Indra logró 190 millones de la Generalitat tras pagar 44 por la empresa de Josep Pujol

Contar con la colaboración de la familia Pujol ha sido durante años la mejor forma de que un negocio tuviera éxito en Cataluña. La multinacional tecnológica española Indra tenía problemas para conseguir adjudicaciones de la Generalitat, pero su suerte cambió radicalmente en 2001 cuando decidió comprar por 44,4 millones de euros la consultora Europraxis, controlada por Josep Pujol Ferrusola, hijo del expresidente catalán Jordi Pujol Soley. Curiosamente, sólo unas semanas después de esa operación, Indra empezó a conseguir contratos millonarios de la Generalitat. Como adelantó este diario el pasado miércoles, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ya ha comenzado a investigar esa adquisición ante la sospecha de que pudo servir para comprar favores de CiU, el partido del actual presidente de la Generalitat, Artur Mas.

El análisis del Boletín Oficial de la Generalitat es suficiente para comprobar el espectacular incremento que experimentaron los contratos de Indra con la Administración catalana tras la adquisición de Europraxis. Hasta 2001, la aportación de esa comunidad a su cifra de negocio sólo suponía el 6%, un porcentaje muy alejado del 20% que representaba la economía catalana para el conjunto de las finanzas nacionales. En 2000, por ejemplo, Indra sólo logró un contrato del Servicio Catalán de Tráfico por 412.294 euros.

Sin embargo, su situación cambió tras absorber la consultora de Josep Pujol. Sólo unas semanas después de que se cerrara esa operación en abril de 2001, Indra logró uno de los mayores contratos del Gobierno catalán, presidido aún entonces por Jordi Pujol. En concreto, la tecnológica española obtuvo una adjudicación de 13,8 millones de euros para modernizar el sistema tributario autonómico. Y en diciembre de ese mismo año, consiguió otra licitación de 3,4 millones de euros para mejorar la circulación rodada en el territorio de la comunidad.

Más de 223 millones

Sin duda, la compra de Europraxis supuso un punto de inflexión para Indra en sus relaciones comerciales con la Generalitat. Según cálculos realizados por este diario, entre 2001 y 2013, la compañía ha logrado en Cataluña adjudicaciones públicas por valor de 190,9 millones de euros. Además, ha conseguido al menos otros 33,7 millones de euros a través de uniones temporales de empresas. La suma sólo tiene en cuenta las licitaciones de la Generalitat y de instituciones adscritas a la Administración autonómica. No computa los encargos que le han otorgado ayuntamientos y otras entidades locales.

La gran mayoría de los contratos corresponden a proyectos del sector de las tecnologías de la información, pero el abanico de entidades adjudicatarias es variado: desde el Servicio Catalán de Tráfico al Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas, pasando por el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, Gestión de Infraestructuras S.A. (GISA), Puertos de la Generalitat, Ferrocarriles de la Generalitat y la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalitat.

En 2012, un año después de que CiU regresara al Ejecutivo de la Generalitat, Indra consiguió uno de sus mayores contratos con la Administración catalana a través de una UTE en la que también participaron El Corte Inglés, Zemsania y Emte. El consorcio se adjudicó el servicio para el control de puestos de trabajo y soporte informático a los usuarios de la Generalitat por un importe total de 196 millones de euros.

Investigación de la UDEF

La adquisición de Europraxis puede sumarse en breve a la larga lista de frentes que la familia Pujol tiene abierta en estos momentos con la Justicia. Como informó este miércoles El Confidencial, la UDEF ha comenzado a investigar la operación de Indra ante la sospecha de que pudo servir para comprar futuras adjudicaciones de organismos controlados por CiU. De hecho, en el momento del traspaso, Jordi Pujol aún era presidente de la Generalitat.

Según fuentes cercanas a las pesquisas, los expertos en delitos económicos de la Policía cuestionan que Europraxis costara realmente en aquel momento los 44,4 millones de euros que Josep Pujol y sus cinco socios se embolsaron por su traspaso. Los investigadores subrayan que la consultora apenas disponía de activos y de trabajadores en plantilla, y apuntan que esa compraventa pudo servir para blanquear fondos procedentes del pago de comisiones ilegales y para garantizar el acceso de Indra a contratos de la Administración autonómica gracias a la ascendencia del clan Pujol en las instituciones catalanas.

Podemos y Guanyem, los partidos liderados por Pablo Iglesias y Ada Colau, respectivamente, no han esperado a las conclusiones de la investigación de la Policía para llevar la venta de Europraxis a la Audiencia Nacional. Ambas formaciones han reclamado a la Justicia que indague en esta operación en la denuncia que han presentado contra el clan del expresidente de la Generalitat por haber ocultado durante años fondos millonarios en paraísos fiscales.