Los 'enchufados' de Mas: directivos con sobresueldos en la ola más dura de recortes

La empresa pública Acció, que regula la actividad empresarial que realiza la Generalitat de Cataluña, mantuvo durante los duros años de la crisis a un reducido número de ‘enchufados’ y de directivos cobrando sobresueldos que no les correspondían, a juicio de los supervisores. También se detectaron irregularidades, como la ausencia de los informes obligatorios de los órganos de fiscalización, la certificación de subvenciones sin que se hubiese realizado control alguno sobre si se habían cumplido los objetivos subvencionados y la indolencia de la Administración catalana para reclamar el reintegro de subvenciones mal concedidas, entre otras cuestiones.

Un informe de la Sindicatura de Cuentas señala que “en los años 2012 y 2013, los consejeros delegados de Acció percibieron remuneraciones superiores a las establecidas por el Gobierno para estos cargos sin que se acreditara ninguna autorización por parte del departamento competente en materia de función pública ni del departamento de Economía”. En ese periodo, el Gobierno de Artur Mas, en plena ola de recortes, “remuneró con un complemento vinculado a la facturación a 20 trabajadores y a 12, aunque la Ley de Presupuestos establece que no se pueden reconocer retribuciones vinculadas a la productividad o conceptos análogos”. Los 20 trabajadores citados correspondían al Cidem y los 12 restantes, al Copca.

Según la Consejería de Empleo, que es de la que depende la empresa pública, “los complementos que recibían las personas son debidos a cambios temporales del puesto de trabajo o mayor dedicación puntual, por ejemplo, secretarias de dirección que ocupan puestos previsiblemente de duración determinada. El modelo retributivo es similar al aplicable entre el personal funcionario. Dado que son labores que se prevén temporales, la retribución también debe establecerse como temporal. Es por eso que se hace un complemento y se evita que el sueldo quede consolidado una vez que dejen de realizarse las labores asignadas”.

Respecto a las remuneraciones más altas de los salarios de directivos, las explicaciones son menos sólidas. Según el Departamento de Empleo, “las labores de fusión de las entidades Cidem y Copca en una única organización supusieron la amortización de una plaza de consejero delegado, además de un esfuerzo adicional muy importante y una mayor dedicación del consejero delegado. Por eso, en su contratación por nombramiento tenían un sueldo por encima del establecido. Actualmente, con la fusión finalizada, esta situación se ha normalizado”.

Cuentas que no se entregan

El informe subraya, por otra parte, que Acció no entregó sus cuentas a la Sindicatura durante los ejercicios de 2012 y 2013. No era la única irregularidad: “El envío de cuentas a la Intervención General de la Generalitat se hizo fuera de plazo y, además, la información era incompleta, ya que no se incluía el cálculo del remanente de tesorería ni la memoria explicativa de la liquidación presupuestaria”. El descontrol en los años citados era, al parecer, enorme. “El listado de contratos adjudicados facilitados por el área de asesoría jurídica y contratación para los dos ejercicios fiscalizados no recoge la totalidad de la contratación con proveedores, según se desprende de la contabilidad. Además, en algunos casos, los datos de los expedientes, según el listado facilitado, presentan diferencias con los datos de los expedientes revisados”.

Asimismo, en la prestación de servicios de carácter recurrente, se saltaban las normas a la torera y se contrataba a dedo a una misma empresa. En sus recomendaciones finales, la Sindicatura subraya que “es necesario que los servicios recurrentes se contraten mediante un procedimiento abierto o negociado con publicidad”.

El informe subraya que Acció no entregó sus cuentas a la Sindicatura durante 2012 y 2013

El informe explica también que “Acció no realiza comprobaciones [muestreo o exhaustivas] para validar las declaraciones responsables que forman parte de las solicitudes presentadas por los beneficiarios”. Y explica que, no obstante, en algunos informes de evaluación “se consideraron como no subvencionables determinados gastos (…) aunque cumplían los requisitos de subvencionalidad establecidos en las bases". Eso sí, considera que con los criterios normales de evaluación, las subvenciones recibidas por la Fundación Privada Ascamm habrían sido inferiores a 250.000 euros en una de las ocasiones y a 30.000 euros en otra.

