RESCINDE SITE CONTRATOS DE CONCESIÓN

El Gobierno aprueba el 'rescate' de ocho de las autopistas de peaje en quiebra

El objetivo de Fomento con este 'rescate' es "garantizar que las autopistas sigan prestando servicio a los usuarios" tras la quiebra de sus actuales sociedades concesionales

Foto: Vista general del peaje de la R-2. (EFE)
Vista general del peaje de la R-2. (EFE)

El Consejo de Ministros aprobó este viernes el 'rescate' de ocho de las nueve autopistas de peaje que están en quiebra al "tomar razón" de la resolución de los contratos con sus actuales concesionarios. A partir de ahora, se determinarán las fechas exactas en que cada una de las vías serán asumidas por el Ministerio de Fomento, a través de su sociedad Seittsa, según indicó el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En concreto, el Gobierno autorizó la rescisión de siete contratos de concesión. Se trata del correspondiente a las autopistas radiales R-3 Madrid-Arganda y R-5 Madrid-Navalcarnero, y a los de la R-4 Madrid-Ocaña, la R-2 Madrid-Guadalajara, la M-12 Madrid-Aeropuerto de Barajas, la AP-36 Ocaña-la Roda, el tramo de la AP-7 entre Cartagena y Vera y de la Circunvalación de Alicante.

Por el momento, sólo hay fecha para el 'rescate' para tres de ellas. La R-4 será asumida por el Ministerio el próximo miércoles 21 de febrero y la Cartagena-Vera y la Circunvalación de Alicante el 1 de abril, en la fecha que el juez dictó para que pasen al Estado. En cuanto a la otra vía quebrada, la AP-41 Madrid-Toledo, el Ejecutivo aún no anuló el contrato de dado que el proceso de concurso de acreedores en el caso de esta vía acumula cierto retraso y aún no llegó a la fase de liquidación.

El objetivo de Fomento con este 'rescate' es "garantizar que las autopistas sigan prestando servicio a los usuarios" tras la quiebra de sus actuales sociedades concesionales, mientras se vuelve a ceder su explotación a empresas privadas mediante un concurso público que "lanzará en los próximos meses", según recordó Méndez de Vigo. Las sociedades concesionarias de las vías con las que el Ejecutivo rescinde el contrato están participadas por grupos concesionales como Abertis y Globalvía, grandes constructoras como ACS, Ferrovial, OHL y Sacyr, y entidades bancarias.

Una vez que estos contratos de concesión de las autopistas queden definitivamente resueltos comenzará a contar el plazo de seis meses con que cuenta Fomento para calcular y pagar la responsabilidad patrimonial de la Administración. Se trata del importe que, por contrato, tiene que pagar a sus actuales concesionarios por las inversiones que realizaron para construir las autopistas, un importe que Fomento ya ha reconocido que afectará al déficit público de este año.

El Gobierno unos 2.000 millones esta 'factura' en el plan de estabilidad remitido a Bruselas el pasado otoño, pero los fondos oportunistas que tienen la deuda de las autopistas lo estiman en unos 4.500 millones. Si bien el Ejecutivo asegura que su cálculo es "orientativo" y que además, espera cubrir parte del mismo con los hasta 1.000 millones que espera obtener con la relicitación de las vías, el impacto en las cuentas públicas podría ser finalmente de unos 1.000 millones.

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