Montoro regala a Susana Díaz la coartada política para un adelanto electoral

Susana Díaz llevaba desde agosto buscando números. Los que le iban a permitir desempolvar la artillería de la confrontación que tan buenos resultados ha dado a los socialistas en Andalucía y reestrenar una hoja de ruta política este nuevo curso más allá de la corrupción que lastra su credibilidad política. Los que le permitirían adelantas elecciones con una coartada más allá de la inestabilidad de su Gobierno con IU.

Fue en julio cuando descolgó el teléfono y llamó al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El también diputado andaluz había insinuado en un foro público que el Gobierno estaba pagando las facturas que Andalucía guardaba en los cajones. Díaz se indignó. Según cuentan en el círculo de la presidenta, descolgó el móvil e interrogó directamente al ministro sobre la reforma pendiente del modelo de financiación autonómica. Montoro no se anduvo con rodeos. Ni había dinero ni intención política de calar ese melón en mitad del desafío soberanista de Cataluña. La dirigente del PSOE andaluz comenzó su partida.

Días después, viajó en un acto de partido a Valencia. Telefoneó al presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, en su intento de articular un frente común para exigir al Gobierno un nuevo modelo de financiación. El barón del PP le aseguró que iba a dar la batalla a Montoro y que su comunidad reclamaba 1.000 millones de euros. Después, la socialista comía con empresarios valencianos que le pedían que junto a Fabra dieran guerra al Gobierno de Mariano Rajoy. No era ningún secreto. La prensa daba cuenta de que el presidente de la Comunidad Valenciana levantaba la voz a los suyos en Madrid.

Pasaron las semanas y hay piezas políticas que dejan de encajar a los ojos de Andalucía. En verano, el presidente de Madrid, el popular Ignacio González, seguía dando ruido al Gobierno por un modelo de financiación injusto que beneficia a unas comunidades y perjudica a otras. Pero Fabra se retiró. Su silencio, cuentan personas cercanas a Susana Díaz, la alertó. Días después se desayunaba en un periódico económico el aplauso del barón del PP a los planes de Montoro para las comunidades en el próximo Presupuesto del Estado.

Desde entonces, la consejera andaluza de Hacienda, María Jesús Montoro, ha estado a la caza de un dato. El que le iba a permitir saber cómo salía Andalucía parada en relación al resto de comunidades autónomas en la liquidación del sistema de financiación de 2013. Sabían que Andalucía, así lo había comunicado el Ministerio, tenía que devolver 426 millones. Una cantidad que disparaba las alarmas sobre las dificultades para hacer un presupuesto andaluz para el próximo año y desataba las especulaciones sobre un adelanto electoral en esta comunidad. Cuando el Ministerio de Hacienda colgó en su web datos del anteproyecto de ley de presupuestos del Estado para 2015, Susana Díaz halló los números que llevaba semanas buscando y un poderoso argumento político para reactivar el discurso del agravio, el castigo y el maltrato a Andalucía.

Alberto Fabra tenía razones para estar contento. El presidente de Baleares, José Ramón Bauzá, también. Incluso Artur Mas, en pleno pulso al Gobierno, podía mantener silencio frente al reparto del Fondo de Convergencia Autonómica, articulado por el Gobierno central. Los números premiaban a estas tres comunidades con 1.057, 558 y 699 millones de euros respectivamente. Ninguna de las tres es, desde luego, una alumna aventajada en el cumplimiento del déficit público.

En estos números, Susana Díaz encontró el apoyo que llevaba meses buscando para endurecer su oposición a Rajoy y levantar el vuelo de los escándalos de corrupción que acosan a su Gobierno, con el caso ERE en el Supremo pendiente de la imputación de dos expresidentes andaluces y el presunto fraude de los cursos de formación, convirtiéndose en otra gran macrocausa judicial de dimensiones escandalosas dirigida de nuevo por la jueza Mercedes Alaya. A la dirigente socialista, que iba a afrontar en pocos días el debate sobre el estado de la comunidad, le había tocado la lotería política. Tenía argumentos de peso para empezar a hilvanar un relato por si, en cualquier momento, decide adelantar las elecciones.

No iba a ser “una puñalada de pícaro”, aseguran desde el círculo de Susana Díaz. La consejera andaluza de Hacienda hizo un aparte el pasado viernes con el secretario de Estado de Hacienda, Antonio Beteta, durante un acto público en San Fernando (Cádiz) y le avisó de que Susana Díaz iba a emprender una dura batalla política. 24 horas después la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, difundía datos del Fondo de Liquidez Autonómica asegurando que la comunidad se llevaba 1.000 millones de euros más por este concepto y defendiendo los esfuerzos de Montoro.

En el gabinete andaluz creyeron que el PP se estaba armando de razones contra el argumento del “castigo” y el “atropello” que la presidenta iba a enarbolar. Se equivocaron. Cuando Díaz agitó el cuadro con los números que llevaba semanas buscando en la tribuna del Parlamento, las filas populares ni se inmutaron. La contrincante popular, María Dolores López Gabarro, ni mencionó las cifras ni trató de enmendarlas. La debilidad de la oposición andaluza se hizo evidente. No habían coordinado su estrategia con Madrid. Díaz encontró el campo abierto para sembrar con una dura dialéctica su discurso contra el maltrato de la derecha a Andalucía, que en esta comunidad es un clásico y que salía, dicen, de la misma pluma de los asesores de Manuel Chaves.

Si, a partir de hoy, Susana Díaz quiere convocar elecciones, algo que aún no ha despejado, no tendrá que hacer un sonoro divorcio de IU, partido con el que, según dicen las encuestas, ahora mismo tendría que volver a pactar. Los socios en Andalucía podrán poner en marcha un relato común con Rajoy y la asfixia a la comunidad en el punto de mira. Ahora el PP tiene que conjurar sus argumentos. Sobre la mesa está la petición urgente, cursada ya por fax al Ministerio, de que se convoque la Comisión Mixta de Asuntos Económicos, un foro bilateral para atender la reclamación andaluza. Andalucía llegará a los tribunales. No es nuevo. Hay recursos contra la liquidación del modelo de financiación desde 2009, con José Luis Rodríguez Zapatero. El modelo que ahora mismo se denuncia a bombo y platillo es el que Andalucía apoyó entusiastamente cuando lo aprobó el ministro Pedro Solbes.

Susana Díaz ya tiene coartada política para convocar un adelanto electoral. Lo que no tiene son fechas. Artur Mas, según cuentan que le trasladó a la presidenta andaluza ya en el entierro del expresidente Adolfo Suárez, piensa convocarlo en Cataluña si no hay referéndum. Andalucía no quiere coincidir. Y las municipales están a la vuelta de la esquina. La socialista tiene argumentos pero no ve, dicen, el momento político.