La última desescalada es la más compleja: tardaremos años en viajar como en 2019

Mientras la mayoría estábamos hipnotizados ante la retransmisión en directo del estallido de una pandemia, en los centros de poder de todo el planeta se iba repitiendo la misma pregunta. “Pero... ¿cómo vamos a cerrar las fronteras?”. Pocas cosas daban tanto miedo en los primeros meses de 2020 como quedar aislado en un mundo que llevaba décadas avanzando en sentido contrario.

Desde el fin de la Guerra Fría, la movilidad y el libre tránsito han sido metas deseables para la mayoría de gobiernos y sociedades. Con pocas excepciones y reveses puntuales como el que sucedió al 11-S, los países se han esforzado por habilitar zonas francas, por simplificar trámites y por facilitar accesos para atraer turistas, inversores, trabajadores, etcétera.

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También han surgido en estos años movimientos políticos y gobiernos abiertamente hostiles a la idea, pero han recibido un trato parecido al de quienes osaban dudar de la ortodoxia del libre mercado. Se interpretaba como una vuelta a tiempos oscuros, a los telones de acero o de bambú, como una marcha atrás en el inexorable tránsito hacia el progreso. Y el rechazo que suscitaban, incluso en países de tradición aislacionista como China, es la mejor prueba de lo interiorizada que estaba la doctrina.

Es evidente que la pandemia no hubiese prendido tan rápido, ni con tanta voracidad, de no ser porque a principios del año pasado el planeta era un campo abierto para miles de millones de personas. El flujo se cortó de manera radical de la noche a la mañana y algunos entendieron que acababan de ser refrendadas sus tesis a favor del tránsito restringido o la autarquía.

15 meses después, con la campaña de vacunación avanzada en buena parte de Occidente, los gobiernos empiezan a plantearse en serio la desescalada global. No es un asunto menor: hay cantidad de factores y variables en juego. Como si fuese una caja fuerte, no resulta sencillo abrir algo que se cerró de un portazo. Los expertos consultados creen que la normalidad —entendida como la vuelta a diciembre de 2019— quizá no llegue nunca. Y que, si lo hace, tardará como poco entre cinco y 10 años en completarse.

“Para empezar, no se va a hacer al mismo ritmo en todo el mundo. Habrá enormes diferencias y excepciones que pueden alargarse muchos años. Habrá países a los que viajar será sencillo y otros a los que será casi imposible”, razona uno de los funcionarios de Exteriores que trabaja en la reapertura de las fronteras. “Ten en cuenta que ahora mismo seguimos cerrados para la mayoría del mundo”, ilustra. La orden 657/2020 de Interior regula desde julio del año pasado las fronteras españolas, añadiendo o eliminando países a la lista, estableciendo o tumbando requisitos. Y solo un pequeño grupo, en el que están países como Alemania o Nueva Zelanda, pueden entrar igual que hacían antes de la pandemia.

España parte de una situación delicada: necesita el turismo, pero no puede arriesgarse a perder el control de la pandemia

España también parte de una situación delicada para afrontar esta nueva fase. Nuestra economía necesita la reactivación del turismo, pero, al mismo tiempo, no puede arriesgarse a perder el control de la incidencia acumulada, de nuevos brotes y variantes, porque eso ahuyentaría a los viajeros. Y, como el resto de países desarrollados, necesita controlar los flujos para evitar algo que temen muchos gobiernos europeos: una gran oleada migratoria procedente de los países donde las economías de cientos de millones de familias han colapsado a causa de la pandemia.

A corto plazo, la estrategia de la Unión Europea descansa sobre el pasaporte covid, un mecanismo de control sanitario que puede servir de dique para contener otros miedos. Aún está por definir casi todo, por ver cómo se homologan y cómo se comprueba su autenticidad, pero el certificado que acredita la vacunación es un requisito que tardará aún muchos meses en situarse al alcance de la población en decenas de países. Los jóvenes, más propensos a buscar suerte en el extranjero, suelen estar los últimos en las listas de prioridades.

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Hay que recordar que, aunque la patera o el salto de la verja se haya convertido en la imagen de la inmigración irregular, la mayoría de quienes se instalan sin papeles en Europa llegan en avión, con un visado de turista o un pasaporte que, como el colombiano, era aceptado sin requisitos en cualquier aeropuerto español antes de la pandemia. Da un poco igual cuántas pateras desembarquen en la playa: sin viajes de avión apenas hay inmigrantes. Los flujos, de hecho, han colapsado hasta niveles sin precedentes en todo el planeta en estos 15 meses.

