Montoro enviará a Llarena las facturas de todos los gastos de la Generalitat desde 2015

El Ministerio de Hacienda está ultimando toda la documentación que respalda las declaraciones del ministro Cristóbal Montoro y se la enviará en los próximos días al juez Pablo Llarena. Montoro sigue convencido de que los mecanismos de control del gasto de las Administraciones Públicas que él mismo impulsó son suficientes para garantizar que "no se utilizó ni un solo euro de dinero público" para financiar el referéndum del 1-O. Al menos, no dentro del sector público. Además de todos los informes de la Intervención General de la Generalitat y los mecanismos de supervisión del Estado, Montoro guarda otro 'as' en su manga que considera que es definitivo para sustentar sus palabras: posee todas las facturas de gasto de la Generalitat desde el año 2015.

El ministro impulsó el Registro de Facturas Electrónicas en el año 2013 para evitar que las diferentes administraciones guardaran facturas en los cajones, como ocurrió durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Para repetir estos errores, Hacienda construyó la arquitectura legal que obliga a todos los proveedores del sector público a dejar registradas sus facturas de forma electrónica. Esto significa que todas las facturas de gasto de las comunidades autónomas y de los organismos y entidades dependientes están en poder del Ministerio de Hacienda.

TE PUEDE INTERESAR

¿Es posible engañar a Montoro? Por qué es importante que haya facturas

J. G. Jorrín Carlos Sánchez

Estas facturas constituyen el grueso de la información que está terminando de recopilar el Ministerio para enviársela al juez Llarena lo antes posible, explican fuentes del Gobierno. El ministro está convencido de que todas estas facturas demuestran que el dinero público se utilizó siempre de forma legal. Esto significa que si se produjo algún tipo de desvío y, en todo caso, habrían sido los proveedores de la Generalitat quienes lo hicieron a través de facturas falsas. Esto significa que el delito recaería sobre los proveedores, que engañaron a la Administración, y no sobre los responsables de la Generalitat.

[La Guardia Civil acredita otros 300.000 € desviados al 1-O]

Además, todas estas facturas de los gastos de la comunidad autónoma también cuentan con la firma de la Intervención General de la Generalitat desde el 20 de noviembre de 2015. En ese momento, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) estableció un control sobre los gastos de la autonomía enmarcado en el sistema de supervisión del FLA (Fondo de Liquidez Autonómico). Una parte de ese control consistía en un informe de la Intervención en el que avalara que todas las facturas fueran legales.

El Ministerio ha localizado comunicaciones en las que la Generalitat reconocía que no podía desviar dinero público

En septiembre de 2017, la Intervención General de la Generalitat dejó de enviar sus certificados semanales y fue en ese momento cuando el Gobierno aprobó la intervención total de todos los pagos de la comunidad. A partir de ese momento, todos los movimientos de dinero se controlaron directamente desde los Ministerios de Hacienda y Economía, por lo que Montoro no tiene ninguna duda de que el control fue efectivo. De hecho, tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, el Ministerio localizó comunicaciones en las que responsables de la Generalitat reconocían que no tenían forma de desviar dinero público para financiar el referéndum.