La crisis provoca el cierre de 133.000 empresas y el registro cae a niveles de 2001

La crisis del coronavirus está arrasando el tejido productivo. El cierre de la oferta y el hundimiento de la demanda están provocando la asfixia de muchas empresas, que se han visto obligadas a despedir a todos sus trabajadores y echar el cierre. En concreto, en los dos últimos meses, se han dado de baja 133.757 empresas del registro de códigos de cuenta de cotización de la Seguridad Social.

Nunca antes se había producido tal magnitud de bajas en tan poco tiempo. En solo dos meses, España ha pasado de tener casi un millón y medio de empleadores a tener 1,36 millones. El grueso de los cierres de empresas se produjo en marzo, con 121.827 bajas, pero la caída continuó en abril, aunque con una intensidad menor: se perdieron 11.930 empresas.

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Con este descenso de abril, el número total de empresas y autónomos empleadores cayó por debajo de los mínimos marcados durante la crisis del euro, en el año 2012, y se situó en el dato más bajo desde el año 2001. En apenas dos meses, se ha retrocedido casi dos décadas en esta estadística. Un hundimiento sin parangón que evidencia la afectación de la crisis sobre el tejido productivo.

Esta estadística de la Seguridad Social es un registro de todos los empleadores de España, de modo que se incluye también a los autónomos con trabajadores a su cargo. Cuando se dan de baja es porque han despedido a todos sus trabajadores. Esto excluye las empresas que han mandado a toda su plantilla a un expediente de regulación temporal de empleo, ya que, en estos casos, las empresas permanecen como empleadoras y sus trabajadores siguen de alta en la Seguridad Social. Esto es, la caída de 133.000 empresas supone realmente empleadores que han cerrado su actividad.

Las estadísticas de abril todavía no desagregan la información por sectores y territorios, pero si se atiende a las cifras de marzo, cuando se produjo la mayor destrucción de empleo, la conclusión es clara: el sureste y los archipiélagos se llevaron la peor parte. Es la consecuencia de la elevada dependencia de los servicios de bajo valor añadido, en especial del turismo. Si estas actividades sufren habitualmente con mayor dureza las crisis de demanda, en esta ocasión se multiplican los efectos por estar obligadas a cerrar como consecuencia del estado de alarma.

En el norte de España y las regiones industriales, la mayor parte del ajuste del empleo se ha llevado a cabo a través de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). En las empresas industriales medianas y grandes, la opción elegida para recortar los costes salariales han sido los expedientes temporales que, aunque tienen un pequeño coste en términos de cotizaciones a la Seguridad Social, permiten recuperar a sus trabajadores si se recupera la actividad.

El gran riesgo para la economía es que estas empresas que han prescindido de todos sus trabajadores no recuperen la actividad una vez se supere la crisis sanitaria. Esto supondría una destrucción permanente del empleo y tardaría más tiempo en reabsorberse. Eso sí, también daría un potencial de crecimiento a las empresas que hayan sobrevivido, lo que podría ayudar a que el tejido productivo ganara tamaño. Aunque con un coste elevado, tanto en términos de empleo como personales, por las personas afectadas.