El FMI quiere ser el 'Robin Hood climático': cobrar al contaminador y darlo a la sociedad

A la hora de diseñar políticas económicas, hay una cuestión clave: los incentivos. En muchas ocasiones, es la más importante. Para combatir el cambio climático, se pueden prohibir las emisiones y después luchar contra el fraude, o bien se pueden diseñar incentivos contra la contaminación y a favor de las energías limpias. El Fondo Monetario Internacional ha dedicado su último ‘Monitor Fiscal’ a elaborar una batería de medidas para ayudar a los gobiernos a trazar su estrategia contra las emisiones de CO2.

El FMI es consciente de que el mercado no se autorregulará (como habitualmente hace con las externalidades negativas), por lo que es necesario que los Estados intervengan. Para ello, quiere que adopten el papel de un ‘Robin Hood climático’ que penalice a los contaminadores y distribuya los ingresos al resto de la ciudadanía. O dicho de forma técnica: establecer las vías para internalizar los costes de la contaminación y así desincentivarla.

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La idea básica del Fondo es que hay que encarecer las emisiones de CO2: “Los gobiernos necesitarán elevar el precio de las emisiones de carbono para dar a la población y las empresas incentivos para reducir el uso de energía y hacer la transición hacia fuentes limpias”, señala el organismo, de ahí que hayan dedicado su ‘Monitor Fiscal’ a recopilar las recetas más efectivas para luchar contra el cambio climático.

La prioridad para los gobiernos debe ser elevar rápidamente el coste de las emisiones: “Es la política más efectiva y eficiente”

La prioridad para los gobiernos debe ser elevar rápidamente el coste de las emisiones. “Es la política más efectiva y eficiente”, señala el FMI, ya que genera los incentivos para que el sector privado (empresas y hogares) inviertan en producción de energía limpia y en ahorro de energía. Su principal receta es establecer un impuesto a las emisiones de carbono, de modo que suban hasta 75 dólares por tonelada en 2030 (actualmente, está en el entorno de los dos dólares).

Este movimiento supondrá un gran esfuerzo para el sector privado en el corto plazo, porque elevaría significativamente el precio de la energía, pero introducirá un gran incentivo para realizar más rápido la transición energética. Este impuesto a las emisiones dispararía inmediatamente el precio de las materias primas energéticas, según las estimaciones del FMI: el carbón subiría algo más de un 200%; el gas natural, un 70%; la energía eléctrica, un 30%, y las gasolinas, en torno a un 14%. Esta estimación varía significativamente en función de los países, ya que depende de la dependencia del carbono que tengan.

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El FMI argumenta que establecer un precio para las emisiones de carbono es más eficiente que todas las medidas alcanzadas en las cumbres del clima. Por ejemplo, un impuesto que eleve el precio de la tonelada de emisiones hasta 50 dólares en los países desarrollados y hasta 25 dólares en los países en desarrollo reduciría las emisiones un 100% más que las medidas de los Acuerdos de París, estima el Fondo.

Repartir los recursos

Esta subida de impuestos afectaría a todo el sector privado, tanto empresas como particulares, lo que podría generar un rechazo social. Sin embargo, también supondría la generación de importantes recursos públicos que los estados deberían revertir a la sociedad. Así, quien más contamina, más paga, y genera recursos para el resto. Según las estimaciones del Fondo, estos ingresos se situarían entre el 0,5% y el 0,25% del PIB en función de los países.

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Al igual que Robin Hood, los Estados podrían repartir estos ingresos entre los hogares (como si fuese un dividendo), ya fuese de forma homogénea o en función de los ingresos. Sin embargo, el FMI no aconseja esta vía porque ese gasto público no generaría ningún tipo de eficiencia e incluso podría desincentivar el trabajo. En su lugar, se pueden buscar alternativas que mejoren la asignación de recursos o introduzcan incentivos positivos.

El FMI recomienda emplear esos recursos para bajar el IRPF, ya que así se introduciría un estímulo al empleo de las personas inactivas y paradas

Una de las fórmulas sería aprovechar este margen fiscal para reducir el impuesto a la renta (IRPF), ya que no solo repartiría los beneficios entre la sociedad, sino que también crearía un incentivo al empleo, porque solo lo percibirían los trabajadores.

Otra opción es bajar los impuestos a las empresas para elevar sus recursos y así fomentar la inversión. Sin embargo, los inversores podrían aprovechar esta reducción de los costes para mejorar los dividendos, de modo que la medida provocaría un reparto regresivo de la renta.

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En términos de crecimiento económico, la mejor solución sería que los estados realizasen inversiones productivas, ya sea de forma directa o subvencionando la iniciativa privada. Por ejemplo: ayudas a la instalación de paneles solares en los hogares. Esta medida generaría un impacto positivo sobre la inversión y la demanda interna, esto es, sobre el crecimiento. Pero, por otra parte, el reparto de los recursos podría ser regresivo.

“El mundo está buscando alternativas para elevar la inversión y el crecimiento que cree empleos”, sentencia el FMI, “qué fórmula mejor de hacerlo que invertir en energía limpia (...) siempre parece imposible hasta que se hace”.