Un juzgado investiga ya al poderoso responsable de obras públicas de Artur Mas

El juzgado número 8 de Barcelona ha admitido a trámite una querella de la Fiscalía contra varios empresarios y altos cargos del Gobierno catalán a los que se lleva investigando desde mediados del mes pasado por la adjudicación de contratos sospechosos. Uno de los principales protagonistas de este nuevo affaire es Joan Lluís Quer, el hombre que controla todas las obras públicas de Cataluña y hombre de absoluta confianza del president Artur Mas.

Los oscuros negocios y la influencia en el Palau de la Generalitat ya fueron desvelados en su momento por El Confidencial. Pero fue en junio del año pasado cuando la Fiscalía determinó que había que realizar una investigación a fondo porque había indicios de serias irregularidades en la gestión de la Agencia Catalana del Agua (ACA), organismo público del que Quer fue gerente y que más tarde le concedió sospechosos contratos.

A mediados de julio, los fiscales determinaron abrir diligencias para investigar en quécondiciones se concedieron 40 contratos sin control por los que tanto Quer como su colaborador Josep Bou (que había sido responsable de Planificación de la ACA)se embolsaron 7,6 millones de euros.

El texto de los fiscales es demoledor. Relatan que en 2007 se tramitó un concurso de la ACA por un máximo de 4 millones de euros que fue a parar a una unión temporal de empresas. Se firmó el 25 de febrero de 2008 por un importe de 3,75 millones a los que había que sumar el IVA correspondiente. Entre octubre y diciembre de ese año, se formalizaron 38 contratos por trabajos complementarios o adicionales a los que preveía el contrato inicial, por los que se pagaron 3,93 millones de euros , “superior, por tanto, a la propia contratación principal”. Los trabajos finalizaron en noviembre del 2010, fecha en la que la ACA estaba prácticamente, en situación de quiebra, hasta el punto de que el Gobierno catalán pensó en liquidarla.

Contratos con trampa

Según los fiscales, la adjudicación “había sido pactada y decidida previamente de acuerdo con la adjudicataria, resultando arbitraria por cuanto a la hora de satisfacer una necesidad pública se dio primacía a la finalidad de beneficiar a determinadas empresas en detrimento del resto de competidores y, en definitiva, del interés público”.

Además, subrayan que articulando los contratos con un concurso principal y obras complementarias “fue un artificio formal para enmascarar un beneficio económico ilícito a favor de todas o algunas de las empresas integrantes de la UTE (…) Que ello fuera así se explica por la presencia en la UTE adjudicataria de una persona anteriormente vinculada al ACA y con relaciones políticas y profesionales suficientes para ejercer un ascendiente determinante sobre los responsables de la agencia pública. Dicha persona es el querellado Joan Lluís Quer, administrador y director general de Auding, una de las empresas que integraban la UTE adjudicataria”.

La querella se dirige contra los adjudicatarios de los contratos, contra el director de la ACA, Manuel Hernández Carreras y contra varios altos cargos

Quer controlaba el 60% de la UTE. El 20% era de Artenginy, compañía creada en el 2007 por la esposa de Josep Bou. El restante 20% era de una compañía de Madrid que no había tenido vinculación con la agencia.

Tras la victoria de Artur Mas en 2010, Quer volvió por la puerta grande a la Administración (había sido gerente de la ACA de 2000 a 2004, en el último Gobierno de Jordi Pujol). Y durante los primeros meses de gobierno de Artur Mas como president fue acaparando progresivamente las presidencias de las grandes compañías de obra pública. El president le nombró presidente de la poderosa Gisa (responsable de obra pública de la Generalitat), pero a las pocas semanas asumió la presidencia Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat), el organismo que controla los grandes proyectos ferroviarios como la Línea 9 del Metro, la Línea Orbital Ferroviaria o el Eje Transversal Ferroviario catalán. Poco después, fue nombrado también presidente de Regsa (la compañía que realiza actuaciones de promoción de ejecución de riegos y la construcción de canales y acequias) y Regsega, la compañía que ejecuta el canal Segarra-Garrigues, una de las mayores obras civiles de Europa. De este modo, Quer pasó a convertirse en el hombre clave de la adjudicación de obra pública en los últimos cuatro años.

Curiosamente, todos los organismos que caían bajo su mando fueron desalojados de las diferentes consejerías en las que estaba encuadrados y se trasladaron oficialmente a Economía, aunque Quer estaba controlado políticamente desde Presidencia.

La querella se dirige contra los adjudicatarios de los contratos, contra el director de la ACA, Manuel Hernández Carreras, y contra varios altos cargos de este organismo público. En total, 13 personas a las que la Fiscalía acusa con mayor o menor grado de participación en la gestación de los sospechosos contratos.