ha presentado 10 preguntas en el congreso

El PSOE pide explicaciones al Gobierno por la diferencia de trato a Villar y Castellanos

El Grupo Socialista considera que el CSD no ha actuado de la misma manera con el presidente de la federación de taekwondo que con Ángel María Villa pese a que se enfrentan a cargos similares

Foto: Lete (c) acudió el mes pasado a la Asamblea de la RFET. En la imagen aparece junto a Jesús Castellanos (d) y Alejandro Blanco (i). (Foto: COE)
Lete (c) acudió el mes pasado a la Asamblea de la RFET. En la imagen aparece junto a Jesús Castellanos (d) y Alejandro Blanco (i). (Foto: COE)

Los problemas judiciales de Real Federación Española de Taekwondo (RFET), cuyo presidente, Jesús Castellanos, está siendo investigado por el Juzgado número 7 de Alicante, han llegado al Congreso de los Diputados. El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado diez preguntas al Gobierno sobre la actuación en ese asunto del Consejo Superior de Deportes (CSD), órgano dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

En concreto, el PSOE le pide que explique por qué no actuó cuando recibió varias denuncias por presuntas irregularidades y por qué su postura ha sido diferente a la adoptada con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). En ese caso, el presidente, Ángel María Villar, investigado por cargos similares a los de Castellanos, fue suspendido por el CSD una semana después de ser detenido. También cuestiona el apoyo público que José Ramón Lete, secretario de Estado para el Deporte y presidente del CSD, ha brindado a la gestión de Castellanos.

"Tenemos una preocupación que nos han trasladado distintas personas del entorno de la federación de taekwondo", explica Artemi Rallo, diputado por Castellón. que el pasado 17 de agosto presentó las preguntas en el registro del Congreso. "En los últimos tiempos ha habido un escándalo mayúsculo con la federación de fútbol en el que todas las instancias deportivas han tomado cartas en el asunto. Sin embargo, en hechos presuntamente similares ha sucedido todo lo contrario a primera vista. Parece que el CSD y las instancias correspondientes no ha tomado la debida consideración con esa situación, que además está judicializada".

El caso de la federación de taekwondo arrancó con una denuncia de un miembro de la federación valenciana a la que sumó la federación gallega y más tarde la Fiscalía Anticorrupción. En junio de 2016, Jesús Castellanos y otros miembros de la cúpula federativa fueron detenidos y luego puestos en libertad. Se les investiga por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, administración desleal, fraude a las subvenciones, apropiación indebida y falsedad documental. El diputado socialista recuerda que el CSD desestimó en 2015 varias denuncias por presuntas irregularidades económicas en la federación que luego dieron lugar a la apertura de esas diligencias.

Imagen de la Comisión Directiva del CSD que suspendió a Ángel María Villar. (Foto: CSD)
Imagen de la Comisión Directiva del CSD que suspendió a Ángel María Villar. (Foto: CSD)

Diferencia de trato con respecto a Villar

Rallo pregunta al Gobierno por qué más de un año después de la detención de Castellanos el CSD no ha convocado a la Comisión Directiva para tratar el asunto, a diferencia de la celeridad con la que se discutió el caso de la federación de fútbol. Entonces, tras la apertura de expediente por parte del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), la Comisión suspendió cautelarmente un año a Villar. Sin embargo, en lo que se refiere a la federación de taekwondo, el TAD solo se ha pronunciado sobre asuntos electorales y no sobre la gestión económica.

"Visto que el TAD ha resuelto el Caso Sr. Villar en menos de una semana mientras que en el caso del Sr. Castellanos y restantes directivos de la RFET, transcurrido 15 meses desde su detención y 10 meses desde las denuncias presentadas ante el CSD, aún no ha existido pronunciamiento del TAD, ¿cómo valora ese Ministerio este trato diferenciado ante las presuntas pero numerosas irregularidades electorales y económicas denunciadas reiteradamente?", pregunta Rallo. Uno de los miembros de la Comisión Directiva que suspendió a Villar el 25 de julio es Jesús Castellanos, nombrado vocal en 2015 por Miguel Cardenal a propuesta de las federaciones deportivas.

El anterior secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, se fotografió junto a Jesús Castellanos en los Juegos de Río de Janeiro. (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte)
El anterior secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, se fotografió junto a Jesús Castellanos en los Juegos de Río de Janeiro. (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte)

La pregunta más larga se refiere al apoyo público que tanto José Ramón Lete como el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, han otorgado a Castellanos, reelegido presidente en abril. Ambos acudieron a la Asamblea de la RFET celebrada el de julio en la sede del CSD y alabaron la gestión federativa. "¿Resultan procedentes y adecuadas las manifestaciones públicas de las máximas autoridades del deporte español ante la sombra de duda que empaña la gestión de estos dirigentes vistas las investigaciones judiciales conocidas? ¿Resulta pertinente ceder la sede del CSD para la celebración de dicha Asamblea, con el fin exclusivo de dar una apariencia de apoyo por parte del COE y del CSD a una gestión que la justicia investiga por la presunta comisión de cinco delitos (entre ellos, fraude a las subvenciones públicas procedentes del CSD?", pregunta el diputado.

El PSOE no solo cuestiona la actuación del actual secretario de Estado para el Deporte, también la de su antecesor en el cargo, Miguel Cardenal, por su apoyo público a Castellanos durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro (la fotografía superior corresponde a ese evento).

"Hay actuaciones que parece que validan el comportamiento de esos dirigentes. Y queremos explicaciones claras. Hay que dejar que la justicia haga su trabajo, pero desde el punto de vista político deja mucho que desear el comportamiento de las autoridades deportivas. Cuando hay un caso judicializado, las instancias políticas deberían ser prudentes y en todo caso actuar en beneficio del interés general. Y si corresponde algún tipo de actuación preventiva, debería actuarse en consecuencia. No valen dos raseros", afirma Rallo.

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