Más de 25.000 políticos y funcionarios están controlados para prevenir el blanqueo

El exministro Eduardo Zaplana no está solo. Más de 25.000 personas con responsabilidad pública —funcionarios, políticos y sus allegados— están incluidas en la base de datos sobre blanqueo de capitales que manejan los notarios. La cifra —en concreto, 25.185 personas— no ha hecho más que crecer en los últimos años y refleja, en síntesis, el riesgo que tienen esos individuos de lavar dinero negro a través de operaciones mercantiles en función de sus cargos.

El fichero es público y puede ser consultado por las autoridades judiciales y policiales en el curso de cualquier investigación. Además de por los llamados sujetos obligados. Es decir, aquellas personas o entidades cuya actividad está directamente relacionada con el blanqueo de capitales, como son los promotores inmobiliarios, abogados, notarios, registradores o empleados de banca.

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EC

La base de datos se nutre con los cargos elegidos o designados en todas las altas instituciones del Estado, ya sea el Gobierno central, las comunidades autónomas, las corporaciones locales o las empresas públicas. Y vigila no solo a los titulares sino también a sus allegados.

Por un lado, se incluye a todos los cargos públicos elegidos mediante urnas: diputados, concejales o parlamentarios regionales. El segundo criterio de control se refiere a los funcionarios designados para un cargo público, como pueden ser secretarios de Estado, subsecretarios o directores generales de todas las administraciones. Estos dos niveles suman algo más de 14.600 personas con responsabilidad pública por elección o designación, incluidos los alcaldes y concejales de las localidades con más de 50.000 habitantes. El amparo legal está contenido en la Ley de Blanqueo de Capitales, aprobada en 2010.

El tercer control específico se refiere a los allegados. Es decir, a los familiares en primer grado: padres, hijos o hermanos. Este grupo es el más numeroso y el más difícil de controlar, como apunta Pedro Galindo, director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP), dependiente del Consejo General de Notariado. De hecho, se separa entre los allegados por motivos familiares y los que pueden tener algún vínculo mercantil, de los cuales se obtiene el nombre, apellidos y NIF a través de todo tipo de registros, en particular mediante escrituras públicas. El DNI es escaneado en las notarías y esa información permite contrastar las bases de datos en el momento en que alguien eleva a pública una escritura.

La base de datos se nutre de cargos en todas las altas instituciones, sea el Gobierno central, las CCAA, corporaciones locales o empresas públicas

Según los datos oficiales, el fichero de personas allegadas afecta a 10.544 personas cercanas a individuos con responsabilidad pública por razones familiares o de negocios. Algo más de 2.200 por ser titulares reales de una sociedad en la que también participa una persona con responsabilidad pública, y 8.319 con relaciones empresariales estrechas con una persona con responsabilidad pública.

Lo que los expertos en blanqueo de capitales denominan 'vínculo negocial' incorpora toda la información existente en materias como las donaciones o cualquier tipo de entrega, aunque lo más relevante es la investigación de todos los socios que forman parte de una sociedad mercantil.

Identificar al titular real

De lo que se trata, como sostiene Galindo, es de conocer quién está detrás de una compañía, ya que lo habitual es que quien quiere ocultar una comisión o un pago ilícito dé carta de naturaleza legal a sociedades pantalla o meramente instrumentales (normalmente en paraísos fiscales o países de baja tributación) para dificultar la investigación. De ahí que la labor de los investigadores sea, fundamentalmente, buscar a los titulares reales de las empresas con participaciones superiores al 25%, eliminando testaferros o 'mariachis' que se colocan, precisamente, para impedir que se conozca el verdadero propietario de una sociedad.

La pieza clave del proceso es, por lo tanto, la identificación del titular real de una sociedad, que ahora el Gobierno quiere entregar a los registradores mercantiles, lo cual choca con el reglamento contra el blanqueo de capitales y las propias normas del GAFI, el organismo de la OCDE encargado de luchar contra la delincuencia económica. Los registros mercantiles se actualizan una vez al año (cuando se presentan las cuentas) y, por lo tanto, no tienen una actualización permanente, como sucede con la información procedente de las escrituras.

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Beatriz Parera Agencias

El GAFI, como asegura el notario José Corral, miembro de la comisión permanente del notariado, ha señalado que si en España existe una fuente fiable y actualizada de información pública acerca de quién es titular real, es gracias a la Base de Datos de Titular Real del Notariado. El Órgano de Prevención del Blanqueo de Capitales participa, de hecho, en programas del Fondo Monetario Internacional, que ha incluido la Base de Datos de Titular Real como una “mejor práctica” recomendada.

El fichero de los notarios —el más potente de España tras el que maneja Hacienda— se alimenta del llamado Índice Único Informatizado, que cuenta con más de 115 millones de documentos notariales, principalmente escrituras.

Ese índice —que ahora el Gobierno pretende vaciar de contenido traspasando esa competencia a los registros mercantiles— identifica a los titulares reales de casi 2,4 millones de sociedades y organizaciones. Por lo tanto, se trata de un instrumento único en la lucha contra el blanqueo de capitales. De hecho, desde su creación, el OCP ha remitido al Sepblac (el órgano del Ministerio de Economía para luchar contra el blanqueo de capitales) nada menos que 5.000 operaciones en las que se ha detectado algún indicio delictivo. Muy probablemente, también la de Zaplana.