Iberdrola prohíbe las donaciones y regalos a los políticos para evitar la corrupción interna

Tras participar de forma activa en las denominadas puertas giratorias, por las que destacados políticos o familiares de estos han entrado en nóminas de compañías dependientes de los reales decretos del Estado, Iberdrola ha decidido evitar cualquier práctica con la Administración pública que pueda menoscabar su reputación. La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán ha elaborado un severo protocolo interno por el que se regula la relación con los partidos políticos, sus fundaciones y cualquier trabajador público.

En la obsesión por luchar contra la corrupción y el fraude, Iberdrola, que fue incluso sancionada por el Banco Mundial por el pago de comisiones irregulares en algunos países de Europa, como Letonia y Albania, ha dado un paso muy relevante para regular con minuciosidad los contactos con las administraciones públicas. En el protocolo que ha aprobado la Unidad de Cumplimiento del consejo de administración, se prohíbe recibir o dar “cualquier tipo de ventaja o beneficio, lo que incluye entregas de dinero, obsequios o regalos, así como cualesquiera otras hospitalidades tales como entradas a espectáculos o eventos deportivos, viajes o alojamiento”.

Uno de los principios básicos de esta tabla de normas especifica que “no se ofrecerá o entregará ventaja o beneficio alguno que pueda influenciar o que pueda interpretarse como un intento de influenciar a una autoridad o funcionario público para obtener un trato de favor o una ventaja impropia para el Grupo [Iberdrola], para un tercero o para uno mismo”. En este sentido, se agrega que “la prohibición será igualmente aplicable incluso en aquellos casos en los que la ventaja o beneficio sea sufragado personalmente por el empleado”.

En el nuevo protocolo se prohíbe recibir o dar “cualquier tipo de ventaja o beneficio, lo que incluye entregas de dinero, obsequios o regalos"

El protocolo establece además las definiciones de 'ventaja o beneficio' y de 'influenciar', sobre la que explica que es la acción de “llevar a cabo una sugestión, inclinación o instigación sobre otra persona para alterar el proceso motivador de esta respecto de una decisión a tomar en un asunto relativo a su cargo”. Por eso, Iberdrola advierte a sus empleados de que las relaciones con las administraciones públicas deberán ser regidas por “los principios de cooperación, transparencia y honestidad”.

La eléctrica impone este protocolo no solo con los partidos políticos sino con las federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores, así como con las fundaciones pertenecientes a dichas instituciones. Una medida adicional para evitar cualquier atajo o recoveco por el que muchas empresas del Ibex 35 han participado en la financiación de organizaciones como FAES, hasta el año pasado vinculada al PP, o de otras próximas al PSOE. Entre otras, ACS, que aportó 100.000 euros a la fundación dirigida por José María Aznar y otro tanto a la Fundación Pablo Iglesias, presidida entonces por Alfonso Guerra. Mercadona también subvencionó a los dos partidos, según reconoció públicamente su presidente, Juan Roig, en sede judicial.

Una nómina de todos los colores

La nueva política de Iberdrola con los políticos resulta llamativa, ya que la eléctrica, como otras grandes empresas cotizadas, ha tenido siempre una relación muy estrecha con numerosos miembros del Congreso de los Diputados, parlamentos autonómicos o familiares de estos. De hecho, en la actualidad tiene en nómina como consejero de la matriz a Ángel Acebes, exministro en los gobiernos de Aznar y ahora procesado por el caso Bankia.

La decisión de Iberdrola se produce después de que Telefónica y Endesa hayan procedido a eliminar los consejos territoriales que tenían repartidos

También cuenta con Manuel Marín, el que fuera presidente del Congreso en nombre del PSOE y presidente actual de la Fundación Iberdrola, así como con Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, en el consejo de su filial de ingeniería, Iberinco. Una sociedad que ha tenido graves problemas de reputación de la que el pasado año salió Juan María Atutxa, expresidente del Parlamento vasco. En su equipo directivo hay hijos de hombres ilustres como José Bono o Jaime Alfonsín, jefe de la Casa Real.

Antes también hizo un hueco en su filial de energías renovables a Juan Pedro Hernández Moltó, expresidente de la Junta de Castilla-La Mancha y máximo responsable de la caja de ahorros autonómica, la primera en ser intervenida por el Banco de España en marzo de 2009. Así mismo, montó varios consejos consultivos en Castilla y León y en Andalucía en los que dio entrada a personas como Braulio Medel y Felipe Romera, imputados por el caso de los ERE.

La decisión de Iberdrola se produce después de que otras compañías cotizadas de gran tamaño, como Telefónica y Endesa, hayan procedido a eliminar los consejos territoriales que tenían repartidos por toda España y en los que daban cobijo a más de 140 personas vinculadas a distintos partidos políticos, tal y como adelantó El Confidencial la semana pasada.