Una transferencia para el 9-N prueba desvíos del FLA en Cataluña desde 2015

Corría el año 2015. Habían pasado unos meses desde la consulta del 9 de noviembre de 2014 en Cataluña promovida bajo la presidencia de Artur Mas. Durante el mes de abril el Govern ordenó una transferencia desde la cuenta de la Generalitat donde se depositan los fondos de financiación estatales para la Comunidad Autónoma a otra cuenta propiedad de la sociedad Media Planning Group, encargada de parte de la publicidad de la jornada de votación. El destino del dinero: sufragar la deuda por la promoción del 9-N.

Según informan a El Confidencial fuentes jurídicas, el dinero se sacó del depósito institucional que alberga las cantidades procedentes de los Fondos de Liquidez Autonómica (FLA), con las que el Gobierno central contribuye a evitar un endeudamiento regional con los mercados, y se destinó a fines relacionados con la votación. Los fondos que dependen del Instituto de Crédito Oficial (ICO) deben dedicarse principalmente de forma obligatoria a pagar la deuda con los bancos o entidades financieras.

La transferencia, de un importe total de 11.785€, ha sido detectada en el marco de la investigación que impulsa el T. de Cuentas sobre el gasto del 9-N

La transferencia, de un importe total de 11.785 euros, ha sido detectada en el marco de la investigación que impulsa el Tribunal de Cuentas sobre el gasto del 9-N. En este procedimiento Mas se vio obligado a depositar una fianza solidaria de 5,2 millones de euros por el gasto ocasionado a las arcas públicas. El órgano fiscalizador ordenó el embargo de su piso de Barcelona para alcanzar la caución completa que el 'expresident' no pudo cubrir en su totalidad con las aportaciones de la caja de solidaridad que promueven la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural.

La responsable de Publicidad Institucional del departamento de Presidencia era en aquella etapa uno de los cargos defenestrados tras la aplicación del 155 en Cataluña: Mònica Osàcar, hija del extesorero de CDC Daniel Osàcar, condenado en el caso Palau. Ocupaba el puesto desde que fue nombrada por Mas en el año 2011. También trabajó en el departamento de Presidencia durante el último gobierno de Jordi Pujol.

El documento demuestra que la Generalitat de Cataluña llevó a cabo entonces un desvío del FLA y sorteó los controles establecidos para el control del gasto. La Justicia investiga precisamente ahora si algo parecido sucedió en el caso del referéndum del 1 de octubre. La Guardia Civil ha acreditado por el momento que el Govern de Carles Puigdemont destinó más de medio millón de euros a la publicidad del 1-O. Los agentes localizaron contratos para la campaña de catalanes en el exterior con un importe de 224.835,25 euros y para campaña del anuncio VÍAS con un importe de 277.804,36 euros.

El juez, la Fiscalía y la Abogacía del Estado sospechan que los fondos salieron también en esta ocasión de la financiación autonómica y tratan de acreditar con pruebas que se produjo una malversación agravada de caudales públicos, penada con hasta 10 años. El delito es uno de los que se imputa también al Govern en el Tribunal Supremo junto a la rebelión y sedición.

El secretario de Estado de Hacienda ha remitido recientemente un certificado a los tribunales donde se muestra el elevado porcentaje de participación del Estado en la financiación de Cataluña, que se cuantifica en el caso del último año, 2017, en 28.534,76 millones de euros. También ha aportado una nota explicativa de los distintos tipos de recursos financieros o no financieros sobre los cuales el Estado "puede considerarse ofendido o perjudicado por la indiciaria desviación de cantidades de aquellas finalidades que justifican la asignación de tales recursos".