Y DOS DELITOS MÁS de FALSEDAD DOCUMENTAL Y COHECHO

El número dos de Montoro, investigado por posible prevaricación y malversación

José Enrique Fernández de Moya, secretario de Estado de Hacienda está siendo investigado por los posibles delitos de prevaricación, falsedad, malversación y cohecho

Foto:  El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya
El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya

José Enrique Fernández de Moya, secretario de Estado de Hacienda y número dos del ministro Cristobal Montoro, está siendo investigado por los posibles delitos de prevaricación administrativa continuada, falsedad de documento mercantil, malversación de caudales públicos continuados y cohecho y tráfico de influencias durante su etapa como alcalde en Jaén, según ha informado la Cadena Ser.

Así, el jienense tendrá que declarar el próximo 5 de junio en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Jaén tras una denuncia previa a la que se le ha sumado un informe de Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil que evidenciarían indicios de la comisión de diversos delitos atribuibles a varias personas, según el juez.

Según dicho informe, Fernández de Moya "ordenó personalmente en contra de los informes y reparos de ilegalidad del interventor del consistorio jienense, distintos pagos a la empresa Matinsreg, encargada del mantenimiento de las fuentes ornamentales de la capital", para lo cual "se presentaron facturas falsas, incorporando conceptos y servicios facturados no ejecutados realmente, generando un sobre coste de considerable gravedad para el ayuntamiento.

Además, se hinchaban las horas de trabajo facturadas y que con el personal de la empresa era imposible que fueran ejecutadas, lo que le supuso al Ayuntamiento de la ciudad un coste superior a los 3,6 millones de euros frente al gasto que suponía la anualidad de la anterior empresa encargada del mantenimiento, IMESAPI.

Caso ya archivado anteriormente

Por su parte, el secretario de Estado de Hacienda ha asegurado que la causa penal "fue archivada por la Fiscalía Provincial en abril de 2014" y ha defendido que ese archivo se hizo porque "consideró que este alcalde actuó en todo momento con el principio de legalidad en la mano".

"Mi patrimonio es mi honestidad, mi patrimonio es mi integridad personal y esta no la va a destruir nadie", ha trasladado en declaraciones a los periodistas en Adra (Almería) donde ha confirmado que no ha recibido "notificación oficial" de la citación por parte de la autoridad judicial, pero que "por supuesto" está a "su plena disposición en cuanto la reciba" para dar "todas las explicaciones".

Fernández de Moya ha asegurado, de acuerdo a la lectura que está "haciendo de los medios de comunicación", que el procedimiento penal parte de una querella "promovida por el PSOE" y que esta es "idéntica a la formulada en 2014 y archivada por el Ministerio Público, que consideró que este alcalde actuó en todo momento con el principio de legalidad en la mano".

"Sería bueno que se recordaran los antecedentes en esta causa y que ponían en valor un elemento extraordinariamente importante, que es que si se coge el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en su artículo 113, con un informe del secretario municipal del Ayuntamiento, establecía claramente la plena validez de la actuación de este alcalde", ha remarcado.

Al hilo de esto, se ha remitido reiteradamente a este archivo, ha confiando en que tendrá la "oportunidad" de defenderse en sede judicial y ha pedido que "no se queden solo de manera parcial con la información".

"Todavía no sé de qué se está hablando, de qué se me acusa, de qué puedo ser o no imputado presuntamente", ha dicho ante algunas peticiones de dimisión. "Lo que sí es evidente -ha añadido para conclui-- es que imagino que como cualquier ciudadano español tengo derecho a defenderme".

El Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén le ha citado a declarar como investigado el 5 de junio en la causa abierta por la querella interpuesta por el grupo municipal socialista a finales de 2017 y en la que se apuntaba a pagos "inflados" a la empresa Matisreg, a la que supuestamente se le había adjudicado a dedo el servicio de las fuentes ornamentales en la ciudad cuando era alcalde de Jaén en 2012.

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