La odisea del voto en EEUU: cómo el sistema discrimina a minorías, ancianos y pobres

“Le estuve ayudando para que pudiera votar en las presidenciales de 2016. Idas y venidas para conseguirle una identificación con fotografía. Tuvo que recrear toda su vida: el hospital en el que nació, la ciudad, el colegio, el instituto... ¡Toda su vida! En ese momento tenía 55 años. Querían asegurarse de que era la persona que decía ser. Yo le entregué toda la documentación al DMV del Estado [Departamento de Vehículos de Motor, que expide muchos de los documentos oficiales]. Fueron un montón de llamadas, papeles, etcétera. El empleado me dijo entonces que habían encontrado a alguien con esos datos, pero que el nombre no coincidía. Le llamé y le pregunté si figuraba otro nombre en el registro. Y me dijo que sí, que la matrona le había inscrito con nombre de mujer, que se había equivocado. Lo comuniqué y me dijeron que sin un documento oficial no podían darle una identificación. Les rogué que buscaran en sus registros y, finalmente, consiguió sacarse la del Estado de Wisconsin. Tardamos seis meses en conseguirlo”.

Es un mantra electoral habitual: cada voto importa. Para Anita Johnson es casi un asunto personal que ese voto pueda ejercerse en su país, EEUU. Veterana activista, Anita trabaja por ese fin como coordinadora en Milwaukee de 'Vote Riders', una organización con sede en Santa Mónica, California, que asiste a los ciudadanos para que puedan disponer del tipo de identificación que cada Estado requiere para votar. Según Kathleen Unger, presidenta de 'Vote Riders', “los ancianos que ya no conducen -si es que alguna vez lo hicieron-, los jóvenes que utilizan Uber y Lyft o van en transporte público, los discapacitados, los ciudadanos de color, las personas de bajos ingresos y las mujeres, que en un 90% cambian de apellido cuando se casan”, son las personas más afectadas por las leyes de identificación de votantes que se han aprobado en muchos estados del país. Ellos no conducen (ellas pueden tener una identificación con su apellido de solteras), y el de conducir es el carnet de identificación más habitualmente aceptado. Puede sorprender pero, en la gran potencia mundial, en los Estados Unidos de América, el proceso para llegar hasta la cabina de votación puede resultar propio de una república bananera en la que la burocracia es una cima casi imposible de escalar.

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En 1965, en plena efervescencia del movimiento por los derechos civiles, y en una de las décadas más convulsas de las historia del país, el Congreso de Estados Unidos, durante la presidencia de Lyndon B. Johnson, aprobó la Ley de Derechos Electorales [Voting Rights Act]. Fue un momento histórico. Por primera vez, se prohibió por ley la discriminación racial en el ejercicio del voto. Fue así sobre el papel, porque costó años que algunos de los estados más racistas cumplieran con ella y, en algunos casos, se inventaron procedimientos imposibles de superar destinados a impedir el voto negro.

En 2013, casi medio siglo después, la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló dos de las secciones de esa ley, que habían permitido hasta entonces que el gobierno federal supervisara los cambios en las leyes electorales de Alabama, Alaska, Arizona, Georgia, Louisiana, Misisipi, Carolina del Sur, Texas, Virginia, además de en partes de California, Florida, Michigan, Nueva York, Carolina del Norte y Dakota del Sur. Es decir, de estados y regiones con un historial de discriminación. Lo que vino a decir la Corte Suprema, en una ajustada votación de cinco votos a favor y cuatro en contra, es que aunque “la discriminación en el voto sigue existiendo”, encontraba inconstitucional el “dispar tratamiento a los estados”.

La resolución del caso, planteado inicialmente por el Condado de Shelby, en Alabama, abrió el camino para que éste y otros estados recuperaran viejos vicios con la intención de limitar el acceso al voto de comunidades que sus gobiernos, fundamentalmente republicanos, consideran contrarias a su partido. “Algunos gobiernos federales y estatales están intentando poner barreras para ir a votar, como ya hicieron en los 50 y 60, incluso antes. Se trata de la Ley de Identificación del Votante. El anterior alcalde intentó que se pudiera utilizar el carnet de la biblioteca, que incluye fotografía, pero el Estado dijo que no. Barreras, barreras y más barrera si no tienes una identificación con fotografía. Y esa es la gran cuestión”, suspira Deidre Malone, presidenta de la delegación en Memphis de la NAACP (Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color), la organización más antigua en pro de los derechos de la población afroamericana.

Lucha contra un fraude inexistente

Estados Unidos es un país que carece de un carnet de identidad nacional con fotografía como en España, por lo que el de conducir se convierte en el más frecuente cuando se requiere uno que la incluya. En esta última década, muchos estados han incorporado este requisito para votar. Ya son 34 los que, de una forma u otra, con más o menos flexibilidad, lo requieren. Algo que no existía hace doce años.

“En España, y en otros muchos países, tienes una tarjeta de identificación global que te identifica. En Estados Unidos, por situaciones históricas, se tomaron dos caminos distintos: el número de seguridad social está separado de tu identificación con fotografía, que generalmente es la licencia [de conducir]. El número es el que sueles utilizar para cualquier trámite y la identificación que generalmente se utiliza como la más confiable es el pasaporte o la licencia para conducir. Eso lo complica, porque no todos tienen vehículo o viajan al extranjero”, explica Sergio García-Ros, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Cornell.