Los inspectores descubrieron también que los gastos de personal subvencionados a la Agrupación Catalana del Textil y de la Moda, que fueron de 11.217 euros, tendrían que haber sido de 4.777 euros, por lo que la cuantía pagada de más es de 6.440 euros. La consejería comunicó a la Sindicatura que iniciará los trámites para reclamar lo pagado de más.

En algunos expedientes, se definían unos criterios de valoración con la puntuación máxima, "pero no se indica cómo se alcanza esta puntuación"

En los expedientes de una de las líneas de subvenciones, la ejecución de los proyectos fue del 78, el 30, el 27 y el 72% respectivamente, aunque, a pesar de ello, “Acció certificó que los proyectos se habían realizado satisfactoriamente sin ninguna motivación que justificara que con estos ratios de ejecución se cumplía el objeto del contrato”.

En determinados expedientes, se definían también unos criterios de valoración con la puntuación máxima, “pero no se indica cómo se alcanza esta puntuación”. En otros, se consideraba la experiencia en trabajos similares “como criterio de adjudicación en lugar de criterio de solvencia”. En la mayoría de los casos, asegura el informe de la Sindicatura, no se respetaban los procedimientos que contiene la guía de contratación interna.

Hay que revisar los procedimientos

En cuanto a la concesión de subvenciones, los técnicos destacan que en varias líneas de ayudas no se indica la cuantía individualizada de la subvención o los criterios para su determinación, “sino que en ellas únicamente figura el importe máximo por beneficiario. Tampoco se prevén los criterios de asignación en el caso de que la suma de las solicitudes aprobadas sea superior al importe a conceder por la convocatoria”. En dos de las líneas de subvenciones, “no se define la forma de acreditar alguno de los requisitos [dilatada experiencia, conocimiento de estrategias y tácticas de comercio internacional] y, por lo tanto, su verificación queda al criterio del técnico evaluador”.

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En ocasiones, tampoco se especifica claramente el concepto de gastos subvencionables, “en concreto la consideración de instalación científico-técnica y los gastos de personal de cargos directivos, lo que queda a la interpretación subjetiva del técnico evaluador”. Algunos de los expedientes, según la Sindicatura, “podrían ser susceptibles de reintegro total o parcial”, pero la empresa pública no había tomado ninguna medida, dando por buenos todos los trabajos.

Tras los fallos detectados, la Sindicatura propone que “es menester una definición clara de los criterios de valoración, su puntación y de la motivación de la puntuación en los informes de valoración”. También reclama “que los pliegos establezcan unos requisitos mínimos de solvencia técnica y económica y hay que motivar adecuadamente las exclusiones”.

Algunos de los expedientes "podrían ser susceptibles de reintegro total o parcial", pero la empresa pública no había tomado ninguna medida

Lo más importante, no obstante, es que “hay que revisar algunos aspectos del procedimiento de concesión y gestión de subvenciones e implantar medidas correctivas”. Asimismo, recomienda revisar algunos expedientes “para iniciar el reintegro total o parcial de la subvención, si procede”.

La Sindicatura se quejaba también en el informe por el hecho de que una misma persona había participado en decenas de evaluaciones para otorgar las subvenciones, lo que podría suponer una debilitación del control interno. Para la empresa pública, sin embargo, “no existe ninguna normativa a nivel autonómico ni estatal que diga que la misma persona no pueda gestionar las fases de evaluación y justificación de un expediente, por lo que Acció considera que no se trata de un incumplimiento. Tampoco se considera que pueda suponer una debilidad de control interno porque los aspectos a revisar en las fases de evaluación y de justificación son completamente diferentes”.