Déficit público: España gastó 31.800 millones más de lo recaudado en 2018, un 2,6% del PIB

España cerró el año 2018 con un déficit público de 31.805 millones de euros, incluyendo también las ayudas a la banca. Esto significa que a lo largo del año se redujo el saldo negativo de las Administraciones Públicas en un 11,4% y se alcanzó el menor dato de déficit desde 2007, cuando el país todavía tenía superávit. Según el dato publicado esta mañana por el INE y confirmado por la Intervención General del Estado (IGAE), el déficit público cerró en el 2,63% del PIB, esto es, una décima por debajo del objetivo que se fijó el Gobierno de Pedro Sánchez cuando accedió a La Moncloa.

Eso sí, este dato no es ninguna noticia positiva. En primer lugar, porque no se ha cumplido, de ninguna forma, fue el objetivo de déficit que aprobaron las Cortes durante el Gobierno de Mariano Rajoy. España se comprometió a cerrar el año con un desfase presupuestario del 2,2% del PIB, pero finalmente ha sido del 2,6%. En segundo lugar, porque el ajuste del déficit ha sido meramente cíclico, esto es, se debe únicamente gracias a los ingresos generados gracias al crecimiento y la inflación. En concreto, la recaudación tributaria aumentó un 6,2%, y elevó los recursos del conjunto de administraciones en 26.613 millones de euros. El problema de que el ajuste haya sido meramente cíclico es que el saldo estructural sigue empeorando.

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Y, en tercer lugar, porque se trata del ritmo de ajuste más lento desde el año 2012, cuando España tuvo que sufragar el rescate a la banca. En concreto, el déficit público apenas se ha reducido en 4.100 millones de euros, equivalente a 0,4 puntos del PIB. Este dato contrasta con el ajuste de 2017 cuando se redujo el déficit público en 1,4 puntos del PIB. Además, el crecimiento del PIB hace que la ratio déficit/PIB sea menor por el simple crecimiento del denominador. El INE ha revisado esta mañana al alza el dato del PIB al cierre del año, hasta el 2,6%, pero ni con esas se reduce más rápido el déficit.

España sigue desaprovechando estos años de fuerte crecimiento, que serían óptimos para reducir el déficit estructural de las Administraciones Públicas. Al contrario, este 'chute' cíclico de ingresos se ha utilizado para realizar una política fiscal expansiva. El gasto público total aumentó un 4,7% en el conjunto del año, esto es, 22.515 millones de euros más.

Esta reducción del déficit por debajo del 3% permitirá a España salir del brazo correctivo de la Unión Europea en el que está por el elevado desfase presupuestario de los últimos años. España es el único país que todavía sigue en el Procedimiento de Déficit Excesivo, que es el nombre técnico, lo que evidencia hasta qué punto se ha relajado el control de las cuentas públicas.

La mayor parte del déficit le corresponde a la Administración Central y la Seguridad Social, que sumaron un desfase presupuestario de 35.000 millones de euros, y que solo se compensó gracias al superávit de 6.300 millones de los ayuntamientos y corporaciones locales. En concreto, el déficit de la Administración Central fue del 1,5% del PIB, esto es, 18.121 millones de euros, y el de los Fondos de la Seguridad Social fue de 17.088 millones, un 1,41% del PIB. Esto significa que la Seguridad Social sigue aumentando su déficit, ya que en 2017 fue casi 400 millones inferior.

Deuda pública

Más déficit significa también más deuda pública, lo que aumenta el deterioro de la posición financiera del país. La subida de las pensiones, del salario de los funcionarios o la rebaja de impuestos incorporada a los Presupuestos Generales del Estado de 2018 hicieron imposible que España cumpliese el objetivo inicial de déficit del 2,2%.

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El montante de deuda pública aumentó un 2,6% en el año, según los datos publicados por el Banco de España. Esto significa que España debe ya 1,174 billones de euros, el equivalente al 97,2% del PIB. Este dato es cuatro décimas mejor al objetivo fijado por el Congreso para el conjunto del año, que fijaba el umbral en el 97,6%, pero peor que el 96,9% que se marcó el Gobierno. Esta mejoría en el endeudamiento se debe a que el PIB evolucionó mejor de lo esperado en 2018 y permitó un ajuste más rápido de la ratio deuda/PIB.

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La deuda que más creció fue la de la Administración Central, que aumentó un 3,7%, como consecuencia de los presupuestos expansivos que elevaban las pensiones, el salario de los funcionarios y rebajaban los impuestos. Las comunidades elevaron su pasivo un 1,7%, mientras que las corporaciones locales redujeron su deuda en nada menos que un 11,3%.