Lo que no dicen los datos del paro: hay provincias que han perdido el 25% del empleo

Por primera vez en la historia de España, el parón de la actividad productiva se está trasladando con menor intensidad al empleo. Los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social de marzo y abril muestran un deterioro del mercado laboral inferior al que se correspondería teniendo en cuenta el nivel de destrucción de PIB que está sufriendo el país. La clave de esta diferencia son los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que permiten a las empresas reducir la masa salarial de su plantilla sin necesidad de realizar despidos y es el Estado quien pasa a asumir buena parte de esos costes.

Estas personas en situación de ERTE no figuran en las estadísticas de destrucción de empleo de la Seguridad Social y tampoco en las de parados, ya que siguen en alta y mantienen su empleo, aunque no estén realizando horas de trabajo. De ahí que las cifras del desempleo no estén recogiendo la magnitud de la caída de la actividad. Y la diferencia no es pequeña: el número de afectados por ERTE en abril se situó a las puertas de los 3,4 millones de personas, esto es, casi el doble que el número de parados (3,9 millones).

Esto significa que realmente la incidencia de la crisis sobre el empleo está siendo muy superior a lo que reflejan los datos del paro. Nada menos que el 18,4% de los afiliados que figuran en las estadísticas de la Seguridad Social tienen el contrato suspendido o reducido. La figura de los ERTE ha logrado frenar los despidos a cambio de ser el Estado quien asuma los costes laborales, sin embargo, la duda está en si todos esos trabajadores podrán recuperar su empleo cuando se supere la pandemia. Si lo hacen, la medida de los expedientes temporales habrá servido para destruir cientos de miles de empleos.

La incidencia de los ERTE está siendo muy desigual por provincias, reflejando la realidad del tejido productivo de cada región. Las zonas con alta dependencia de los servicios de bajo valor añadido, en especial el turismo, son las que más están sufriendo. En Las Palmas y Baleares ya hay más de un 30% de los afiliados con el contrato suspendido o reducido, y en Santa Cruz de Tenerife supera el 29%. Esto es, los ERTE afectan ya a uno de cada cinco trabajadores. Realmente una incidencia mayúscula.

Los expedientes temporales también están teniendo una gran incidencia en la costa del Mediterráneo, desde Girona hasta Cádiz, superando ampliamente el 15% del empleo afectado. Los ERTE también se han multiplicado en las provincias del interior en las que tiene un peso elevado la industria del automóvil, acogida en su gran mayoría a estos expedientes. Son los casos, por ejemplo, de Valladolid, Palencia, Navarra o Burgos, que tienen más del 17% de sus trabajadores afectados por ERTE.

En el extremo opuesto se sitúan algunas provincias del interior en las que el turismo tiene escasa relevancia y en las que hay una elevada dependencia de la agricultura. Son los casos de Zamora, Teruel, Extremadura o Huelva, donde la incidencia de los ERTE es inferior al 12% de los afiliados.

Si se suman las personas afectadas por ERTE y los empleos destruidos, se observa la situación dramática que viven algunos territorios. En muchas provincias la crisis del coronavirus ha afectado ya a más de una quinta parte de los afiliados que había antes de la pandemia, y en algunos territorios se acerca al 40%. Las Palmas registra el dato más dramático, donde la suma de despidos y ERTE supera el 37% del empleo previo a la crisis.

En Santa Cruz de Tenerife esta cifra alcanza el 34%, esto es, a uno de cada tres empleos y en Baleares alcanza el 28%. En el territorio peninsular también hay provincias muy golpeadas, como son Málaga, Alicante y Cádiz, con uno de cada cuatro empleos afectados por despidos o ERTE. Estos datos sí muestran la magnitud de la crisis económica que está atravesando España. Y es importante comprenderlo, ya que la destrucción de rentas y de tejido productivo es precisamente el mayor riesgo para la recuperación futura.