EL PARLAMENTO EUROPeo PRESENTA UNA PROPUESTA

Bruselas dará amparo legal a quienes denuncien corrupción en sus empresas

Nueva vuelta de tuerca en la lucha contra la corrupción. La UE amparará legalmente a quienes denuncien ilegalidades cometidas en empresas públicas y privadas

Foto: El comisario europeo de Economía y Finanzas, Pierre Moscovici. (EFE)
El comisario europeo de Economía y Finanzas, Pierre Moscovici. (EFE)

La propuesta ya ha entrado en el orden del día de la próxima reunión de la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo (el 30 de agosto). Y supondrá, si los gobiernos la incorporan a las legislaciones nacionales en los términos que prevé el informe, un antes y un después en la lucha contra las conductas ilegales y la corrupción.

En concreto, se insta al Consejo y a la Comisión Europea a la creación de un organismo en cada país miembro que canalice y centralice las denuncias por corrupción u otro tipo de comportamientos que socaven el orden social, económico o medioambiental. Incluso, se pretende dar amparo legal para que cualquier empleado denuncie a su empresa cuando observe algún tipo de ilegalidad o cualquier comportamiento “contrario al interés público”.

La propuesta, en concreto, alienta a los empresarios a que establezcan “procedimientos de denuncia internos” y a que, dentro de cada organización, una persona se encargue de recoger las denuncias de los empleados ante un acto ilegal. Al mismo tiempo, se propone que los representantes de los trabajadores —los comités de empresa— puedan participar en la designación de dicho responsable. De hecho, se destaca la función de los sindicatos para acompañar y ayudar a los denunciantes de irregularidades en sus gestiones dentro de su organización.

La ponente del informe ha sido la eurodiputada socialista francesa Virginie Rozière, y lo que se pretende es dar amparo legal a quien denuncie irregularidades o revele información sobre un hecho ilegal, ilícito o contrario al interés público “en el contexto de su relación laboral, en el sector público o privado, en el ámbito de una relación contractual o de su actividad sindical o asociativa”.

El informe considera menoscabo del interés general los casos de corrupción, los conflictos de intereses, el uso ilícito de fondos públicos, las amenazas contra el medio ambiente, la salud, la seguridad pública, la seguridad nacional y la protección de la vida privada y de los datos personales, la elusión fiscal, las violaciones de los derechos de los trabajadores y otros derechos sociales y los abusos contra los derechos humanos. Es decir, una amplia casuística que convierte la revelación de secretos en una parte esencial de la lucha contra la corrupción.

De hecho, el informe recuerda que gracias a las filtraciones a la prensa —por ejemplo, los papeles de Panamá— han podido salir a la luz de la opinión pública muchas irregularidades. Sin embargo, la ausencia de una normativa específica de alcance europeo destinada a proteger a los denunciantes hace que en muchos casos no se revelen a las autoridades políticas o judiciales los casos de corrupción, toda vez que existen represalias y presiones que obligan a guardar silencio a quienes conocen este tipo de fechorías.

Inseguridad jurídica

El informe, de hecho, recuerda “con preocupación” que los denunciantes de irregularidades siguen siendo objeto de procedimientos judiciales civiles y penales en varios estados miembros, mientras que los medios existentes para su defensa, acompañamiento y protección son inexistentes o poco eficientes. Y todo ello pese a que el G-20, que reúne a los países más avanzados del planeta, tiene creado desde 2010 un grupo de trabajo que recomienda la protección jurídica de los denunciantes. Es más, incluso en Europa existen enormes diferencias entre los estados miembros en el tratamiento de los denunciantes de corrupción, lo que puede causar “inseguridad jurídica y un riesgo de trato desigual”, sostiene el informe.

La propuesta sugiere que si la denuncia no surte efecto entre los directivos de la empresa o entre las autoridades competentes, el denunciante debe tener plena libertad para dar a conocer la información a las organizaciones no gubernamentales o a la prensa. Y en este sentido, considera que cualquier denuncia efectuada “fuera de la organización” no puede constituir un motivo para la invalidación de la denuncia. Ni tampoco una excusa para procesar al denunciante de las irregularidades o para denegar su protección. Es decir, que cualquier procedimiento de denuncia esté amparado por la legislación, y no como sucede ahora, en que muchas denuncias caen en saco roto porque las pruebas se obtuvieron de forma no ortodoxa.

Protección a los denunciantes

El informe, incluso, manifiesta su preocupación por la práctica de la 'ley mordaza', que consiste en incoar un procedimiento judicial contra un denunciante de irregularidades. No con el objetivo de condenarlo, sino de conducirlo a la “autocensura o al agotamiento económico, moral y psicológico”. Para evitar esas represalias o presiones que recaen sobre la parte más débil de una relación laboral, se reclama garantizar la protección de la confidencialidad e “introducir la inversión de la carga de la prueba”.

Igualmente, en caso de necesidad, el apoyo económico y psicológico, así como una indemnización por daños, permitiría completar el dispositivo, al mismo tiempo que deberían estar previstas sanciones eficaces contra las personas que pretendan impedir que el denunciante hable.

España no cuenta con una legislación específica destinada a proteger a los denunciantes. En septiembre de 2016, el grupo parlamentario de Ciudadanos presentó una proposición de ley en el Congreso que reclama el reconocimiento de los derechos a los denunciantes en el ámbito de las administraciones públicas, estableciendo un marco de protección integral para su tutela y garantía. Igualmente, se proponía constituir una Autoridad Independiente de Integridad Pública “garante de la recta actuación del sector público estatal frente a la corrupción”. Desde entonces, la proposición apenas ha avanzado, hasta el punto de que ya se han registrado hasta 13 ampliaciones de enmiendas al articulado. El último plazo expira el próximo 5 de septiembre.

Instituciones como la Agencia Tributaria cuentan ya con un canal de denuncias fiscales que pueden utilizar los ciudadanos de forma confidencial. Sin embargo, no existe un amparo jurídico a los denunciantes en caso de desvelarse su identidad, que es lo que han reclamado entidades como Transparencia Internacional.

El Confidencial cuenta ya con un buzón de filtraciones contra la corrupción en el que cualquier ciudadano, al que se garantiza el anonimato, puede desvelar casos de mal uso de dinero público, prácticas ilícitas o poco éticas en empresas públicas o privadas.

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