SOS de las empresas de formación a Empleo para evitar la quiebra del sector

El escándalo de los cursos de formación, que alcanzó su cota más alta en Andalucía, llevó al Ministerio de Empleo a reformar el sistema en 2015 para mejorar el control del gasto público. La reforma de la normativa (Ley 30/2015) ha retrasado la convocatoria de cursos, lo que ha generado serios problemas financieros a las empresas del sector. “Estamos asfixiados y tenemos una gran inseguridad jurídica”, lamenta el responsable de una de las patronales del sector.

En el año 2015, el Estado no realizó la convocatoria de planes de formación de oferta (cursos de formación para empleados) y la ejecución de 2016 acaba de comenzar. Esto significa que durante dos años las compañías han sobrevivido a duras penas y muchas han tenido que cerrar: más del 30% han bajado la persiana, aseguran las asociaciones del sector. "Están cerrando muchos centros, solo se mantienen los que tienen también formación privada", alertan los afectados.

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El ministerio está realizando los primeros pagos de 2016, lo que ha desbloqueado la formación, pero todavía a un ritmo lento. Empleo es consciente de que el cambio normativo ha generado retrasos, pero la prioridad tras el escándalo de la formación es controlar al detalle el destino de cada euro. La cuantía no es menor, ya que cada año tendrían que destinarse más de 200 millones de euros a financiar estos cursos, dinero que procede de las cotizaciones a la Seguridad Social (el trabajador abona el 0,1% de su salario y la empresa, el 0,6%). Además, hay más de 700 millones que se destinan a bonificaciones para los cursos de formación que imparten las empresas (en su mayoría, grandes compañías) y las transferencias de 1.000 millones a las comunidades autónomas para que realicen sus propios cursos y que funcionan con normalidad.

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Antes del cambio de la ley, el Ministerio de Empleo abonaba la cuantía íntegra del curso y la decisión dependía de los agentes sociales, lo que derivó en un foco de corrupción. A partir de 2015, el ministerio solo paga el 25% del curso al inicio y el resto se abona una vez la empresa justifica los gastos, y se realiza a través de subvenciones y no de concurso. Empleo asegura que este sistema permite controlar el fraude y garantizar que el dinero va destinado a quien realmente lo necesita.

Están cerrando muchos centros, solo se mantienen los que tienen formación privada

Para las empresas del sector, supone un grave problema, ya que aumenta la burocracia y retrasa los pagos, lo que hace que se conviertan en “financiadores de la Administración”. Además, como es una subvención, no se tiene en cuenta la ley de morosidad para acelerar el pago a los proveedores. “Sería bueno que la Administración cumpliese los plazos para realizar el pago y estableciese un calendario de convocatoria de los cursos”, reclama María Jesús Pérez, directora general de Adams Formación.

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Este cambio normativo generó un duro enfrentamiento entre el ministerio, las empresas y los sindicatos, ya que supuso un cambio integral en el reparto de esos fondos. Algunos de los actores implicados decidieron interponer recursos para bloquear la nueva regulación, lo que retrasó los pagos de los cursos de 2014 y elevó la presión financiera sobre las empresas.

“Se están empezando a liberar los últimos pagos pendientes, que ascienden a 45 millones de euros”, explica Pérez, “aunque en muchos casos vienen con minoraciones sobre el presupuesto inicial”. El ministerio está controlando cada euro, lo que hace que en algunas ocasiones considere que las partidas son superiores a su precio de mercado y obliga a rebajarlas. Como los cursos ya están dados, las empresas tienen que soportar la diferencia. De esta forma, el ministerio se asegura de que las distintas compañías no inflan la factura que se paga con dinero público.

La paz está más cerca

La reforma de los cursos de formación generó un grave enfrentamiento entre empresas, sindicatos y Gobierno, pero la paz está cada vez más cerca. Eso no significa que las compañías acepten las nuevas reglas del juego, pero fuentes de Empleo explican que no van a modificar la ley y que todos tendrán que aprender a convivir con este sistema más restrictivo. Sin embargo, está haciendo esfuerzos para acelerar la convocatoria de los cursos de 2017, lo que empieza a tranquilizar a las compañías.

“Hemos pasado momentos críticos y ahora parece que vislumbramos la luz al final del túnel”, señalan desde otra de las asociaciones sectoriales. “Somos más optimistas”, explica la directora general de Adams. “Esperemos también que el ministerio revise su forma de actuar con calendarios plurianuales y fechas de pago”.

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La convocatoria de 2016 ya está en marcha pese al retraso. En cuanto a la oferta para 2018, el ministerio está ultimando la negociación con los agentes sociales. En la última reunión, celebrada el pasado 22 de noviembre, estuvo a punto de cerrarse el acuerdo, pero los sindicatos y la patronal solicitaron una prórroga para cerrar el acuerdo. Empleo confía en cerrarlo todo el próximo 22 de diciembre, para que en 2018 puedan empezar a impartirse los cursos. Además, la ministra Fátima Báñez ha anunciado la dotación de 60 millones de euros para la formación en nuevas tecnologías, que se incorporará a estos cursos.

Hemos pasado momentos críticos y ahora vislumbramos la luz al final del túnel

En cuanto a la convocatoria para el próximo ejercicio, su intención es aprobar la partida en los Presupuestos Generales del Estado, que todavía siguen bloqueados por la tensión política en Cataluña. De esta forma, aunque con retraso, la formación para el empleo vuelve a andar tras la reforma de 2015.

Las empresas del sector confían en que el Ministerio de Empleo escuche el resto de sus reclamaciones. Solicitan que haya calendarios fijos y convocatorias plurianuales para que puedan planificar su negocio y las contrataciones de personal. Además, solicitan que no se cambie cada año los cursos, sino que se realice un plan quinquenal de formación.

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La última petición coincide también con una promesa del Ministerio de Empleo: la reanualización de los fondos. Cada euro que no se gasta un año para la formación debería emplearse al año siguiente, según determina la normativa actual. Las empresas protestan que el Gobierno se ha ahorrado los fondos de la convocatoria de 2015 que no realizó. Sin embargo, Empleo asegura que todas las partidas que no se han ejecutado se emplearán cuando el sistema tenga velocidad de crucero y pueda asignarlos sin problemas para cumplir los requisitos de la nueva ley.