Los independentistas catalanes guardan en la manga una última carta para solventar cualquier incidencia en el desarrollo de la organización del referéndum. Es su plan B, aunque todas las fuentes consultadas evitan calificarlo como tal, ya que la consigna es no parecer derrotistas y hablar en público como si la consulta se fuese a realizar lo quiera o no el Gobierno central y el Tribunal Constitucional.
Una vez superada ayer la fecha tope para hacer coincidir las elecciones autonómicas con el referéndum ilegal, el presidente Carles Puigdemont sigue decidido a mantener la fecha del 1 de octubre para la consulta, arriesgándose a ser inhabilitado o a que la autonomía sea intervenida. Y ése es, precisamente, uno de los objetivos que cuenta con más adeptos centro del círculo de confianza del ‘president’: convencidos de que la Guardia Civil o el Ejército no intervendrán en Cataluña y de que no habrá una foto negativa que mostrar al mundo, la intención es hacer que el Gobierno central intervenga la autonomía y obligue a convocar elecciones autonómicas este otoño.
Candidatura de no profesionales
En esa tesitura, se ha barajado ya la posibilidad de confeccionar una sola candidatura de independentistas para convertir los comicios, de nuevo, en unas supuestas elecciones constituyentes. “Se trataría de una lista en la que primaría la sociedad civil. Evidentemente, en ella entraría el PDeCAT, ERC, la CUP, otros partidos como Demòcrates o MES y todas las organizaciones cívicas a favor del derecho a decidir. Pero los primeros puestos estarían reservados a candidatos que no sean políticos. Sólo el final de la candidatura estaría formado por políticos representantes de los partidos”, explica a El Confidencial una fuente independentista.
La opción, no obstante, ha de salvar escollos importantes: en primer lugar, se obliga con ello a renunciar a políticos profesionales, de los que llevan toda su vida aferrados al erario público, por lo que no es nada fácil que accedan a ceder los puestos principales a neófitos en la materia. “Pero así se sabrá quiénes están dispuestos a renunciar a algo por el bien del país”, subrayan las fuentes.
El segundo escollo es reunir bajo una misma candidatura a formaciones tan dispares como el PDeCAT y la CUP, donde se amalgaman desde independentistas puros y duros hasta antisistema y anticapitalistas. Una diversidad, en suma, muy difícil de conjugar.
Una de las fuentes consultadas señala que esta opción “materializaría un Gobierno de concentración, en caso de ganar las elecciones, y se comenzaría ya el proceso constituyente, con la proclamación de la independencia en el momento de la constitución del nuevo Parlamento”.
Los argumentos separatistas en este caso tienen también algunas lagunas: para empezar, en esos momentos, las instituciones catalanas estarán sujetas a la legislación española, por lo que las decisiones del recién elegido Parlamento pueden ser recurridas por el Gobierno central y anuladas por el Tribunal Constitucional. No obstante, los independentistas tendrían a su favor un punto: podrían provocar el choque de trenes a posteriori de las elecciones. Hasta ahora, se había previsto ese choque a causa del referéndum y, por tanto, antes de unas hipotéticas autonómicas.
“En ese momento, si la coalición de concentración saca mayoría absoluta, estaría legitimada para proclamar la independencia e iniciar la creación de la República catalana. ¿Alguien puede poner en duda la legitimación democrática de una candidatura que haya ganado con mayoría absoluta las elecciones? Sería un golpe extraordinario al Gobierno español. Se trata de aprovechar las circunstancias para darle la vuelta a la tortilla”, subrayan las fuentes. Ésta es, pues, la alternativa que va ganando enteros en los últimos días.