LA FISCALÍA DE SEVILLA YA INVESTIGA EL CASO

El fraude de los cursos de formación alcanza al epicentro de la Junta de Andalucía

La Fiscalía de Málaga cree que en Sevilla estaba el órgano administrativo que otorgaba las subvenciones fraudulentas de la llamada 'Operación Edu'

Foto: José Antonio Griñan en una foto de archivo. (Efe)
José Antonio Griñan en una foto de archivo. (Efe)

El fraude de los cursos de formación da un salto importante con el escrito de la Fiscalía de Málaga. La Operación Edu sitúa ahora el foco en plena Junta de Andalucía, en concreto en la Dirección General de Empleo. El Fiscal jefe de Málaga ha remitido a la Fiscalía de Sevilla la investigación de las ayudas al radicar en la capital andaluza “el órgano administrativo” que otorgaba estas subvenciones.

El Ministerio Fiscal deja ya claro que el escándalo no se limita en ningún caso de modo exclusivo en la provincia de Málaga, como en principio resaltó la Junta de Andalucía y sobre todo incidió el consejero de Educación, Luciano Alonso, en su intervención en el Parlamento de Andalucía. Educación no quiso atender las llamadas de El Confidencial para conocer su reacción sobre el informe de la Fiscalía.

Las ayudas que se investigarán en Sevilla no están circunscritas a la capital andaluza. Tampoco a su provincia, sino a 14,6 millones de euros de subvenciones en Almería dentro del programa presupuestario 32D que han beneficiado “a determinadas personas, destacándose el caso de un mismo beneficiario que habría obtenido subvenciones a través de varias sociedades y entidades a él vinculadas”.

El exconsejero andaluz de Empleo, Antonio Fernández. (Efe)
El exconsejero andaluz de Empleo, Antonio Fernández. (Efe)

La Junta ha mirado para otro lado en esta masiva estafa que podría elevarse a más de 2.000 millones de euros, según calcula la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal). Ya en 2007 el empresario Ernesto Lefranc denunció por cartas a los entonces consejeros de Empleo, Antonio Fernández, y de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán, la existencia de un presunto fraude. Lefranc también notificó el caso a la Unión Europea, sin que las autoridades de Bruselas contestarán.

La Fiscalía no especificó en su escrito de ayer el número de imputados que pedía, aunque sí precisó que se trataban de funcionarios y “responsables de la administración autonómica”. Esta petición afectaría a altos cargos de la Junta de Andalucía entre los que figuraría Juan Carlos Lomeña, exdirector del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Málaga y exdelegado de la Consejería de Empleo de la Junta en la provincia.

Servicio Andaluz de Empleo, en una foto de archivo. (Efe)
Servicio Andaluz de Empleo, en una foto de archivo. (Efe)

Irregularidades en las subvenciones

Fue la UDEF quien remitió un informe a la Fiscalía de Málaga, con fecha 6 de mayo de 2013, en el que se daba cuenta de presuntas irregularidades detectadas en la obtención de subvenciones por parte de determinadas personas físicas y empresas en los planes de promoción de empleo ejecutados en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Junta de Andalucía.

El Ministerio Fiscal se refería a la Resolución de la Dirección Provincial de Málaga del SAE de 15 de diciembre de 2010 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del 3 de enero de 2011) en el que se hacen públicas las subvenciones concedidas a un total de 20 personas físicas y jurídicas por un importe de 1,7 millones de euros. Esta cantidad apenas representa un esbozo de lo detectado por la UDEF, como ya publicó El Confidencial.

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