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El Pulso Económico | En España no hay 4,2 M de ricos y otras minas del plan para la UE
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Esta semana, Bruselas empieza a analizar contrarreloj toda la documentación que el Gobierno ha remitido para convencer a nuestros socios de que vamos en serio con las reformas

Foto: Imagen: Irene de Pablo.
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Con permiso de las elecciones en Madrid, que lo van a inundar todo, esta semana Bruselas empieza a analizar contrarreloj toda la documentación que el Gobierno ha remitido a para convencer a nuestros socios de que vamos en serio con las reformas y merecemos su visto bueno apriorístico. Esa luz verde, que debería llegar entre mediados y finales de junio, viene con un anticipo bajo el brazo del 13% sobre los 70.000 millones en ayudas directas del fondo europeo. 9.000 millones de euros, que no está mal.

Pero visto el precedente de este fin de semana, no descarten que nos encontremos con minas ocultas a medida que se vayan conociendo todos los documentos. El Gobierno publicó el pasado viernes por la tarde cuatro de ellos. El Programa Nacional de Reformas (113 páginas), la Actualización del Programa de Estabilidad 2021-2024 (138 páginas), el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (348 páginas) y la Presentación del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (26 páginas). Para espanto de Ángel Gabilondo y sus expectativas para mañana, de esas 625 páginas ya han salido algunas perlas: como que saldremos de la crisis con el mismo gasto sanitario sobre PIB con el que entramos (a pesar de las promesas de reforzar el sistema público de salud tras la pandemia) y que el Gobierno prevé eliminar las bonificaciones fiscales por tributación conjunta a 4,2 millones de personas (2,1 millones de familias). Y no, no han aparecido de repente en España más de cuatro millones de ricos, que eran, según el pacto de gobierno de PSOE y UP los únicos que iban a pagar más IRPF. La medida afecta a todo tipo de rentas y causa estragos en las parejas clase media donde uno gana mucho más que el otro.

Foto: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE)

Por eso fuentes del Ministerio de Hacienda salieron al paso ayer por la tarde para apagar el incendio y asegurar que el texto enviado a Bruselas se ha malinterpretado, que el Gobierno no va a tocar esa figura y que aunque aparezca ahí mencionada, no forma parte de las medidas que se han comprometido a ejecutar. Pero lo que dice el documento en su página 341 es literalmente es esto: "Se incluye la paulatina desaparición de la reducción por tributación conjunta mediante el establecimiento de un régimen transitorio, debido a que genera un desincentivo a la participación laboral del segundo perceptor de renta (principalmente mujeres)". Una posibilidad es que el documento se haya hecho deprisa y corriendo y que ese párrafo sea realmente un error. No tendría que estar ahí, o al menos no con esas palabras, pero algún cortapega traicionero la ha mantenido. Otra opción es que sí exista esa intención del Gobierno, pero que la cercanía del 4-M aconseje negarla. Juzguen ustedes.

La medida recauda 2.400 millones de euros al año, por lo que el golpe medio por hogar ascendería a 1.150 euros anuales. El argumento del Gobierno para eliminarla no es ni tan siquiera que la medida sea regresiva (como sí podría argumentarse en el caso de las bonificaciones fiscales por aportaciones a planes de pensiones). De hecho, de esta figura fiscal se empiezan a beneficiar de forma significativa rentas a partir de 12.000 euros anuales. La razón oficial es que la tributación conjunta penaliza a las mujeres porque desincentiva su incorporación al mercado laboral. Pero si la medida no viene acompañada de una oferta de trabajo para la mujer de la familia que va a tener que pagar 1.150 euros más al año, es algo complicado de explicar al ciudadano medio.

Pero ya llueve sobre tributado. Lo de la declaración conjunta (2.400 millones) se une a la subida de impuestos al diésel y a los combustibles fósiles (1.200 millones). Entre las dos suman 3.600 millones de euros que no discriminan por rentas y que, de cristalizar, saldrán de las carteras del español medio. Una contradicción difícil de cabalgar para quien ha prometido que solo subirían los impuestos a los ricos y a las grandes empresas. Técnicamente pueden ser medidas impecables, pero políticamente son insostenibles.

Y esto es lo que sabemos antes del 4-M. Está por ver qué sorpresas aflorarán después de la batalla electoral de Madrid y cuántas tendrán que ser rectificadas, pero una cosa es segura: la diferencia de siete puntos de PIB entre la recaudación fiscal española y la media europea solo se arregla subiendo los impuestos a todos. El político que quiera corregir ese gap debería empezar por hablar a los ciudadanos como adultos, decirles por cuánto les va a salir a cada uno y que estos sopesen pros y contras de la medida.

Macro y mercados

De momento, el paro registrado del mes anterior y las afiliaciones a la Seguridad Social, que habitualmente salen el primer martes de mes, se han pasado esta vez al miércoles 5. Para el viernes se esperan los datos de producción industrial de España.

Y tal y como ocurrió la semana pasada, los próximos cinco días vienen cargados de resultados empresariales. Este lunes publican PharmaMar, Renta 4, Deoleo y Prisa, de la que hoy desvelamos que el Grupo Godó ya negocia para ser accionista de referencia de la filial de Medios. Mañana presentan Grifols y el miércoles Endesa, Cie Automotive, Unicaja y Pescanova. Para el jueves, día gordo: Ferrovial, ArcelorMittal, CaixaBank, Acciona, Fluidra, Mediaset, Prosegur, Sacyr, y Metrovacesa. Y para cerrar la semana el viernes: Amadeus, Cellnex, IAG, Solaria y Codere.

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Con permiso de las elecciones en Madrid, que lo van a inundar todo, esta semana Bruselas empieza a analizar contrarreloj toda la documentación que el Gobierno ha remitido a para convencer a nuestros socios de que vamos en serio con las reformas y merecemos su visto bueno apriorístico. Esa luz verde, que debería llegar entre mediados y finales de junio, viene con un anticipo bajo el brazo del 13% sobre los 70.000 millones en ayudas directas del fondo europeo. 9.000 millones de euros, que no está mal.

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