El Govern burló el control de Hacienda para financiar el 1-O según la Abogacía del Estado

Nuevo escrito de la Abogacía del Estado en relación con el delito de malversación por el que se investiga al Govern en el marco de las causas sobre el 'procés'. Los letrados que defienden los intereses del Ejecutivo central aseguran en base a un certificado del Ministerio de Hacienda que existen "indicios razonables" de que el Govern presidido por Carles Puigdemont desvió fondos públicos para sufragar el 'procés' a través del "incumplimiento de las finalidades específicas para las que se habían asignado" o "por el incumplimiento o alteración de los instrumentos de control establecidos".

La Abogacía reivindica en este escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial, su presencia en calidad de perjudicado en la causa que sigue el titular del 13 de Barcelona sobre las estructuras para una Cataluña independiente, y aporta los datos proporcionados por el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, que acreditan que una serie de recursos públicos de carácter estatal destinados a la comunidad autónoma debían estar destinados a una finalidad específica.

"En el presente caso, el perjuicio causado al Estado se deriva del presumible desvío de fondos sometidos a control por parte del Estado, a través de los diferentes mecanismos de control de la comunidad autónoma catalana", agregan los letrados del Gobierno que preside Mariano Rajoy y apuntan que no les vale como argumento la alegación de que estos fondos pasan a integrar el patrimonio propio del territorio.

Los abogados estatales utilizan, además, su escrito para destacar que la Guardia Civil ha acreditado en sus informes gastos relacionados con la publicidad para el referéndum del 1 de octubre de medio millón de euros. En concreto, han detectado diversos contratos para la campaña de catalanes en el exterior con un importe de 224.835,25 euros y para campaña del anuncio VÍAS con un importe de 277.804,36 euros. Acreditan la presunta comisión de un delito de malversación en un punto inicial en que se debe aún profundizar.

28.535 millones en 2017

Como muestra, la Abogacía presenta este certificado del secretario de Estado de Hacienda donde se muestra el elevado porcentaje de participación del Estado en la financiación de Cataluña, que se cuantifica en el caso del último año, 2017, en 28.534,76 millones de euros. También aporta una nota explicativa de los distintos tipos de recursos financieros o no financieros sobre los cuales el Estado "puede considerarse ofendido o perjudicado por la indiciaria desviación de cantidades de aquellas finalidades que justifican la asignación de tales recursos".

Los fondos de 2017 se distribuyeron en recursos no financieros, percibidos de forma ordinaria por la comunidad sin que haya obligación de devolverlos. En esta categoría se incluyen los recursos del sistema de financiación autonómica, que alcanzaron los 18.717 millones, y otros con cargo a los Presupuestos Generales del Estado que incluyen cantidades que deben destinarse de forma obligatoria a un destino concreto, como las subvenciones, que superaron el año pasado los 1.700 millones, los fondos derivados de convenios de colaboración y los fondos comunitarios. Estos últimos ascendieron a más de 30 millones y se repartieron en tres programas operativos.

Por otra parte, están los recursos financieros, derivados de operaciones de endeudamiento y que el Estado presta para garantizar la estabilidad presupuestaria. Se devuelven a vencimiento de deuda y, para obtenerlos, la comunidad autónoma, en este caso Cataluña, se compromete a asumir las condiciones impuestas, entre las que se incluyen instrumentos destinados al control de las cantidades.

En el caso de Cataluña, este control está, además, reforzado por orden de Hacienda y exige que el dinero se emplee exclusivamente para servicios públicos fundamentales. El interventor de la comunidad debe aportar un certificado quincenal en la que concrete adónde ha ido a parar lo prestado. El FLA (Fondo de Liquidez Autonómico) acumuló en 2017 en esta partida 7.757 millones. El ministerio que dirige Montoro obliga a que se inviertan, en concreto, para el pago de los sueldos de los empleados públicos, la sanidad, la educación y los servicios sociales.