La suma de esa presión migratoria embalsada, del impacto económico de la pandemia en los países en desarrollo y de la recuperación a diferentes velocidades —pronto habrá países con inmunidad de grupo que compartan frontera con otros donde aún no han entrado ni una sola vacuna homologada en Occidente— complica la situación y hace que los gobiernos de los países desarrollados sean hoy más propensos a mantener las fronteras cerradas de lo que han estado en décadas.

Camino Mortera, investigadora sénior en el Center for European Reforms en Bruselas, está convencida de que el espacio Schengen europeo sobrevivirá a la embestida (“creo que es mucho más resistente de lo que pensamos y está pensado para resistir este tipo de 'shocks' externos”), pero pronostica “cambios importantes” en los sistemas de gestión de las fronteras y no ve factible una vuelta a la situación de diciembre de 2019 hasta dentro de por lo menos una década.

El pasaporte europeo en sí mismo es un cambio de las reglas de juego de proporciones descomunales, un requisito que en otras circunstancias habría resultado casi imposible asimilar. “Una vez que la UE ha dado este salto enorme de convencer a los Estados miembro de la necesidad de acumular datos sobre la salud de sus ciudadanos, se va a normalizar la idea de que existan requisitos para viajar complementarios al visado o al pasaporte”.

El proceso que viviremos en los próximos meses será un desafío para la Unión Europea

El proceso que viviremos en los próximos meses no solo queda a expensas de nuevas variables del virus, de tasas de incidencia y de semáforos de colores, sino que será necesario concertar las políticas de los diferentes países miembros de la Unión Europea, que siguen siendo soberanos para abrir o cerrar sus fronteras. La Comisión Europea, recordemos, solo tiene potestad para emitir recomendaciones y presionar para que se cumplan. Otro matiz complica las cosas: de las decenas de vacunas en marcha, solo se aceptan aquellas autorizadas por la EMA. O, dicho de otra manera: a efectos europeos, un ciudadano chileno inoculado con Sinovac (China) o Sputnik (Rusia) no está vacunado.

Ana María López Sala, experta en migraciones del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC, está convencida de que la movilidad global no se va a reactivar a corto y medio plazo. “Se está produciendo una alteración de todas las dinámicas que habíamos observado hasta ahora”. En países como Marruecos, México o incluso España, que han venido funcionando como zonas de paso de rutas migratorias, las consecuencias son imprevisibles. “Todavía no tenemos indicios de qué puede ocurrir”. Pone como ejemplo el de la mano de obra extranjera empleada en el sector agrario. “Ante la gran demanda de temporeros que hubo en varios países, muchos de los que habían acudido tradicionalmente a España se fueron a Alemania. Es pronto para saber si esto fue algo coyuntural o ha activado una dinámica nueva. La incertidumbre es altísima”.

De lo que nadie tiene dudas es de que la mayoría de los gobiernos occidentales, independientemente de su color político, van a estar sometidos a la tentación de alargar en el tiempo todo lo posible el frenazo de los flujos migratorios. Aún en un escenario de fuerte recuperación económica, “la tendencia en toda Europa es evitar por todos medios la llegada de inmigrantes, con excepciones muy puntuales como la de los temporeros. Esto era un proceso que estaba evolucionando y que la pandemia claramente ha acelerado”.

Algunos gobiernos, como el holandés, están estudiando activamente medidas para gestionar las entradas y salidas del país de otra manera. “Se pueden abrir las fronteras a estudiantes y turistas con dinero, pero no a solicitantes de asilo o familias de bajo poder adquisitivo”. Prácticas que llevan años implementándose y que en esta coyuntura se van a perfeccionar o ampliar hasta niveles nunca antes vistos.

Si todas las previsiones se sustancian y las tendencias se consolidan, la pandemia acabará provocando un frenazo estructural de los flujos migratorios por el que la mayoría de los países europeos acabaremos pagando un altísimo precio. No tanto hoy como en 20 o 30 años. Un invierno demográfico con la natalidad por los suelos y sin inmigrantes: un escenario a la japonesa que amenaza nuestra forma de vida mucho más que las anecdóticas fricciones culturales propias de las sociedades con fronteras abiertas.