El CSD se contradice en sus motivos para no suspender al presidente del taekwondo

El horizonte judicial de Jesús Castellanos, presidente de la Real Federación Española de Taekwondo (RFET), se alarga. El Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante decretó hace una semana la ampliación del plazo de instrucción de la causa que investiga en diligencias previas a él y otros directivos por presuntos delitos de fraude de subvenciones, malversación de caudales públicos, administración desleal, apropiación indebida y falsedad documental. Su permanencia al frente de la RFET está asegurada de momento por la decisión del Consejo Superior de Deportes (CSD) de no suspenderlo, aunque los motivos esgrimidos por ese organismo son contradictorios.

En un auto fechado el 7 de junio al que ha tenido acceso El Confidencial, el magistrado José Luis de la Fuente Yanes justifica la ampliación por la complejidad de los hechos denunciados, la existencia de varios investigados, la pluralidad de partes personadas y la necesidad de analizar la documentación intervenida en los registros, el principal realizado el 14 de junio de 2016 en la sede de la federación.

Ese día también fueron detenidos Castellanos y José María Pujadas, secretario general de la RFET. Además de ellos, el juzgado investiga a otras tres personas: Miguel Pérez Otín (gerente y tesorero cuando comenzó la investigación), Alicia Sánchez (que ocupa esos puestos en la actualidad) y Victorino Pizarro (presidente de la Federación Valenciana de Taekwondo).

La investigación comenzó en 2015 tras una denuncia interpuesta ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) por Eugenio Granjo, entrenador y miembro de la asamblea de la federación valenciana. La UDEF puso la información en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción, que en febrero de 2016 presentó una denuncia en el juzgado alicantino. En la actualidad, además del Ministerio Fiscal y Granjo, están personados en la causa el presidente de la federación gallega, Juan Carlos Eiriz López; Jesús Tortosa, padre del taekwondista del mismo nombre que compitió en Río 2016; y el CSD.

Las pesquisas de la UDEF han detectado irregularidades contables con el taquillaje de varias competiciones, el desvío a los directivos de dinero del CSD dedicado a la Alta Competición o a la promoción del deporte femenino y el pago de sobresueldos a través de dietas por transporte y alojamiento.

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Jesús Castellanos también se enfrenta a un procedimiento administrativo que podría apartarlo de la presidencia de la federación. En abril de 2017, más de un año después del comienzo de la investigación por parte del Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante, el CSD remitió al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) una denuncia por la posible comisión de infracciones disciplinarias deportivas. Y el 2 de junio, el TAD acordó incoar expediente disciplinario a Castellanos.

Esa apertura de expediente podría haber provocado su suspensión cautelar y provisional, pero el órgano con competencias para ello, la Comisión Directiva del CSD (de la que forma parte Castellanos en representación de las federaciones deportivas), primero aplazó su decisión y luego desestimó esa medida. En la reunión del 5 de octubre de 2017, el presidente del CSD, José Ramón Lete, propuso retrasar la decisión hasta recibir un informe de la fiscalía sobre el estado del procedimiento judicial. La Comisión Directiva lo aprobó de manera unánime, según el acta de la reunión facilitada por el CSD a El Confidencial tras una solicitud de información pública al amparo de la ley de transparencia. Seis días después, el TAD dejó en suspenso el expediente disciplinario al entender que existe identidad de sujeto, hechos y fundamentos entre la infracción administrativa y la penal que se le imputa en el juzgado alicantino.

En la siguiente reunión, los miembros de la Comisión Directiva recibieron un informe de la Abogacía del Estado analizando el caso. El Confidencial solicitó ese informe al departamento de prensa del CSD, que denegó su entrega. Sin embargo, el informe es público y se puede acceder a él después de que el Gobierno lo adjuntara en una respuesta al diputado socialista Javier Antón, que preguntó por ese asunto.

La Abogacía concluyó que se podía adoptar la suspensión de Castellanos, aunque dejó la decisión en manos de la Comisión Directiva, que debía considerar si las presuntas infracciones del presidente afectaban "al cumplimiento efectivo de las funciones encomendadas a la Federación" (puedes leer el informe aquí). Con esa información en la mano, el 13 de febrero la Comisión Directiva decidió no suspender a Castellanos. El CSD no proporcionó a este periódico el acta de esa reunión porque aún no está aprobada.

Los motivos de esa decisión no están claros porque el propio CSD se contradice. La nota de prensa posterior (la única información que se suele hacer pública) indicaba que la suspensión no era posible porque "las infracciones administrativas que motivaron la apertura de sus expedientes disciplinarios no conllevan, según la legislación normativa en vigor, la suspensión provisional". Eso no coincide con el informe de la Abogacía del Estado. En la respuesta al diputado socialista Javier Antón, el Gobierno da una versión que sí encaja con ese informe: indica que la Comisión Directiva entendió que la situación de Castellanos "no afectaba al normal funcionamiento de la Federación" y que la falta de pronunciamiento judicial provocaría que la suspensión fuera una medida desproporcionada.

Castellanos seguirá siendo el presidente de la RFET, cargo para el que fue reelegido en abril de 2017, a menos que el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante termine la instrucción y lo envíe a juicio. Solo en ese caso parece posible que la Comisión Directiva cambie de parecer y decida suspenderlo. Mientras, las denuncias contra él en vía administrativa siguen acumulándose. Además de la que provocó la incoación del expediente disciplinario, el CSD ha remitido al TAD otras dos, la última el 30 de mayo.

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