Los litigios judiciales y los impagos abren un boquete al Estado de miles de millones

La anulación, por parte del Tribunal Supremo, del artículo 68, párrafo segundo, del reglamento de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (que obliga a pagar a los bancos el impuesto) amenaza con ampliar el boquete presupuestario que tienen hoy las distintas administraciones públicas. Ya sea por litigios judiciales abiertos, importes de dudoso cobro o por cantidades no reconocidas incluidas en la llamada cuenta 413, donde se incorporan aquellos gastos ya comprometidos, pero que aún están pendientes de imputación presupuestaria.

Es decir, no solo la banca se juega mucho dinero en la decisión que adopte el Supremo sobre las hipotecas, sino también el Estado si se activa la responsabilidad patrimonial de la Administración.

La cantidad global asciende a más de 6.600 millones de euros, pero la cifra se dispararía si, finalmente, la banca lleva a la Administración a los tribunales en su calidad de Estado legislador, como lo denomina la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que es lo que han sugerido que harán las patronales bancarias, la AEB y la CECA. Es decir, se demanda al Estado como responsable de haber aprobado una ley que ha provocado un perjuicio económico a los afectados, en este caso el sistema financiero, por una norma que han tumbado los tribunales y que ellos han cumplido.

Según la estimación que hizo en su día Moody's, la agencia de calificación de riesgos, si finalmente los tribunales dieran la razón a la banca, es decir, que el sector público es responsable patrimonial del desaguisado jurídico con carácter retroactivo en los últimos cuatro años, el coste para el Estado (en este caso, las CCAA) sería equivalente a unos 2.300 millones. Lo tendrían que pagar las CCAA, ya que se trata de un impuesto transferido. Otra cosa es que la Administración central (al tratarse de una norma estatal) buscara alguna compensación, como ha sugerido el ministro Ábalos.

Esa cifra, sin embargo, se queda pequeña con lo que calculan las regiones. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este martes que las comunidades autónomas estiman en 5.000 millones de euros el potencial impacto de la devolución del impuesto asociado a las hipotecas en caso de que el Tribunal Supremo decida que debe pagarlo el banco con una retroactividad de cuatro años.

No sería la única sentencia con un elevado coste para Hacienda si se observa su responsabilidad patrimonial. La ministra Montero ha cifrado entre 1.100 y 1.200 millones de euros el impacto de las devoluciones derivadas de la decisión del Tribunal Supremo de dictaminar que las prestaciones de maternidad están exentas del pago del IRPF

Otra partida relevante es la que corresponde a la ejecución de los llamados esquemas de protección de activos (EPA), un instrumento creado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en los momentos más duros de la crisis destinado a garantizar a la banca saneada que no perdería dinero si se quedaba con cajas de ahorros en situación de insolvencia. Y como ha recordado la AIReF, la materialización de los pagos de los EPA asumidos por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) ha supuesto un fuerte incremento del gasto para el Estado en 2018.

En concreto, el febrero de este año se produjo un pago por la EPA de la CAM (adjudicada a Banco Sabadell) de 1.429 millones de euros, lo que supone duplicar la cifra del año anterior. Mientras que, al mismo tiempo, se espera un pago por la EPA de Unnim (entidad absorbida por el BBVA) de 320 millones, también claramente por encima de 2017.

Relicitación pública

El agujero más importante que tiene hoy el Estado es el que corresponde a las autopistas de peaje que se encuentran en concurso de acreedores, y que la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF) ha situado en 1.800 millones de euros, una cantidad que, con el paso del tiempo, ha ido menguando, pero que solo se podrá recuperar cuando culmine el proceso de relicitación pública. Según la última actualización del programa de estabilidad enviado a Bruselas, el Gobierno espera recaudar (cuando salgan a concurso) unos 1.000 millones de euros, lo que significa una merma de recursos públicos de unos 800 millones.

Más importante es la cuantía de lo que en la jerga de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) se denominan préstamos de dudoso cobro concedidos por el sector administraciones públicas, y que el pasado mes de octubre ascendían a 2.036 millones de euros.

Es decir, se trata de dinero que adeudan los agentes económicos privados que el sector público considera prácticamente incobrable. De esa cantidad, 1.613 millones corresponden a la Administración central y el resto a las comunidades autónomas, ya que las entidades locales no están afectadas por estos fallidos en los reembolsos, según la información de la IGAE.

Las distintas administraciones públicas tienen pendiente de pago (no de cobro) otros 3.826 millones de euros, pero esta es una cantidad que solo se convertiría en deuda en caso de que la Administración tuviera que asumir los activos durante la vida de un contrato firmado con un proveedor. Una cuestión que afecta, sobre todo, a las comunidades autónomas.

Muy distinto es el caso de los 2.797 millones que aparecen en la llamada cuenta 413, que integra aquellas partidas comprometidas y aún pendientes de imputación presupuestaria. Es decir, se trata de un pasivo de las administraciones públicas todavía no reconocido, pero que tarde o temprano tendrán que pagar.

La cuenta 413 llegó a sumar en 2012, en los tiempos más duros de la crisis, más de 6.000 millones de euros, pero a medida que mejoró la situación financiera del sector público la cantidad ha ido descendiendo. De ese montante, el Ministerio de Fomento es responsable de nada menos que el 41% (casi 1.200 millones de euros), mientras que el anterior Ministerio de Energía, Industria y Turismo tenía pendiente de asignar al presupuesto 460 millones.