El Gobierno asume el control total de las cuentas de la Generalitat hasta el 21-D

El autogobierno de Cataluña en materia económica –como en otras áreas– ha quedado ya completamente en manos de las Administración Central. Así lo establece el acuerdo del Consejo de Ministros de este viernes en el que los ministerios de Hacienda y Economía asumen todas las competencias. En concreto, se habilita al Gobierno a ejercer todas las competencias necesarias “en materia económica, financiera, tributaria y presupuestaria”. Es decir, que la Generalitat se queda sin funciones y las asumen los ministerios correspondientes.

Formalmente, la Administración de la Generalitat de Cataluña, de acuerdo con el artículo 71 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, continuará funcionando como la organización administrativa ordinaria, pero en la práctica serán los delegados del Gobierno central quienes la ejecuten. El control afecta al conjunto de la Generalitat de Cataluña, como ha informado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras la decisión del Consejo de Ministros.

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Es decir, a cualesquier organismo, ente y entidades vinculadas o dependientes, así como al sector público empresarial, lo que significa que todas las medidas serán de obligado cumplimiento para el personal de la Generalitat de Cataluña, sean funcionarios públicos o empleados sujetos al régimen laboral, dependientes de la misma o de su sector público. En el caso de que los trabajadores de la comunidad se nieguen a aceptar las órdenes de los nuevos responsables de las 'consellerías', se enfrentarán a importantes sanciones, tanto por la vía administrativa como la penal. La primera medida contra estos empleados públicos díscolos sería la suspensión de su empleo, pero terminaría con multas de hasta dos años y el despido o la pérdida de su puesto de trabajo.

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Para evitar multas o represalias por parte de los actuales directivos respecto de sus subordinados, el Gobierno ha dispuesto que la incoación, tramitación y resolución de expedientes sancionadores, por parte de cualquier órgano al personal funcionario o laboral, se considerarán nulas de pleno derecho. El argumento legal es que cualquier sanción va contra el acatamiento de las resoluciones emanadas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial, que anularon de forma reiterada las actividades o fines vinculados o relacionados con el proceso secesionista.

Control total del Presupuesto

Con la activación del artículo 155 el Gobierno también pasa a controlar todo el Presupuesto de la Generalitat hasta el final del año, cuando se forme un nuevo Govern posterior a las elecciones autonómicas convocadas para el 21 de diciembre. El Ministerio de Hacienda ya controlaba la mayor parte de las cuentas públicas de la comunidad, ya que tenía máxima vigilancia puesta sobre las transferencias a cuenta del sistema de financiación autonómica, que suponen unos 1.400 millones de euros mensuales, además de la liquidez procedente del Fondo de Financiación Autonómico (FLA), que serán otros 1.971 millones de euros a lo largo del cuarto trimestre del año.

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Todo este control lo hizo efectivo tras la batería de medidas que aprobó la Comisión Delegada del Gobierno Para Asuntos Económicos el pasado 15 de septiembre. Sin embargo, ahora va un paso más lejos. El 'desembarco' del Gobierno en todas las 'consellerías' de la Generalitat hará que pasen a control estatal también los impuestos cedidos a las comunidades autónomas. Esto significa que tributos como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Sucesiones y Donaciones, Patrimonio o las tasas sobre el juego pasarán a ser supervisados directamente por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

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De esta forma, el Gobierno extiende el control hasta el último resquicio de las cuentas autonómicas que se escapaba a su vigilancia. Estos tributos generan en torno a 200 millones de euros mensuales, una cuantía que es significativa dentro del Presupuesto de la Generalitat.

Las primeras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros ya suponen la intervención íntegra de todas las políticas económicas de la Generalitat. Hacienda pasará a controlar también las nóminas de los funcionarios, que ahora pagará directamente. Hasta este momento, el pago de estas nóminas lo hacía la propia Comunidad Autónoma, una vez que enviaba a Hacienda el certificado de la Intervención General de la Generalitat, momento en el que el Ministerio desbloqueaba los fondos para realizar el pago.

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Este cambio en el control de las nóminas es muy importante, ya que ahora Hacienda también tendrá supervisión directa de la labor de toda la función pública de la Generalitat. Esto significa que, por ejemplo, si se producen futuras huelgas, Montoro tendrá todos los detalles del seguimiento de las movilizaciones en el sector público, lo que permitirá descontar de las nóminas el salario correspondiente. El ministro anunció en su momento que también tomaría esta medida con los empleados autonómicos que hicieron huelga el 3 de octubre, pero la realidad es que tuvo muchos problemas para conseguir esta información. A partir de este momento, dispondrá de todos los datos al instante.

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El Gobierno también se hará cargo de los vencimientos de deuda que tiene la Generalitat en los próximos meses para evitar el impago. Los bonos que maduran en noviembre y diciembre se financiarán con cargo al FLA como estaba previsto ya desde septiembre. Sin embargo, quedan pendientes de renegociar 290 millones de euros de un préstamo sindicado con bancos que vence en noviembre. El ministro de Economía, Luis de Guindos, será el encargado de gestionar esta refinanciación, que tendrá que hacerse con un nuevo préstamo o con dinero procedente del Estado.

Con estas medidas, el Gobierno trata también de frenar la incertidumbre económica que se ha instalado en Cataluña. Aunque todavía no se ha publicado ningún indicador macroeconómico que permita conocer el verdadero impacto sobre el PIB de la región de todo lo ocurrido desde el referéndum del 1-O, los empresarios ya han alertado de una ralentización del consumo y un frenazo de las inversiones. Rajoy ha pedido a las empresas que dejen de salir de Cataluña y a los consumidores, que confíen en la determinación del Gobierno para restituir la legalidad y la confianza en la región. Hasta el momento, lo que queda es el camino hacia las elecciones del 21 de diciembre.