Un informe de Inteligencia acusa a Mas de supervisar las comisiones por obra pública

Un informe de Inteligencia, de 12 páginas, enviado al Gobierno acusa a Artur Mas de “supervisar” directamente el cobro de comisiones “del 4 al 6% y el control de dichos ingresos” a través de cuatro empresas públicas: Gisa, Regsa, Regsega e Ifercat. “Al frente de todo ello, Mas ha puesto a un hombre de su total confianza, Joan Lluís Quer”, dice el documento en poder de El Confidencial.

En la guerra entre el Gobierno central y el catalán ya no hay tregua. Los informes altamente confidenciales se amontonan en los cajones del Ejecutivo de Mariano Rajoy con datos extraordinariamente sensibles que afectan tanto al ámbito público como al más estricto privado de los máximos mandatarios de Cataluña. Y en CDC sabían que el siguiente objetivo era Mas.

La nota aporta datos concretos de reuniones de altos dirigentes de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), temas tratados en esas reuniones y listado de empresarios afines al proceso independentista con explicaciones sobre sus relaciones con la clase política. Incluso desvela el nombre en clave con que algunos políticos han abierto cuentas corrientes en entidades bancarias de Andorra, Luxemburgo y Ginebra y señala quiénes son las fuentes que han aportado información sensible, con nombres y apellidos.

Acusación directa a Mas

La información más espectacular es la que hace referencia a Artur Mas, a quien acusa de controlar las comisiones que las empresas pagan a su partido a cambio de adjudicaciones de obra pública. Según el informe, la alarma la dieron “ciertos miembros” del empresariado catalán “que decidieron al fin colaborar ante la alarmante deriva impositiva que suponía el incremento continuo de solicitudes de comisiones y pagos para realizar cualquier actividad de tipo comercial-empresarial en dicha autonomía”.

En este sentido, los investigadores no se recatan al afirmar en uno de sus párrafos que “la recepción de lo recaudado se seguiría haciendo, entre otros cauces, a través de las sociedades instrumentales (sic) Gisa (firma que controla la obra pública de la Generalitat), de Regsa y Regsega (empresas que aparentemente promocionan y ejecutan riegos, construcción de acequias y canales, y en concreto el de Segarra-Garrigues, presupuestado en más de 1.000 millones) así como Ifercat (sociedad que gestiona los proyectos ferroviarios). Al frente de todo ello, Mas ha puesto a un hombre de su total confianza, Joan Lluís Quer”.

Del 4 al 6% en comisiones

El informe, no obstante, añade que “según varios empresarios que se ven obligados a abonar comisiones por obras y/o proyectos, el porcentaje va desde el 4 al 6% y el control de dichos ingresos, con factura algunos y el mayor porcentaje en efectivo, estaría supervisado por el propio presidente Artur Mas. De ahí el nombramiento de Quer”.

Fuentes del Gobierno catalán consultadas por El Confidencial aseguraron que jamás habían tenido conocimiento de un informe de estas características. “Lo que dice es mentira y es surrealista. Han de saber que la concertación de obra pública en los últimos años ha ido a la baja. ¿Y decir que es el propio president el que maneja comisiones ilegales? Surrealista. Mentira. Si alguien le fuese a pagar alguna comisión, le echaría del despacho y acudiría a denunciarlo”, explican estas fuentes. Y añaden: “Si eso fuera cierto, el Gobierno central ya habría actuado. Es más, debería haber presentado una querella y presentado las pruebas. Lo que pasa es que es muy fácil decir cosas, porque eso no es perseguible”.

Un miembro de la cúpula de la Generalitat consultado por este diario subraya: “Esto es como si nosotros encargamos un informe con todas las habladurías y rumores que llegan a nuestros oídos pero no aportásemos ninguna prueba. Pero ese no es nuestro estilo”. Y enfatiza que “lo grave en este caso es que no existen ni tan sólo indicios de lo que dicen. Esto es una bomba atómica en términos políticos”.

El nuevo informe, no obstante, detalla que el padre de Artur Mas tenía una cuenta en un banco de Luxemburgo (que supuestamente luego pasó a su hijo) “con un saldo significativo, producto de recibir comisiones por gestionar los intereses de Pujol en el extranjero”. La información proviene de una fuente muy directa que luego cortó la comunicación con los investigadores. Hasta ahora, sólo se conocía una cuenta del padre del president, pero estaba en Liechtenstein.

Espionaje al Gobierno central

El informe también desvela el papel de Felip Puig: “Labores de inteligencia, blindar las posibles filtraciones y/o fugas de información, así como la adquisición de tecnología agresiva, como la compra de dos equipos Verin (sic) de interceptación de comunicaciones, que operativamente y en la actualidad se encuentran instalados en vehículos (furgonetas camufladas) adscritas a los ‘mortadelos’, en la sede tecnológica de los Mossos del Polígono de Sabadell”. Una de estas furgonetas fue detectada cerca del domicilio particular del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, durante una de sus visitas a Barcelona. Su cometido es pinchar los teléfonos móviles monitorizados en un radio de unos dos kilómetros.

Puig, según el informe, captó también para su causa a un ex alto cargo del Ministerio del Interior que le filtra movimientos e información sensible del Gobierno central. Este contacto inició incluso una aproximación al jefe de seguridad del grupo Planeta para controlar a su dueño, José Manuel Lara, debido al posicionamiento oficial y radicalmente en contra de la independencia (Lara trasladará la sede de Planeta a Madrid si Cataluña se independiza).

Tras estallar los escándalos Gürtel y Bárcenas, dice el informe, Felip Puig envió un equipo a Madrid con el encargo de “conseguir todas las interioridades que en un momento determinado puedan debilitar al PP en estas elecciones”. Se refería, por supuesto a las autonómicas de noviembre del 2012, que estaban a punto de celebrarse.

Para las fuentes del Ejecutivo catalán consultadas por este diario, “lo que demuestra el dossier es el partidismo de los servicios policiales. El Gobierno central debe tomar medidas internas y destituir a los responsables de estos informes. No se pueden inventar cosas así”.