Hacienda controlará mensualmente los gastos de la Generalitat tras el fin del 155

El previsible decaimiento de la aplicación del artículo 155 en Cataluña no significa que Hacienda se vaya a desentender de lo que suceda en esa comunidad autónoma. El Gobierno está decidido a mantener las medidas de control mensual del gasto aprobadas en noviembre de 2015. Decaerán, por el contrario, el resto de medidas de control, que finalmente fueron integradas en el acuerdo de intervención total de la Generalitat decidido en octubre de 2017 por el consejo de ministros tras ser autorizado por el Senado.

En concreto, Hacienda obligará al nuevo Govern, cuando se constituya, a que antes del día 15 de cada mes la interventora general de Cataluña, Rosa Vidal, remita al ministerio, mediante firma electrónica, un certificado relativo al importe de los créditos autorizados y comprometidos, obligaciones reconocidas en presupuesto, gastos pendientes de pago registrados en cuentas no presupuestarias, otros gastos y el total de pagos efectuados. Es decir, Hacienda contará con la información suficiente (otra cosa es que existan facturas falsas) para saber si los fondos gastados por la Generalitat —buena parte, procedente de los fondos de liquidez autonómicos— se destinan a los fines previstos y no, por lo tanto, a actuaciones ilegales.

TE PUEDE INTERESAR

Montoro extiende sus poderes sobre la Generalitat a auditores, proveedores y bancos

Marcos Lamelas. Barcelona

La información que exige Hacienda, y que se mantiene, baja al detalle del gasto y, en concreto, se refiere a todos los programas de gasto, incluyendo el nombre de la entidad afectada. Ese certificado, como expresó la orden dictada en 2015, incluirá constancia por parte de la Intervención General de que la relación de actos sobre los que ha tenido conocimiento, en su calidad de centro responsable del control interno, “no contravienen el ordenamiento jurídico vigente”.

El control no se ciñe exclusivamente al gasto sino, también, al endeudamiento. Y, en este sentido, hay que tener en cuenta que ya la orden de 2015 establecía que era el Consejo de Ministros quien debía autorizar todas las decisiones de endeudamiento “operación por operación” en el caso de las de largo plazo. Igualmente se habilitó al Gobierno —y esta medida va a continuar— a autorizar por tramos las operaciones de endeudamiento a corto plazo.

TE PUEDE INTERESAR

Hacienda abre una cuenta en el Banco de España para controlar el dinero de Cataluña

J. G. Jorrín

Es más. El desembolso de los recursos con cargo al fondo de financiación por parte de Cataluña se ajustará a un calendario de tramos mensuales. Y, como aclara la norma que permanecerá en vigor, el desembolso de cada tramo “estará condicionado” a que el ministerio de Hacienda “verifique el cumplimiento de lo previsto”. El ministro Montoro, de hecho, estará obligado a informar periódicamente a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos del grado de cumplimiento del control presupuestario especial, ya que es más exigente que el que hoy aplica el Gobierno central al resto de comunidades autónomas.

Altos cargos

Esto significa que tanto la orden de julio de 2017 (que supuso un paso previo a la intervención total) como la de septiembre de ese mismo año, que endureció el control con medidas adicionales, quedan derogadas. Lógicamente, salvo que nuevos incumplimientos obliguen al Gobierno a actuar. Pero nunca con carácter previo. Es decir, no basta la sospecha para poder actuar, sino que la nueva Administración catalana debe cometer actos manifiestamente ilegales. No bastan las declaraciones de los dirigentes políticos, y menos usarlas con carácter retroactivo.

TE PUEDE INTERESAR

¿Es posible engañar a Montoro? Por qué es importante que haya facturas

J. G. Jorrín Carlos Sánchez

Casi con toda seguridad, el interlocutor del ministro Montoro y de los altos cargos de Hacienda volverá a ser Pere Aragonès, que ya fue secretario de Economía de la Generalitat con Oriol Junqueras como vicepresidente. Es, por lo tanto, un viejo conocido del Gobierno y como tal sería el encargado de participar en una hipotética negociación de la financiación autonómica. Algo que está muy en el aire. Entre otras cosas, porque el soberanismo está en modo ruptura y no parece dispuesto a negociar nada.

Como se sabe, la aplicación del artículo 155 de la Constitución en los términos aprobados por el Gobierno central no deja lugar a dudas sobre la recuperación de la autonomía financiera por parte de la Generalitat de Cataluña una vez formado el nuevo gabinete, lo que no es incompatible con el mantenimiento de algún control adicional.

De hecho, el acuerdo del Consejo de Ministros que habilitó el Senado establece que "las medidas contenidas en este acuerdo se mantendrán vigentes y serán de aplicación hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Generalitat, resultante de la celebración de las correspondientes elecciones al Parlamento de Cataluña". En los próximos días, si nada cambia, habrá nuevo Gobierno, y la nueva Generalitat echará a andar. Aunque con control externo. Y no solo desde Berlín.