España se prepara para salir de la UCI fiscal, pero sigue en planta

Ha sido un camino largo, pero España ya ve la luz al final del túnel: dentro de poco abandonará el brazo corrector del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Es una noticia esperada después de que el pasado 23 de abril la Comisión Europea anunciara que el déficit español en 2018 se quedaría en el 2,48%, según la oficina europea de estadística (Eurostat).

Después de que hace un año Francia abandonara la lista de malos alumnos respecto al cumplimiento del déficit, España se había quedado sola al final del aula. Ahora, confirmándose los datos de la bajada más allá del umbral del 3%, la Comisión Europea recomendará este miércoles formalmente el cierre del procedimiento de déficit excesivo, una decisión que, en última instancia, está en manos de los ministros de Economía y Finanzas. Sin embargo, esto no quiere decir que todos los problemas estén resueltos: una vez corregido el déficit nominal —que puede corregirse por inercia, encomendándose los mayores ingresos y menores gastos que trae la recuperación económica—, a España le queda la parte más dura: embridar el déficit estructural —que exige reformas de aumento de ingresos o de recorte de gastos permanentes e independientes del ciclo económico—. En otras palabras, la economía española sale de la UCI fiscal, pero sigue en planta.

La decisión de Bruselas no es ninguna sorpresa y Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos y Financieros, ya ha explicado en varias ocasiones que pedirá la salida de España. Los ministros del ramo se reúnen la próxima semana en Luxemburgo, donde no solo tendrán el expediente español sobre la mesa: discutirán sobre la patata caliente italiana a raíz de la respuesta que la Comisión Europea ofrezca a la carta enviada por Roma.

Objetivos cumplidos

Las perspectivas de la Comisión son algo más optimistas que las del Gobierno, que cree que el desajuste de las cuentas públicas será algo mayor, del 2,6%, pero en cualquier caso ambas estimaciones son suficientes para abandonar el procedimiento de infracción.

El 18 de febrero de 2009, cuando España entró en él, el déficit del país se situaba en el 4,4%. Ese ejercicio, el descuadre de las cuentas se disparó hasta el 11%, el máximo alcanzado durante este procedimiento. La reducción fue mínima desde entonces hasta 2012, oscilando siempre entre el 9,4% y el 10,5%. En 2013, el recorte ya fue hasta el 7%, reduciéndose en un punto más en 2014, y hasta el 4,5% en 2016. En 2017 se quedó en el 3,1%, retrasando un año más la salida del brazo correctivo.

Una década ha tardado España en salir del procedimiento. No solo porque hubiera un gran desfase, que efectivamente existía, sino también porque primero el Gobierno de Rajoy y este último año el de Sánchez no aprovecharon los buenos momentos coyunturales de la economía española para acelerar el proceso para cuadrar las cuentas.

El camino no ha sido fácil, y aunque ahora es Italia la que está en el foco de atención, en 2016 España estuvo contra las cuerdas. La Comisión Europea estuvo a punto de multar al Gobierno por incumplir los compromisos adquiridos de cara a ese año, y Bruselas recibió numerosas críticas por parte de los más ortodoxos por ser demasiado laxa con Madrid.

Porque el camino del país por el procedimiento de infracción ha sido largo y serpenteante. En febrero de 2009, el objetivo en el horizonte era claro: reducir el déficit más allá del 3% en 2012 a más tardar. El Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero pidió entonces retrasarlo hasta 2013, y poco después, durante el Ejecutivo popular de Mariano Rajoy, Moncloa pidió una nueva extensión hasta 2014. Quedaban todavía dos más por delante: una para retrasar el 3% hasta 2016, y, durante aquel tenso verano, para 2018. Por fin, cuatro prórrogas después y siete años tarde, España cumple.

Riesgos en el horizonte

Sin embargo, no todo son buenas noticias para España. Ya en abril, la Comisión Europea alertó de un riesgo importante y que se esconde bajo el déficit nominal: el desajuste estructural podría crecer del 2,7% en 2018 al 2,9% en 2019, inaugurando una dinámica de crecimiento y colocándose dos décimas por encima de las estimaciones del Gobierno.

Aunque las proyecciones hechas públicas por Bruselas en abril son más positivas que las de febrero, cuando situaba el déficit estructural en el 3,2%, lo cierto es que es una macha que haría que aunque España haya abandonado la UCI tenga que seguir en planta. El fuerte crecimiento de la economía, que ha ido mejor de lo esperado, ha hecho que Bruselas sea más optimista respecto a las perspectivas para el actual curso.

El problema está precisamente en que Madrid debería estar aprovechando ese fuerte crecimiento, por encima de la media de la eurozona, para realizar reformas en profundidad y atajar el crecimiento del déficit estructural. La incapacidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez de aprobar unos Presupuestos para el actual curso significó no poder realizar ajustes y, con ello, desperdiciar otro año de fuerte crecimiento.

Por lo pronto, el Gobierno español ha hecho llegar a la capital comunitaria un Plan de Estabilidad con el que pretende lograr un incremento de la recaudación fiscal de 20.000 millones de euros, unas cifras que no se tuvieron en cuenta para calcular las estimaciones de Bruselas en abril. Con dicho plan, el Gobierno espera que el déficit se reduzca hasta el 1,1% en 2020 y hasta el 0,4% en 2021, logrando la estabilidad fiscal al año siguiente.

El problema es que el plan es solo eso: un plan. Sin un Gobierno estable en España, en Bruselas saben que un acuerdo con Podemos puede hacer que salte por los aires, y, además, en la Comisión Europea tienen experiencia con Madrid: saben que son demasiado optimistas con las estimaciones de ingresos, por lo que esos 20.000 millones pueden quedarse lejos de la realidad. Y con él, Sánchez trata de regatear lo inevitable: necesitarán hacerse ajustes estructurales, y por mucho que el Gobierno trate de hacerlo por la vía de los ingresos, es muy probable que no sea suficiente.

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Sin medidas como las recogidas en el Plan de Estabilidad, el déficit estructural podría superar la barrera del 3% en 2020, según las estimaciones que hace un mes realizaba el Ejecutivo comunitario. Según la Comisión Europea, España, Italia, Francia y Bélgica "necesitan todavía un ajuste significativo", porque no solo tienen desequilibrios estructurales sino altos niveles de endeudamiento: en el caso español, se sitúa por encima del 97% del PIB.

España ha salido de la crisis total, de la UCI, pero eso no significa que el riesgo haya pasado: todavía sigue en planta, con un pronóstico incierto. El déficit baja a un buen ritmo gracias a que el viento sopla tras las velas de la economía española, pero ante un escenario de incertidumbre global como el que se vive, con China y Estados Unidos en pleno pulso, el Brexit todavía por decidir y Washington amenazando a la UE, Bruselas prefiere que las capitales se ciñan lo más posible a la política de la realidad antes que a la narrativa de la esperanza.