ADJUDICACIONES DE UN ORGANISMO EN QUIEBRA

Investigan al hombre de la obra pública catalana por recibir 38 contratos sin control

La Fiscalía investiga sólo una adjudicación, que mediante una triquiñuela técnica permitió que dos directivos se embolsasen 7,6 millones de euros

Foto: Joan Lluís Quer (Asinca.cat)
Joan Lluís Quer (Asinca.cat)

La Fiscalía Anticorrupción de Barcelona abrió esta semana diligencias de investigación sobre algunas operaciones de la Agencia Catalana del Agua (ACA), un organismo oficial del Gobierno catalán que está en quiebra técnica. Durante años esta agencia estuvo otorgando sospechosas adjudicaciones a empresas relacionadas con Joan Lluís Quer, actual  hombre fuerte de la obra pública catalana y exgerente de la Agencia, y Josep Bou, que había sido responsable de Planificación de la propia ACA. La Fiscalía investiga sólo una adjudicación, que mediante una triquiñuela técnica permitió que ambos directivos se beneficiasen de casi 40 contratos sin control y se embolsasen 7,6 millones de euros.

Quer fue uno de los fichajes estrella de Artur Mas cuando éste llegó a la Generalitat, durante los primeros meses del Gobierno convergente, se reestructuró el área de obra pública (haciéndola depender de Presidencia para tenerla más controlada) y el fichaje comenzó a acumular cargos: además de presidente de Gisa, fue nombrado también presidente de Infraestructures  Ferroviàries de Catalunya (Ifercat), el ente que controla el pozo sin fondo de la inversión en la faraónica Línea 9 del Metro de Barcelona o el Eje Transversal Ferroviario catalán. Semanas más tarde, se hacía cargo también de la presidencia de Regsa y de la compañía pública Reg Sistema Segarra-Garrigues (Regsega), la empresa que ejecuta el canal Segarra-Garrigues, una de las obras públicas más importantes de Europa.

Tras un demoledor informe de la Sindicatura de Cuentas sobre el ejercicio 2010 de la Agencia, los servicios jurídicos de la Generalitat determinaron interponer una denuncia en Fiscalía el pasado 3 de junio.

El presidente de Cataluña, Artur Mas. (Efe)
El presidente de Cataluña, Artur Mas. (Efe)

El decreto de Fiscalía, que lleva fecha de 17 de julio de 2014 y va firmado por Emilio Sánchez Ulled, responsable de la misma, relata que el 28 de septiembre del 2007 “se inició la licitación de un contrato de consultoría y asistencia código CT07002354 para ‘trabajos de redacción del programa de medidas y del plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña’. La licitación se tramitó por concurso abierto con un importe máximo de 4 millones de euros”.

El contrato-trampa

Este contrato fue finalmente adjudicado a una Unión Temporal de Empresas (UTE) por resolución del 15 de enero de 2008 y se firmó el 25 de febrero por un monto total de 3,75 millones de euros más el IVA correspondiente. La UTE estaba formada por las compañías Auditoría e Ingeniería SA, United Research Services España SA y Artenginy SL.

La trampa, al parecer, estaba en la cláusula 2 del pliego de condiciones administrativas particulares, que dejaba abierto el objeto del contrato, “pues establecieron que el importe de la licitación no incluía el presupuesto complementario para actuaciones particulares asociadas a la ejecución de los trabajos del contrato principal. Con ello, algunos de los trabajos objeto de la contratación podían, en la práctica, ser o no ser objeto de contratación independiente de la principal según el adjudicatario escogiera libremente encajarlos o no en determinadas tipologías”.

Estación de tratamiento de agua potable en Llobregat (www.atll.cat)
Estación de tratamiento de agua potable en Llobregat (www.atll.cat)

De este modo, entre octubre y diciembre del 2008 se adjudicaron de forma directa a la misma UTE hasta “38 contratos por trabajos complementarios o adicionales, por unos importes lineales que oscilaban entre 14.187,50 euros y 420.000 euros, con un importe total de 3,93 millones de euros (el cual resultó superior, por tanto, a la propia contratación principal)”. El coste final del expediente, por tanto, fue de 7,6 millones de euros en vez de los 3,75 iniciales.

Pero lo curioso, sin embargo, era que la UTE “subcontrató el 100% de los contratos complementarios con diversas empresas, incluidas las que componían la propia UTE”. Dicho de otro modo: la adjudicación le reportaba, de entrada, un chorro de dinero, puesto que la subcontratación se realiza siempre por un monto inferior a la contratación oficial. Lo único que tenía que hacerla UTE era derivar las obras y embolsarse la diferencia.

El ‘grosero calibre’ de los hechos

La fiscalía establece que “las evidentes irregularidades puestas de manifiesto por las instituciones denunciantes son tan numerosas y presentan tan grosero calibre que el hecho de que concurran a la vez en una contratación pública de muy elevado importe, por sí mismo, constituye un indicio razonablemente sólido, dicho sea con todas las cautelas, de que la correcta configuración de la licitación y su adjudicación a al UTE antes referida pudiera haber sido pactada previamente con los adjudicatarios en detrimento del resto de competidores y del interés público”.

La UTE 'subcontrató el 100% de los contratos complementarios con diversas empresas, incluidas las que componían la propia UTE'. Dicho de otro modo: la adjudicación le reportaba, de entrada, un chorro de dinero, puesto que la subcontratación se realiza siempre por un monto inferior a la contratación oficial

El decreto de la fiscal subraya que el representante de la UTE era Joan Lluís Quer, “quien había sido gerente del ACA entre los años 2000 y 2004 y cuyo influjo pudiera haber resultado determinante en estos hechos”.

De confirmarse estos extremos, el hombre fuerte de Mas, el personaje sobre cuyas espaldas descansa toda la responsabilidad de la obra pública de Cataluña, habría cometido presuntos delitos de uso de información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos, sin descartar “algún tipo de falsedad documental”.

Durante la etapa que investiga la Fiscalía, Joan Lluís Quer se dedicó a invertir millones de euros en varias empresas de ingeniería y consultoría, una de ellas la mencionada Auditoría e Ingeniería SA que participaba en la UTE. Se da la circunstancia de que Artenginy, otra de las empresas participantes del negocio, fue creada en 2007 para comenzar a recibir contratos de la Administración. Curiosamente, una de sus fundadoras era la esposa de Josep Bou, exresponsable de Planificación de la Agencia. Los exdirectivos de la ACA, que luego entró en quiebra técnica, pues, se hicieron de oro durante años con adjudicaciones que, cuanto menos, son harto sospechosas. Y eso que hasta ahora sólo se investiga una de las adjudicaciones que realizó la Agencia. Artenginy, por ejemplo, además de un sinfín de informes de las más diversas materias, recibió más de 255.000 euros por el “soporte técnico de la ACA a la Comisión Paritaria del PSARU”. Una adjudicación directa que unos meses antes no hubiera podido hacer porque Bou era alto cargo del organismo y hubiese estado feo que se lo adjudicase a una empresa de su esposa.

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