más de tres años de investigación

Los sobresueldos de los directivos de la federación de taekwondo

El último informe aportado a la investigación del Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante revela que la cúpula de la federación cobró sobresueldos durante años

Foto: Jesús Castellanos, presidente de la Real Federación Española de Taekwondo. (EFE)
Jesús Castellanos, presidente de la Real Federación Española de Taekwondo. (EFE)

Tres años después de iniciarse, la investigación que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante sobre varios directivos de la Real Federación Española de Taekwondo (RFET) sigue revelando presuntas irregularidades en la gestión del organismo. Según el último informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), varios directivos de la federación cobraron sobresueldos entre 2009 y 2015.

El informe analiza parte de la documentación intervenida en el registro de la sede de la RFET realizado en junio de 2016, los datos recabados en la intervención telefónica a varios directivos y la información recibida de varios requerimientos judiciales al Consejo Superior de Deportes (CSD), varias entidades bancarias, la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Institut Barcelona Esports. En este último organismo, dependiente del Ayuntamiento de Barcelona, trabajaba Miguel Pérez Otín, gerente y tesorero de la RFET durante el período analizado.

El caso de Pérez Otín es al que dedica más espacio el informe de la UDEF al que ha tenido acceso El Confidencial. Entre 2009 y 2015, el exgerente y extesorero ingresó 312.114,04 euros de la RFET. Esa cantidad no se corresponde con la reflejada en los informes de auditoría (187.385,94) ni con lo declarado a la Agencia Tributaria (71.049,98). En 2015, el auditor advirtió de que las dietas recibidas por Pérez Otín era en realidad un salrio encubierto. El informe también detalla retribuciones a su hija con cargo a subvenciones del CSD que luego iban a parar a las cuentas de Miguel Pérez Otín y su mujer.

Además de Pérez Otín, el informe analiza los ingresos de los otros cuatro directivos: Jesús Castellanos, presidente de la federación; José María Pujadas, secretario general; Antonio Toledo, vicepresidente; y Lee Kim Young Woo. De Castellanos, la UDEF asegura que "al igual que el resto de personas analizadas, percibe dietas de manutención y gastos de locomoción amparado en documentos justificativos de indemnizaciones de carácter individual que presentan diversas irregularidades".

Con respecto a Castellanos, el informe dice en 2015 percibió 10.523,97 euros en concepto de gastos de viaje, según refleja la auditoría del ejercicio realizada ya con la investigación en marcha. Sin embargo, la UDEF apunta que "en la diligencia judicial practicada apenas se han recabado documentos justificativos de lo anterior". "En algunos casos, los gastos de la tarjeta y documentos hallados en el volcado informático ubican a Jesús Castellanos en un lugar diferente al que consta en el documento justificativo de indemnizaciones de carácter individual", señala el informe.

"Concerniente al Secretario General José María Pujadas, se ha podido acreditar documentalmente la formalización recurrente de documentos justificativos de gastos por indemnizaciones de carácter individual, kilometrajes, por importes , aproximadamente, de 550 euros mensuales", dice el informe sobre José María Pujadas. "Recibe esa cantidad aparte de las indemnizaciones, dietas de manutención y gastos de locomoción, por desplazamientos a competiciones, reuniones, etc.". Como en el caso de Pérez Otín, la cantidad recogida en las auditorías no es la misma que lo ingresado en sus cuentas. Entre 2012 y 2013, Pujadas ingresó 93.532.38 euros de la RFET, cuando los informes de auditorías reflejaban pagos por 74.419,2.

Castellanos, Pujadas y Pérez Otín están siendo investigados por el juzgado por presuntos delitos de fraude de subvenciones, malversación de caudales públicos, administración desleal, apropiación indebida y falsedad documental. A ellos se les suman Alicia Sánchez, actual gerente y tesorera de la federación, y Victorino Pizarro, expresidente de la Federación Valenciana de Taekwondo.

La investigación que lleva el Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante se inició en 2015 tras una denuncia interpuesta ante la UDEF por Eugenio Granjo, entrenador y miembro de la asamblea de la federación valenciana. La unidad policial informó a la Fiscalía Anticorrupción, que en febrero de 2016 presentó una denuncia en el juzgado alicantino. En la actualidad, además del Ministerio Fiscal y Granjo, están personados en la causa el presidente de la federación gallega, Juan Carlos Eiriz López; Jesús Tortosa, extécnico de la RFET; y el CSD.

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