Anticorrupción pide datos a Andorra para traer la trama del 3% a la Audiencia Nacional

El Juzgado número 1 de El Vendrell (Tarragona) ha ampliado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, la comisión rogatoria remitida a las autoridades bancarias de Andorra tras el segundo registro de la sede de Convergència hace ahora un año, en el marco de la causa que investiga la denominada trama del 3%, que rastrea las adjudicaciones otorgadas por diferentes instituciones públicas catalanas a empresas a las que presuntamente luego el partido exigía una comisión.

La comisión rogatoria reclamó entonces —con base en el análisis de los documentos obtenidos en la mencionada intervención— las cuentas corrientes abiertas por los principales implicados en la trama —los tesoreros de CDC Andreu Viloca y Daniel Osácar, el que fuera número dos de la sociedad pública de infraestructuras catalana Xavier Tauler o el consejero delegado de la constructora Teyco, Jordi Sumarroca— así como por los que fueron detenidos en octubre de 2015 durante la tercera fase de la denominada operación Petrum, entre los que se encuentran el propietario del grupo Soler, Jordi Soler; el directivo de la constructora Oproler, Sergio Lerma; el directivo de Urbaser (ACS) Jordi Duran; el administrador de Rogasa, Juan Luis Romero, o el socio de Tec Cuatro Antonio García Bragado.

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Pretendía con esta medida el juzgado obtener evidencias que demostraran la utilización por parte de los imputados de los bancos andorranos con el fin de mover los fondos procedentes del pago de las mencionadas mordidas, extremo que aún está siendo analizado por la Fiscalía, que considera necesario seguir indagando en esta línea. Con el fin de complementar aquella información, Anticorrupción ha reclamado nuevos datos que presumiblemente ayudarán a esclarecer el funcionamiento concreto de la trama. Por el momento, no ha trascendido el tipo de datos reclamados por el Ministerio Público, aunque sí lo que se lograría en el caso de que finalmente estos ayudaran a determinar el recorrido realizado por el dinero.

En concreto, los datos reclamados podrían permitir a Anticorrupción acusar a los imputados por blanqueo de capitales en Andorra —en caso de que confirmaran las sospechas—, lo que significa que la instrucción entra a indagar en un territorio extranjero y, por lo tanto, que tiene que ser derivada a la Audiencia Nacional, tribunal competente para investigar delitos cometidos fuera de España. Abandonaría así el procedimiento definitivamente el Juzgado número 1 de El Vendrell, que comienza a estar desbordado por la cantidad de información que acumula esta causa, conformada por siete piezas declaradas secretas que tratan de desliar la madeja de la presunta financiación ilegal de Convergència en diferentes frentes.

En este sentido, de hecho, el juzgado comienza a acumular datos que permitirían abordar nuevas vías de investigación e incluso poner el foco sobre más personas presuntamente involucradas en la trama del 3%, extremo este que aún debe ser confirmado por los responsables de las pesquisas, que presumiblemente lo harán en el momento en que analicen las nuevas pruebas que consigan a raíz de la mencionada ampliación de la comisión rogatoria.

Financiación ilegal de Convergència

El caso del 3%, nombre popular que se ha dado a las tres fases de la operación Petrum ejecutada por la Guardia Civil, rastrea la presunta financiación ilegal de Convergència a través de las donaciones que hicieron empresas adjudicatarias de contratos públicos a la fundación CatDem. Los investigadores sospechan que estas dádivas aparentemente desinteresadas eran en realidad comisiones que las mercantiles pagaban al partido a través de la citada fundación, a cambio de recibir adjudicaciones de la Administración catalana, tanto de la Generalitat como de ayuntamientos controlados por la entonces CiU.

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En los documentos encontrados por la Guardia Civil en la caja fuerte del empresario Jordi Sumarroca, consejero delegado de Teyco e hijo de un fundador de Convergència, los investigadores descubrieron los nombres de cinco ayuntamientos unidos a los de dos tipos de cantidades, las que reflejaban adjudicaciones a la mercantil, por un lado, y las que representaban el 3% de esas cifras, lo que interpretaron como la comisión que presuntamente abonaron a cambio de los contratos de obras públicas.

Según confirmó El Confidencial, Teyco, de hecho, ha sido durante los últimos años una de las principales benefactoras de Convergència, cuya fundación recibió 402.000 euros entre 2007 y 2014 procedentes de la constructora de Sumarroca. En los papeles encontrados en la caja fuerte del empresario, de hecho, se ponía de manifiesto que en solo dos meses de 2009, Teyco pagó 343.000 euros que los investigadores atribuyen a supuestas comisiones a cambio de la adjudicación de obras públicas en los ayuntamientos de Torredembarra, Lloret de Mar, Sant Cugat, Sant Celoni y Figueres, que son los cinco que aparecían en las anotaciones de Sumarroca.

La investigación de los agentes del instituto armado avanza, a pesar de las dificultades que ponen los propios imputados. Un ejemplo de esto último son los documentos que Andreu Viloca pasó por la trituradora, que tuvieron que ser reconstruidos por los investigadores y derivaron posteriormente en la detención de una docena de personas —entre ellas, el citado tesorero y el propio Rosell—, además del citado registro de la sede de Convergència.

En el marco de la causa del 3%, Anticorrupción atribuye a los imputados los delitos de prevaricación, financiación ilegal de partido, cohecho, alteración de precios en concursos públicos, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Este último ilícito penal es precisamente el que se vería reforzado por los datos que la Fiscalía quiere obtener ahora de las autoridades andorranas, y daría más argumentos al Ministerio Público para reclamar el traslado de la causa a la Audiencia Nacional, que ya juzga en otro procedimiento el patrimonio de la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol.