denuncia ante el TSJA

C's abrirá una crisis a Susana Díaz si el TSJA imputa a su consejero de Economía

La Fiscalía ha denunciado por prevaricación y falsedad a Ramírez de Arellano, hombre fuerte en la Junta, por la adjudicación de unas obras en su etapa como rector sevillano

Foto: La presidenta de la Junta, Susana Díaz, durante la toma de posesión del consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano. (EFE)
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, durante la toma de posesión del consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano. (EFE)

Ciudadanos se ha mostrado firme y esperará a que hable de forma definitiva el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Si el alto tribunal da curso a la petición de su Fiscalía, que ha denunciado por prevaricación administrativa y falsedad documental a Antonio Ramírez de Arellano, el partido de Albert Rivera exigirá el cese inmediato del consejero de Economía o romperá el acuerdo con el PSOE. En estos términos se han pronunciado a El Confidencial fuentes de la formación naranja, que insisten en que su postura es “muy clara”. “Tenemos un acuerdo firmado con el PSOE por el que se apartará a cualquier imputado por corrupción política. De momento, lo que hay es una denuncia. En el momento en que haya una imputación, estamos seguros de que el PSOE cumplirá lo firmado”. Fuentes judiciales admiten que hay que esperar a que hable el TSJA, pero señalan que es “muy raro” que haya discrepancias en el criterio jurídico si lo pide la Fiscalía.

Tras meses de deliberación, la Fiscalía del TSJA comunicó este miércoles al consejero de Economía que había sido denunciado por prevaricación administrativa y falsedad documental. El ministerio público pide la apertura de diligencias penales previas por la adjudicación de unas obras durante la etapa de Ramírez de Arellano como vicerrector y posteriormente rector de la Universidad de Sevilla. Los hechos se remontan a septiembre de 2008, y la denuncia fue interpuesta por el Colegio de Arquitectos de Sevilla en marzo de 2015. Justo antes de que Susana Díaz incorporara al rector a su Gobierno en la cartera de Economía y Conocimiento. Su nombramiento, el 18 de junio de 2015, fue posterior y se hizo cuando ya la Fiscalía de Sevilla investigaba esta denuncia. Al adquirir condición de aforado como miembro del consejo de Gobierno, el caso se remitió al alto tribunal andaluz, al que ahora tocará tomar una decisión.

Fichado cuando ya había denuncia

El consejero de Economía, que se convirtió en uno de los fichajes estrella de Susana Díaz y estaba llamado a ser uno de los hombres de peso de su gabinete, ha hecho pública esta mañana la decisión de la Fiscalía y ha apelado a la presunción de inocencia. “Creo en la justicia y en la presunción de inocencia y pido que se respete en este caso”, ha defendido. El Colegio de Arquitectos de Sevilla denunció la adjudicación “arbitraria” de un proyecto para construir el Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Sevilla (Centrius), un edificio situado en la Isla de la Cartuja. Se trata de una obra con un presupuesto público de 34 millones de euros, de los que más de la mitad corren a cargo de fondos del Gobierno central y el plan Feder de la Unión Europea. La redacción del proyecto se adjudicó por 3,8 millones de euros a la constructora FCC y al estudio Trianera de Arquitectura.

En contra de la versión de Ramírez de Arellano, el Colegio de Arquitectos alertó de que el proyecto había sido visado un mes antes de que se adjudicara formalmente la obra y se firmara el contrato. Además, denunció que el entonces rector había ordenado que el contrato se fraccionara en cuatro, sorteando así la Ley de Contratos del Sector Público. Según los denunciantes, el proceso se saltó todos los requisitos legales de publicidad y transparencia.

El fiscal jefe, Jesús García Calderón, señala en el escrito remitido al TSJA que “es posible que alguna de las irregularidades descritas no resulte clamorosa, pero de su conjunto se desprende cuál es la finalidad perseguida, que no es otra que la adjudicación a determinados arquitectos profesionales sin justificación para ello y sin que lo exija la urgencia alegada".

Una cruzada del Colegio de Arquitectos

La Universidad de Sevilla ha emitido un comunicado arropando a Ramírez de Arellano y negando las irregularidades. Asegura que la adjudicación de las obras se atuvo a la legalidad vigente y enmarca la denuncia “dentro de las numerosas actuaciones judiciales que contra la universidad interpone el Colegio de Arquitectos de Sevilla por actuaciones de diversa naturaleza”. Desde la universidad se apunta a una especie de ‘cruzada’ de este organismo para justificar la denuncia. Además, lamenta que se utilice la vía penal cuando en otras ocasiones, añade, “por los mismos hechos ha acudido al contencioso-administrativo”.

Tras conocerse la denuncia de la Fiscalía, el Partido Popular se apresuró a pedir a Susana Díaz la dimisión del consejero de Economía. Subrayan además que su fichaje se hiciera “sabiendo que existía la denuncia”. Ni Susana Díaz ni ningún otro miembro de su Gobierno, aparte del consejero afectado, han tomado aún la palabra.

No es la primera vez que las imputaciones de altos cargos tensan el pacto de investidura entre Ciudadanos y el PSOE. En la actualidad, dos miembros del Ejecutivo andaluz, el gerente del SAE y el director de la Agencia Idea, han sido imputados por prevaricación tras una denuncia de un colectivo de trabajadores despedidos de la Consejería de Empleo. Ciudadanos admitió que continuaran en sus puestos por considerar que no se trataba, como defendía el PSOE, de un caso de corrupción política. Tampoco fue inmediato el cese de la presidenta del Puerto de Huelva o de la delegada de Medio Ambiente, cuya imputación fue finalmente retirada el pasado febrero. Normalmente, la comisión de seguimiento del acuerdo pide informes a los socialistas, y hasta ahora la imputación de altos cargos no ha sido un problema. Los primeros tirones se produjeron precisamente con los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. En esta ocasión, Ciudadanos insiste en que hará cumplir el acuerdo, aunque debe haber “corrupción política”. Siempre queda la posibilidad de que aleguen que este no es un caso que se circunscriba en ese tipo.

 

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