psoe y podemos piden su dimisión

Guindos hace alarde de funambulismo para sobrevivir en la cuerda floja del caso Soria

El ministro de Economía en funciones aseguró que “Soria era el candidato más adecuado” y reiteró hasta la saciedad que el procedimiento de selección no es político

Foto:  Ilustración: Raúl Arias.
Ilustración: Raúl Arias.

El ministro de Economía e Industria o ministro en funciones al cuadrado, como se autodefine Luis de Guindos, demostró ayer sus dotes de funambulista para sortear las arremetidas de los distintos grupos de la oposición en su controvertida comparecencia sobre el caso Soria, un episodio que ha situado estos días al Gobierno en la cuerda floja. El responsable de la política económica hizo del defecto virtud y apeló a “razones de prudencia y sensibilidad democrática” para justificar lo que él mismo calificó como la “no designación del señor Soria” como director ejecutivo del Banco Mundial.

Guindos aguantó con cara de circunstancias las réplicas de los diputados que, entre otras lindezas y de forma generalizada, tildaron al ministro y al presidente del Gobierno de “mentirosos” en su afán por recompensar a Soria tras su dimisión como ministro de Industria por los papeles de Panamá. Curiosamente, fue Pablo Iglesias, en su calidad de portavoz de Unidos Podemos en la comisión de Economía, quien arrancó la sonrisa del ministro cuando le recordó que Soria y él aprobaron juntos a mediados de los años ochenta la oposición al cuerpo de técnicos comerciales y economistas del Estado: “Con la particularidad —añadió Iglesias— de que usted fue número uno y el señor Soria, penúltimo en la clasificación”.

Guindos hace alarde de funambulismo para sobrevivir en la cuerda floja del caso Soria

Las explicaciones del representante del Gobierno habían puesto previamente en entredicho el sistema que utiliza España para elegir a sus representantes en las instituciones financieras internacionales, más conocidas por el acrónimo de IFI, que se han puesto de actualidad a raíz del segundo ‘affaire Soria’. El ministro reconoció que es un procedimiento mejorable y que quizá podría estar más reglado, como ocurre con los delegados en las oficinas comerciales, pero recordó que es un modelo que lleva vigente en España desde hace más de 30 años y con el que han sido seleccionados tanto funcionarios y altos cargos vinculados a gobiernos del PP como del PSOE.

El caso concreto que ha motivado el rifirrafe político tiene su origen en una convocatoria iniciada el 4 de enero y que fue anulada el 3 de marzo. Según Guindos, dicha suspensión vino dada curiosamente por una razón política, y era que esos días se estaba produciendo la investidura, finalmente fallida, del candidato socialista Pedro Sánchez. El procedimiento de concurrencia para el puesto del Banco Mundial se retomó después el 28 de junio, dos días después de las elecciones del 26-J ,y se resolvió por la comisión de evaluación el pasado 2 de septiembre con una nota hecha pública un par de minutos después de finalizada la segunda votación que rechazó la investidura de Mariano Rajoy.

Entre medias, el Ministerio de Economía solicitó un dictamen a la Abogacía del Estado para evitar males mayores en la segunda convocatoria, en la que recibió un total de 10 solicitudes a la plaza. Una, la del exministro Soria, y otra del finalmente agraciado con el cargo, Fernando Jiménez Latorre, uno de los principales colaboradores de Guindos en el primer Gobierno de Rajoy tras el regreso del PP al poder en 2011. Lo que no dijo el ministro es que en la primera convocatoria se había presentado el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, que ha sido víctima colateral y no del todo reconocida en este proceso.

Guindos hace alarde de funambulismo para sobrevivir en la cuerda floja del caso Soria

Sea como fuere, el ministro de Economía en funciones aseguró que “Soria era el candidato más adecuado” y reiteró hasta la saciedad que el procedimiento de selección no es político porque no depende de la decisión del Consejo de Ministros. En su opinión, es una elección técnica, a la que pueden aspirar todos los economistas del Estado, más de 650 funcionarios, y que se ha venido haciendo dentro de este colectivo con total concurrencia y transparencia desde hace muchos años.

Guindos saldó el debate en el turno de réplica a los portavoces de los grupos parlamentarios mostrando un tono mucho más elegante que el utilizado por sus interlocutores, lo que le sirvió para amainar el ambiente de tensión. El ministro despachó la cuestión asegurando que “este es un caso que ha durado tres días”, los mismos que tardó Soria en presentar su renuncia a instancias del Gobierno para no servir de arma arrojadiza en el debate político que se vive en España. Es de prever que la oposición insistirá con el escándalo, requiriendo la comparecencia del ministro ante el pleno del Congreso, algo que parece descartado. No en vano, el propio ministro pidió a los diputados que “no se infravaloren” en su papel de miembros de la comisión de Economía.

Guindos hace alarde de funambulismo para sobrevivir en la cuerda floja del caso Soria

La comparecencia estaba convocada con un punto inicial y distinto en el orden del día, como era la información sobre el estado de la situación económica de España y la posición ante la Comisión Europea tras la imposibilidad de aprobar un nuevo Presupuesto del Estado para 2017. Guindos presumió de los esfuerzos que han permitido al Gobierno evitar la multa de Bruselas por déficit excesivo, pero advirtió de que la sanción podría ser muy superior, y pasar del 0,2 al 0,5% del PIB, si no se garantizan medidas correctoras en las próximas semanas.

El ministro precisó que la Comisión Europea ha insistido en estos deberes que tiene España en una comunicación enviada el 8 de agosto. El ultimátum termina en cuatro meses, por lo que la espada de Damocles está ahora situada en el 8 de diciembre. El 15 de octubre, el Gobierno tiene que enviar a Bruselas sus previsiones presupuestarias, y será a partir de ahí cuando las autoridades comunitarias vuelvan a la carga. El drama es que si a finales de año se intensifica el procedimiento por exceso de déficit, el Ministerio de Economía no podrá entonces presentar alegaciones ni solicitar una prórroga de la multa.

En juego están también 1.325 millones de fondos estructurales que serían paralizados por Bruselas y que pueden complicar todavía más las restricciones de gasto a las que se enfrenta España por la ineludible prórroga presupuestaria. En total, el coste para el Reino de España, sumando la multa y la cancelación de fondos, supondrá más de 6.100 millones. Todo ello como consecuencia de la falta de Gobierno, que incide en la vida de los ciudadanos de manera mucho más negativa que el célebre caso Soria. A fin de cuentas, en nuestro país existen 14 millones de personas que reciben alguna prestación del Estado, pero doctores tiene la Iglesia y políticos el Parlamento.

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