España gasta casi 4.000 millones anuales en bonificaciones que apenas crean empleo

Las bonificaciones y reducciones en las cotizaciones a la Seguridad Social son una de las políticas activas de empleo más costosas para las cuentas públicas. España se gasta, cada año, casi 4.000 millones de euros en este tipo de subvenciones para incentivar la contratación, una cuantía más que notable y que ahora el Banco de España pone en el centro del debate. Estas ayudas han sido muy criticadas por los sindicatos, que consideran que no son efectivas, pero el Gobierno se ha resistido a publicar ningún estudio que analice su utilidad para estimular el empleo.

En ausencia de un estudio del Ministerio de Empleo, el Banco de España se ha lanzado a analizar los resultados de una bonificación concreta: la del mantenimiento del empleo para los mayores de 60 años que estuvo vigente entre 2006 y julio de 2012. El estudio, realizado por Mario Izquierdo y Sergio Puente, parte ya desde la sospecha, puesto que reconoce que “la evidencia empírica disponible tiende a encontrar resultados no demasiado favorables en cuanto a la efectividad de este tipo de programas de incentivos”.

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Una vez concluido su estudio, Izquierdo y Puente confirman sus temores: “Los resultados se encuentran en línea con la evidencia empírica disponible sobre la efectividad de los programas de bonificaciones a las cotizaciones”. En otras palabras, su impacto sobre el empleo es reducido y en ningún momento se llega a rentabilizar el coste que supone para las arcas públicas esta pérdida de ingresos.

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Los autores encuentran que la bonificación tuvo algún impacto en determinados colectivos: los empleados que tenían poca antigüedad en su puesto de trabajo y cuyo nivel educativo era bajo. Precisamente un grupo social que ha sido de los más afectados durante la crisis. Sin embargo, en el resto de trabajadores mayores de 60 años apenas tuvo influencia.

La probabilidad de que un trabajador perdiera su empleo una vez se acabaron las ayudas aumentó del 6,7% al 8,5%. Un incremento que es innegable, pero muy reducido. Sin embargo, en los trabajadores con un alto nivel de formación, la probabilidad de perder el empleo apenas aumentó en 0,6 puntos porcentuales, del 5,4% al 6%. En definitiva, esta bonificación tuvo un resultado “de magnitud reducida”, lo que no justificaría tal ayuda.

Un coste muy elevado

El problema de este tipo de ayudas es su elevado coste, que hace complicado que sean rentables, para las arcas públicas o para la sociedad en su conjunto. “Tienden a mostrar un elevado peso muerto”, señala el Banco de España. En el caso de las bonificaciones a mayores de 60 años, tuvo un coste de algo más de ocho millones de euros mensuales, lo que significa que su supresión permitió ahorrar al erario público unos 41,7 millones de euros entre agosto y diciembre de 2012.

Según el estudio, la eliminación de esta ayuda provocó una pérdida de 3,1 millones en rentas salariales hasta diciembre, lo que significa que la Seguridad Social dejó de ingresar en torno a 1,1 millones y otros 1,1 millones en prestaciones por desempleo. En suma, el retorno que se obtuvo no llegó ni siquiera al 15% del total de ayudas, el 85% restante fue una transferencia del Estado a las empresas en forma de ahorro en las cotizaciones.

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“Los resultados muestran que la mayor parte del gasto del programa no se recupera en términos de mayor renta laboral del colectivo de trabajadores afectado o vía menor gasto en prestaciones por desempleo”, explican los autores. Apenas un pequeño grupo de trabajadores pudo conservar su empleo gracias a esta bonificación, el resto apenas tenía riesgo de perder su puesto de trabajo, independientemente de la ayuda.

La mayor parte del gasto del programa no se recupera en términos de mayor renta laboral o vía menor gasto en desempleo

De estos datos se desprende que este tipo de políticas activas tienen que concentrarse en “colectivos muy específicos con especiales dificultades de empleo”. Si no se estudia bien la medida, lo más probable es que nunca llegue a rentabilizarse, como ocurrió con la bonificación a los mayores. El Banco de España destaca que “los resultados presentados no son extensibles al conjunto de bonificaciones”, pero recomienda “una evaluación detallada de los diferentes programas de las políticas activas de empleo”.

Esta recomendación del Banco de España se une a la que llevan años realizando los principales organismos internacionales, como el FMI o la Comisión Europea. España es un país que dedica muchos recursos a las políticas activas y los resultados son muy pobres, ya que la tasa de paro es la segunda más alta de la Unión Europea.

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Los Presupuestos Generales del Estado de 2017 recogen una partida de casi 1.900 millones de euros para la financiación de las bonificaciones en las cuotas. Además, la Seguridad Social deja de percibir cada año más de 1.500 millones de euros por las reducciones de cuotas. Esto significa que se dejan de ingresar casi 4.000 millones sin que realmente se conozcan los resultados de estas ayudas.

En muchos casos, las bonificaciones y reducciones en las cuotas benefician a un colectivo concreto, primando su contratación, pero perjudican a quien no cumple esos requisitos. Esto provoca que el resultado neto de estas ayudas pueda ser cero. Si una empresa iba a crear un puesto de trabajo y lo hace utilizando la bonificación, no significa que gracias a la subvención exista un nuevo empleo. A esto hay que añadir la pérdida de ingresos para el erario público (ya sea la Administración central o la Seguridad Social), lo que acaba de rematar la medida. En definitiva, señala el Banco de España, si no se estudia bien la ayuda, teniendo en cuenta el colectivo concreto al que va dirigida y los efectos secundarios negativos de su aplicación, lo más probable es que los costes superen a los beneficios.