apropiación indebida

Un alto cargo de Susana Díaz es investigado en el desfalco del 'Dioni de Almensilla'

El tesorero se fugó con cuatro millones de euros que aportaron los vecinos para urbanizar una parcela ilegal. Ismael Perea está imputado y es director general en la Junta de Andalucía

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Activo miembro del PSOE de Sevilla y uno de los mayores ‘hooligans’ de Susana Díaz en las redes sociales. De hecho, para muchos militantes Ismael Perea es el ‘jefe de las redes sociales’ del PSOE andaluz, aunque ese cargo no le corresponde oficialmente. Este ‘susanista’ acérrimo -basta echar un vistazo a su activa cuenta de Twitter-, que comparte edad, años de militancia y amistad con la presidenta, no ocupa ninguna silla en la ejecutiva regional del partido ni tampoco en el PSOE de Sevilla. No tiene cargo orgánico relevante -es secretario de Organización del PSOE de Mairena del Aljarafe (Sevilla)- pero sí que es alto cargo del Gobierno andaluz. Tras pasar por el gabinete de Díaz, fue nombrado el pasado abril director general del Consorcio Fernando de los Ríos, adscrito a la Consejería de Empleo, y que administra el ambicioso programa Guadalinfo, una red digital de 800 centros que asiste a 692 municipios andaluces.

El consorcio público, participado por la Junta en un 66,6% y en un 33,3% por las ocho diputaciones provinciales, tiene un presupuesto para 2016 de 6,4 millones de euros. Lo que hasta ahora no había trascendido es que este alto cargo, Ismael Perea, aparece también ligado al conocido como desfalco de Almensilla. En esta localidad sevillana, el tesorero de una junta de propietarios, Julio Mateos Palacios, sigue en busca y captura acusado de haberse llevado al menos cuatro millones de euros del dinero que habían pedido unos 800 parcelistas para urbanizar una amplia zona conocida como Sector F de Almensilla. Un proyecto eterno, cargado de sombras y enredos, que ha acabado de la peor manera posible: con mucha gente de buena fe y pocos recursos endeudada hasta las cejas y estafada.

Denuncia de los vecinos

El juzgado de Coria del Río (Sevilla) que instruye este caso decidió el pasado mes de octubre ampliar las diligencias y sumar las tres denuncias que se han cruzado. La propia Junta de Compensación denunció al tesorero después de que este comunicara por un correo electrónico que se había llevado el dinero. Se sumó otra denuncia del Cuerpo Nacional de Policía y una tercera de una plataforma de vecinos afectados que fue la que motivó que las diligencias se ampliaran y el juez decidiera investigar a todos los miembros de la directiva. Esta ampliación de la investigación del desfalco llevó a imputar a dos exalcaldes, Carlos Ufano (PSOE), hoy miembro de la Diputación de Sevilla, y José Carlos López (IU), así como a varios exconcejales, entre ellos Ismael Perea. Todos son investigados, según el auto judicial, por un “delito de apropiación indebida”.

El alto cargo de la Junta afectado por este caso ha asegurado, en conversación con El Confidencial, que él no tiene nada que ver con el supuesto desfalco cometido por el tesorero y que se siente “una víctima más” de este prófugo. Él participó en la directiva de los vecinos “para ayudar”, implicado “como un propietario más”, e insiste en que esto no tiene nada que ver con su etapa como concejal socialista de esta localidad, donde estuvo en la oposición durante los años investigados. Según un informe de la Udef destapado por ‘El Mundo’, Julio Mateos, el tesorero, se encontraría en estos momentos en República Dominicana. Según las últimas investigaciones policiales, el conocido como ‘Dioni de Almensilla’ viviría a todo tren en el Caribe con una novia venezolana tras apropiarse presuntamente de cuatro millones de euros de los 800 parcelistas afectados. Con residencia en la capital, Santo Domingo, y dedicado a un negocio de venta de aceite de oliva español.

