Ley de Autodeterminación de Cataluña

Puigdemont se inventa un referéndum con censo propio y sin mínimo de participación

Con la ausencia de Ciudadanos, PSC y PP, los independentistas presentaron el texto en un acto celebrado en el Parlamento catalán

Ley de Autodeterminación de Cataluña. Este es el pomposo nombre que los independentistas catalanes le han dado a la ley del referéndum con la que quieren convocar a los ciudadanos a las urnas para decidir el próximo 1 de octubre si esta comunidad se separa de España o no. Con la ausencia de Ciudadanos, PSC y PP, los independentistas han presentado el texto en un acto celebrado en el Parlamento catalán, al que ha asistido medio Gobierno (el otro medio estaba congregado en la tradicional reunión que realiza todos los martes el Ejecutivo que preside Carles Puigdemont).

No hubo grandes sorpresas. O sí, depende de cómo se mire. La primera, la creación de otro 'juguete' secesionista: la Sindicatura Electoral de Cataluña, al margen de la Junta Electoral Central (JEC) española, que estará compuesta por cinco "juristas o politólogos". Así lo anunció el vicepresidente de la Mesa del Parlamento y miembro de JxS, Lluís Corominas. Cataluña no tiene ley electoral propia, por lo que sus elecciones se rigen por la ley española. Con la creación de la nueva Sindicatura Electoral, la Generalitat rompe jurídicamente con el sistema legal y constitucional. Además, existe otra circunstancia extraordinaria: en vez de contenerse la creación de ese organismo en una ley electoral, se realiza a través de la ley del referéndum.

Por su parte, el presidente de Junts Pel Sí (JxS) —la plataforma que agrupa a la antigua Convergència y a ERC—, Jordi Turull, detalló al inicio del acto que el articulado de la ley del referéndum no es "de trazo grueso, sino de punta de cojín para darle la máxima solvencia y rigor". Eso sí, advirtió: "No es un documento intocable y estamos abiertos a modificaciones".

Pero, a continuación, el portavoz de la CUP, Benet Salellas, señaló que no es una ley del referéndum, sino "la ley de autodeterminación". Vamos, fue un zasca con todas las de la ley a sus socios que habían presentado la iniciativa como un proceso lógico. Lo que no querían los soberanistas de JxS era, precisamente, dar la impresión de una ruptura por las bravas.

Pero los de la CUP son así. Salellas detalló que se ha dividido el tramo final del proceso en dos partes: "Una es la ley de autodeterminación y otra, la ley de transitoriedad. Son dos conceptos diferentes". Su compañero Joan Garriga había dicho minutos antes que "lo que hasta ayer era un proyecto de voluntad política, ahora es un acto de ejercicio del derecho a la autodeterminación que no tiene retorno".

Marcos Lamelas. BarcelonaMarcos Lamelas. Barcelona


El derecho de autodeterminación

En el acto, los 'cuperos' pusieron el contenido político y los de JxS, las cuestiones técnicas y jurídicas. De ahí que Salellas hubiese afirmado que las resoluciones de la Corte Suprema del Canadá son "plenamente aplicables a Cataluña, que es objeto de soberanía". Y no se quedó ahí: "No tenemos una Corte Constitucional como la de Canadá", pero subrayó que fue el Tribunal Constitucional "el que ha hecho un acto de unilateralidad. Fue el primero que rompió el pacto constitucional tras su sentencia contra el Estatuto, que provocó una respuesta masiva de los catalanes".

Lo que quedó claro es que la ley que quiere aprobar Puigdemont (que no asomó por el auditorio del Parlamento, donde se celebró el evento) se basa solo en generalidades de resoluciones de organismos internacionales sobre "el derecho a la autodeterminación". Y el acto de este martes es "de compromiso político con la libertad y el ejercicio del derecho a decidirlo todo”, según Garriga. Su compañera Gabriela Serra hizo una lectura incluso más drástica: "Esto es una muestra de libertad y de dignidad porque no nos hemos acojonado ni hemos hecho caso de los requerimientos y amenazas del TC. Y es un acto de soberanía. Y, claro, de desobediencia, porque nos han dicho por activa y por pasiva que si esto se hacía, nos castigarían". Nuevo zasca de la CUP.

El razonamiento 'jurídico' de JxS no fue mucho más esclarecedor. La portavoz de la formación (que también es secretaria general de ERC), Marta Rovira, extrajo tres grandes conclusiones de la ley que presentaron: "A nivel político, significa la respuesta democrática a la ruptura del pacto democrático del 78, sobre todo después de la sentencia del TC sobre el Estatuto (…). A nivel político y jurídico, esta ley significa el derecho a la autodeterminación (…). Y, en tercer lugar, el éxito del referéndum no depende de la aprobación de esta ley. Ni siquiera depende de la celebración efectiva del referéndum, sino que su éxito depende de que tenga una participación muy elevada que garantice una campaña con plena representatividad de todas las opciones".

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y el vicepresidente primero, Lluís Corominas. (EFE)
La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y el vicepresidente primero, Lluís Corominas. (EFE)

Argumentos filosóficos y surrealistas

Pero la justificación de la norma que permite al Gobierno convocar un referéndum para el que no tiene competencias no deja de ser etérea, más obtenida de un silogismo filosófico que de un estudio jurídico serio. Concretamente, del silogismo 'Bárbara': "El derecho a la autodeterminación está en todos los tratados internacionales. Y España ha firmado esos tratados. Por tanto, esos tratados forman parte del ordenamiento jurídico español. La doctrina internacional nos avala porque dice que el derecho a la autodeterminación se ha aplicado en múltiples formas durante este siglo y el siglo pasado", enfatizó la portavoz de JxS.

Hecho ese planteamiento, la republicana llevó el agua a su molino y se sacó de la manga la aplicación particular de las normas internacionales: "Nosotros, ahora, lo aplicaremos mediante un referéndum. No existe ninguna orden ni costumbre en el derecho internacional que nos lo impida. Solo nos pone un límite: el uso ilícito de la fuerza bruta y la vulneración grave de las leyes internacionales", razonaba Marta Rovira. En otras palabras: los argumentos jurídicos puestos encima de la mesa son casi surrealistas, un brindis al sol.

En líneas generales, la norma que regula la consulta es similar en forma y fondo a las que pueden existir en cualquier Estado. Pero hay una característica especial: no prevé un mínimo de participación. Con ello, los independentistas quieren curarse en salud y adelantarse a una posible baja participación el 1 de octubre. En este sentido, la hoja de ruta que expuso la 'cupera' Gabriela Serra aseguró que si el resultado del 1 de octubre es contrario a que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república, "el 'president' debe convocar nuevas elecciones autonómicas inmediatamente. Pero si son favorables, se habrán de declarar la república catalana y la independencia. Y los dos días siguientes, habremos de abrir el periodo constituyente para aplicar el resultado y crear la república catalana independiente". Tras la proclamación, comenzaría un “proceso constituyente” en el que se abriría un periodo de participación popular para decidir “los rasgos básicos que deberá tener la Constitución”.

Serra también enfatizó que "la participación será vinculante. Si no fuese un referéndum vinculante, no tendría libertad ni dignidad ni soberanía. No estamos hablando de una movilización ciudadana. Estamos hablando de un acto decisivo, de una determinación, de una autoafirmación. Eso quiere decir que es vinculante. Y llamamos a la gente a decidir".

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