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El Covid-19 desmonta el plan fiscal de Sánchez: frena la recaudación y eleva el gasto
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Recorta las previsiones de crecimiento

El Covid-19 desmonta el plan fiscal de Sánchez: frena la recaudación y eleva el gasto

Los organismos internacionales se preparan para un escenario de crisis por el coronavirus y piden a los gobiernos estímulos fiscales, justo lo contrario de lo que ha prometido el Gobierno a Bruselas

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. (EFE)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. (EFE)

Se cumplen siete años de crecimiento económico con continuas alertas de los organismos nacionales e internacionales sobre la vulnerabilidad de España por su abultado déficit y deuda públicos. Sin embargo, los diferentes gobiernos han hecho caso omiso desaprovechando la fase de bonanza económica para equilibrar las cuentas públicas. Según las previsiones de la Comisión Europea, España elevó el déficit estructural por encima del 3% del PIB en 2019 y la deuda pública sigue por encima del 95%.

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Los gobiernos alegaban que tendrían tiempo para hacer planes de ajuste porque el ciclo expansivo duraría varios años más (el Ministerio de Economía espera que se prolongue más allá de 2023). Sin embargo, el brote del coronavirus amenaza con acabar el ciclo de crecimiento de forma brusca mucho antes de lo esperado. La OCDE revisó a la baja sus previsiones de crecimiento el lunes, y desde ese momento se han sucedido las revisiones pesimistas. Bank of America, Citigroup y UniCredit han rebajado su estimación de crecimiento hasta el 1,4%; S&P la sitúa en el 1,3% para España este año, y AXA IM, la casa de análisis más pesimista, la ha rebajado hasta el 0,9%.

Foto: Una trabajadora de una fábrica de mascarillas en Sao Paulo. (Reuters)

Lo que está claro es que el coronavirus ha desbaratado ya el cuadro macroeconómico que actualizó el Gobierno hace menos de un mes. La previsión del 1,6% se complica a medida que el virus se extiende. Si su impacto se limita al primer trimestre del año, todavía es posible reconducir las previsiones, pero para ello sería necesario frenar los contagios, algo que a día de hoy no parece posible. Si el impacto se extiende hasta el verano, el golpe económico será inevitable.

S&P estima que el coronavirus tendrá un coste de cuatro décimas del PIB para la economía española en el primer trimestre del año y otra décima más en el segundo. Esto es, en suma, más de 6.000 millones de euros. Sin embargo, una parte del crecimiento se pasará a la segunda mitad del año como consecuencia de la demanda embalsada durante estos meses, hasta el punto de acelerar el crecimiento en una décima en el tercer trimestre y otra décima más en el segundo. El efecto total serán cuatro décimas menos de crecimiento en el conjunto del año, esto es, un coste de unos 5.000 millones de euros.

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A esto hay que añadir el posible impacto del coronavirus sobre el IPC, que es la otra cara del PIB. La OCDE alertaba el lunes de riesgos deflacionistas como consecuencia de la caída de la demanda. Además, la caída del dólar en EEUU como consecuencia de la política expansiva de la Reserva Federal importará deflación a Europa. Este escenario complica doblemente el cuadro macro del Gobierno, que contempla un deflactor del PIB del 1,8% para este ejercicio.

Este nuevo escenario económico cambia por completo los planes del Gobierno en materia presupuestaria. En primer lugar, porque el crecimiento de los ingresos se ralentizará a lo largo del año a medida que el coronavirus lastre la oferta y la demanda. Los principales canales de transmisión serán el IVA, el IRPF y las cotizaciones sociales, que son muy sensibles al consumo y la creación de empleo. Y en segundo lugar, porque los problemas de salud y de producción supongan un aumento del gasto.

Y en medio de este panorama delicado, España todavía tiene pendientes las promesas de ajuste estructural que lleva años posponiendo

Y en medio de este panorama delicado, España todavía tiene pendientes las promesas de ajuste estructural que lleva años posponiendo y a las que ahora está obligada por la Constitución. El país apenas tiene margen fiscal para realizar políticas expansivas, como están pidiendo actualmente los grandes organismos mundiales, desde el FMI hasta la OCDE o el G-7. Ha llegado el examen sorpresa y España tiene todos los deberes sin hacer.

Cambio de planes

En el plan presupuestario para 2020 que presentó el Gobierno hace seis meses, estimaba que con un crecimiento del 1,8% (3,6% nominal) podría elevar los ingresos públicos en casi 21.500 millones de euros. Cuantía que sería suficiente para subir las pensiones, el salario de los funcionarios y, además, rebajar el déficit público en tres décimas del PIB.

Foto: Imagen de un billete de 20 euros. (iStock)
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Si el punto de partida del déficit es el 2,3% (última previsión de la Comisión Europea para 2019), significaría que España podría acercar el déficit al 2% del PIB si se congela el resto del gasto público (un cálculo elaborado sobre unas previsiones que ya eran optimistas entonces). Y aún sería necesario un ajuste del déficit de 0,2 puntos del PIB, esto es, de más de 2.500 millones de euros, para cumplir con la nueva senda de estabilidad recién aprobada por el Gobierno. Sin embargo, el escenario hoy es muy diferente, los analistas prevén un crecimiento del PIB nominal más cercano al 3%, lo que ampliará en dos o tres décimas la necesidad de ajustes para cumplir con la senda de estabilidad.

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Décima arriba o abajo, lo que muestran los datos es que España todavía necesita un importante ajuste fiscal este año, superior al que contemplaba el Gobierno. Pero es que en este contexto tendrá muchas presiones para que el Presupuesto termine siendo expansivo, ya sea por una menor subida de impuestos a las empresas por el impacto que pueda generar sobre el empleo o con un incremento del gasto social y sanitario.

Para empezar, el Ministerio de Trabajo está estudiando conceder bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social para las empresas que tengan problemas para mantener la producción. Por su parte, Economía está analizando medidas para garantizar la liquidez de las pymes, para evitar cualquier riesgo de crédito. Todas estas medidas requieren un esfuerzo presupuestario. Si los ingresos se frenan y los gastos aceleran, la senda de estabilidad recién aprobada por el Gobierno en el Senado corre serio peligro.

Se cumplen siete años de crecimiento económico con continuas alertas de los organismos nacionales e internacionales sobre la vulnerabilidad de España por su abultado déficit y deuda públicos. Sin embargo, los diferentes gobiernos han hecho caso omiso desaprovechando la fase de bonanza económica para equilibrar las cuentas públicas. Según las previsiones de la Comisión Europea, España elevó el déficit estructural por encima del 3% del PIB en 2019 y la deuda pública sigue por encima del 95%.

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