El director general investigado asegura ser una "víctima" más de la estafa y desvincula el caso de su actividad como concejal o alto cargo

El director general del Consorcio Fernando de los Ríos asegura que él se implicó en la directiva de esta junta de compensación para tratar de dar una solución a estos vecinos, y que él mismo debe “más de 8.000 euros” que debe abonar pese a que las obras se han interrumpido. En mayo del año pasado, el tesorero, del que ninguno de sus compañeros sospechó nada, según aseguran, dejó escrito el siguiente correo electrónico: “Me es muy difícil escribir esto, pero no tengo fuerzas para decíroslo ni siquiera por teléfono. He cogido dinero de la junta [de compensación] y he intentado desde enero acelerar unas ventas para reponerlo, pero no lo he conseguido. Sé que os meto en un problema, pero no tengo forma de solucionarlo ahora mismo. Escribo esto como declaración para todos los compañeros. Ahora mismo no sé qué voy hacer, estoy simplemente deambulando, pensando. En fin, no sé qué deciros más, solo pediros perdón. Como podéis imaginar no tengo ánimo ninguno de ir a la reunión, mañana os llamo y hablamos”. Su coche apareció en marcha pero de él no se sabe nada desde hace un año.

Horas después de ese escrito, los miembros de la junta de compensación tenían cita con el banco Santander para abordar el pago de un crédito de 8,5 millones de euros que en su origen alcanzó los 11 millones. Tras intentar sin éxito localizar al tesorero, el presidente de estos vecinos decidió poner una demanda.

Dos casos y un desfalco

En un último escrito notificado el pasado 21 de marzo, el juez atiende una petición del Ministerio Fiscal y ordena desglosar las denuncias. Así, por una parte se seguirá instruyendo la denuncia contra el tesorero por presunto delito de apropiación indebida y por otro se abre una causa separada para investigar si cometieron otros delitos, como han denunciado varios vecinos, el resto de integrantes de la junta de delegados, según recoge el auto judicial, durante el periodo 2006-2015. “En la querella presentada, se ponen de manifiesto unos hechos ocurridos desde el año 2009 que podrían ser constitutivos de delitos societarios”, aludiendo en concreto al artículo 290 del Código Penal y a la investigación de “presuntas violaciones de derechos reconocidos a los asociados querellantes, opacidad en la gestión de la entidad por parte de los encargados, miembros de la junta de delegados, contraria a lo dispuesto en los estatutos y presunta disposición de fondos de los miembros de la junta”.

El juez investiga a todos los miembros de la junta directiva por varios delitos societarios y deja la puerta abierta a que el tesorero contara con colaboradores

No obstante, el juez, que admite separar las denuncias y que la junta de compensación ejerza como acusación particular contra el tesorero por ser también “directamente perjudicada por hechos que la dañan económicamente”, sostiene también que esto ocurrirá “sin perjuicio de la responsabilidad penal contra algunos de los miembros de la junta de delegados si a lo largo de la investigación se acredita su participación”. En otro momento del auto, sostiene que “de las investigaciones desarrolladas por la Policía Nacional se evidencia la presunta participación en el delito de apropiación indebida de otras personas” además del tesorero. En total, hay 10 investigados.

Perea, al que los socialistas sevillanos le atribuyen el manejo de las redes sociales o la autoría de 'hashtags' como el de “la fiebre del sur”, en defensa activa de Susana Díaz, “no había puesto en conocimiento” de sus superiores su imputación en el caso de Almensilla. Así al menos lo ha trasladado a este periódico. Su nombramiento es de 2014 mientras que él abandonó la junta de compensación en 2012. Entiende, además, que esta investigación no tiene nada que ver con su papel público ni su etapa como concejal socialista y la circunscribe a su quehacer privado. Insiste Perea en que es un afectado más y otra víctima de la estafa. Mucho de los parcelistas engañados son jubilados que atraviesan un auténtico calvario para hacer frente al pufo y al pago de los créditos a los bancos. Lamenta el socialista que mientras que el supuesto estafador, el tesorero Julio Mateos, viva a todo tren a kilómetros de distancia, otros afectados como él deban poner la cara ante los vecinos o responder por este supuesto delito que afecta directamente a su vida pública.

Fuentes del Gobierno andaluz insisten en que este “no es un caso de corrupción política” y lo desmarcan absolutamente del pacto de investidura sellado con Ciudadanos. Según este acuerdo, cualquier cargo público, electo o designado, que resulte imputado por corrupción política o que mienta o manipule su currículo tendrá que ser separado “de inmediato”. Ciudadanos no está al tanto ni ha sido informado de la investigación de este alto cargo.

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