Para García-Ros, los más perjudicados son “las minorías, la gente de color, los que no viajan y no tienen vehículo. Especialmente en áreas urbanas pobres, la gente no conduce. Toma el metro, el bus... Muchos estudios prueban que las comunidades de color, incluidos los nativos americanos, no tienen licencia. Pedirles esta identificación oficial afecta desproporcionadamente a estas comunidades, afecta a su voto”, concluye.

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Una de las razones que esgrimen los defensores de la identificación de los votantes mediante documentos oficiales con fotografía es reducir el riesgo de fraude electoral, aunque diversos estudios demuestran que el porcentaje del fraude electoral es residual y no tiene impacto en los resultados. Según señala un informe del Brennan Center for Justice, institución vinculada a la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York, “las leyes de identificación con foto son efectivas solo para evitar que las personas se hagan pasar por otros votantes en las urnas, un hecho más infrecuente que ser alcanzado por un rayo”.

Sin embargo, estas leyes sí parecen ser efectivas para inducir determinados resultados. En Wisconsin, el Estado en el que trabaja Anita Johnson, un alto cargo republicano pareció confirmar hace unos días lo que muchas organizaciones de base denuncian: que Trump ganó allí precisamente por aplicarse esta ley. En un programa de radio, Brad Schimel, procurador general de Wisconsin, preguntó: “¿Cuántos oyentes creen honestamente que Donald Trump hubiera ganado en Wisconsin si no hubiéramos tenido la Ley de Identificación del Votante para lograr que las elecciones fueran honestas e íntegras?”.

El mismo informe del Brennan Center for Justice señala que “el fraude en el voto es extraordinariamente infrecuente. Esto sucede en parte porque el fraude individual es una forma ridícula y nada efectiva de intentar ganar una elección. Cada acto de fraude conectado con una elección federal conlleva el riesgo de cinco años de prisión y una multa de 10.000 dólares, en adición a otras penalizaciones estatales”. No merece la pena. Para Anita Johnson, estas leyes apuntan a las personas en situación más vulnerable y precaria, para las que la consecución de un documento como el que la ley requiere es un lujo que no pueden permitirse.

Sin día libre ni voto por correo

“Imagina que eres una madre soltera que está cuidando a cuatro o cinco hijos. Su prioridad es el trabajo, alimentar a sus hijos y tener un techo. ¡No va a ser esta una prioridad en su vida!”, dice Johnson. Para colmo, en estados como Alabama, se han ido cerrando sedes de los DMV con la excusa de un ahorro económico, con lo que obligan a muchas personas a un desplazamiento para el que no tienen tiempo.

El tiempo es, en efecto, otro de los factores con los que juegan los estados que pretenden dificultar el voto. “En muchos países el día de las elecciones es un día libre”, señala García-Ros, “pero aquí es un día como otro cualquiera. Es más probable que las minorías, las personas con menos recursos, tiendan a trabajar en lugares donde no pueden tomarse el día libre, o donde trabajan por horas, por lo que no ir a trabajar supone un coste económico. Si uno trabaja de 7 a 4, ya tiene muy poco tiempo, tiene que recoger a los hijos... Y además están limitando el voto por correo, que facilitaba que las minorías pudieran votar”, reflexiona.

En efecto, hay estados que han reducido la opción del voto por correo, otros que han anulado la posibilidad (altamente popular) de registrarse en el mismo día de la votación o que solicitan el certificado de nacimiento para poder ejercer el derecho al voto. También se encuentran con obstáculos muchos estudiantes en universidades que están en estados que no son el suyo; las personas transgénero, cuando el nombre de su tarjeta identificativa no se corresponde con el sexo; o los reclusos que han estado en la cárcel por delitos graves: en la mayoría de estados no pueden votar mientras cumplen condena o cuando están en libertad condicional, y en tres, Kentucky, Florida e Iowa, se les prohíbe de por vida.

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2018 es año electoral en Estados Unidos. En noviembre se celebrarán las elecciones de mitad de mandato, que renuevan la Cámara de Representantes y 35 de los 100 puestos en el Senado. Los republicanos tienen mayoría en las dos. Además, se elegirán gobernadores en 36 estados. Elecciones para las que las organizaciones de base se están movilizando como nunca con el objetivo de lograr registrar votantes.

Se perciben aires de movilización anti-Trump. Una movilización que Sergio García-Ros espera que se produzca también en la comunidad latina, especialmente sensibilizada después de que el presidente acabara con el DACA [Acción Diferida para los Llegados en la Infancia], programa que daba cobertura legal a casi un millón de hijos de inmigrantes, la mayoría de ellos mexicanos. “Esto ha tocado la fibra de todos los latinos y sus aliados. Ha hecho que mucha gente despertara, y creo que eso va a hacer que los niveles de registro y de voto exploten”, deduce.

Para ello, los votantes de comunidades minoritarias, menos proclives al voto republicano, deberán superar los múltiples obstáculos que les reservan las leyes estatales. Si lo logran, testarán otra de las tácticas de juego sucio político en los Estados Unidos: el 'gerrymandering'. Es el sistema por el que se manipulan los distritos electorales para, por lo general, buscar diluir la representación de una determinada comunidad. Afecta sobre todo a negros y latinos. Y es que, en el país que reparte democracia por el mundo, intentar practicarla le saca los colores.