadas: el impuesto sobre determinados servicios digitales ('tasa Google') y el impuesto sobre transacciones financieras. También recoge la ley de lucha contra el fraude fiscal que está ultimando el Ministerio de Hacienda para combatir la economía sumergida.

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El Gobierno también recoge su compromiso con la mejora de la eficiencia del gasto público. Lo hará incorporando recomendaciones elaboradas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en sus evaluaciones del gasto.

Pero esto son pequeñas modificaciones que no constituyen una gran reforma fiscal como la que lleva meses prometiendo el Ejecutivo. Ahora sorprende con la creación de un "grupo de expertos para la reforma fiscal" que analizarán el sistema tributario español con el objetivo de explorar todos los caminos posibles. El objetivo último del Gobierno es elevar la recaudación y hacer que el sistema sea más progresivo. En las próximas semanas se creará este grupo de expertos que tendrá que empezar a trabajar sobre las propuestas de reforma. El mejor camino para mete 'en el congelador' esta reforma.