los accionistas perderían todo su dinero

El riesgo de demandas pincha las ofertas por el Popular y lo expone a la resolución

El tiempo se agota para el Popular. Tras el desplome en bolsa y ante la alta probabilidad de que la subasta se quede desierta, los supervisores contemplan ya la resolución del banco

Foto: Banco Popular. (Ilustración: Raúl Arias)
Banco Popular. (Ilustración: Raúl Arias)

Los acontecimientos se precipitan en la crisis del Banco Popular, como en los anteriores rescates de entidades financieras, solo que esta vez agravados por la presión del mercado al ser un banco cotizado. El riesgo de costosas demandas judiciales ha echado atrás a los posibles interesados (formalmente, solo Santander y Bankia), que prefieren comprar el banco una vez saneado después de una eventual resolución, que es el principal escenario en estos momentos. Una resolución que no significa liquidar el banco, pero sí que accionistas y deuda subordinada pierdan todo su dinero.

Fuentes conocedoras de la situación explican que los posibles interesados no se deciden a presentar una oferta por varias razones: la dificultad para estimar el déficit de provisiones de la entidad que preside Emilio Saracho ("un pequeño error de estimación conlleva una pérdida esperada mucho más alta", según una entidad); el temor a agujeros ocultos por créditos mal clasificados ("en todas las compras de cajas siempre ha habido grandes sorpresas negativas", afirma otra entidad), o la dificultad para resolver las sociedades conjuntas que tiene el Popular en seguros, gestión de activos o inmobiliaria.

Pero lo que más miedo da a los interesados en el Popular son los riesgos de demandas millonarias por parte de los accionistas que acudieron a la última ampliación. Existen precedentes de jueces que han obligado a resarcir a los minoritarios o incluso han anulado operaciones corporativas para destinar los activos a ese fin. Y aquí podría ocurrir lo mismo. A favor de la puja, únicamente está la baja valoración del banco (2.098 millones) tras el desplome de ayer, del 18,9%, hasta un nuevo mínimo histórico de 0,5 euros; una puja a precios de derribo generaría un fondo de comercio negativo muy importante que el comprador puede apuntarse como beneficio.

En lo que todo el mundo coincide es en que el tiempo se ha agotado y hay que adoptar una decisión ya. Si no hay sorpresa de última hora, fracasará la venta: "Ya no estamos en los tiempos en que bastaba una llamada del Gobierno, ahora manda Europa, y Santander y BBVA deberían justificar una operación así ante unos accionistas internacionales cada vez más activistas", señala una de las fuentes.

¿Qué es la resolución de un banco?

En ese caso, las opciones para salvar el Popular son muy limitadas: el banco insiste en una posible ampliación, pero el mercado considera que es muy difícil por el tamaño necesario y porque si un banco que tiene sinergias no quiere comprarlo, menos aún un inversor que no obtendría ese beneficio. De ahí que Morgan Stanley se haya dado de baja. Llegados a ese punto, solo cabrían dos opciones: aplicar la directiva europea de resolución o buscar una solución 'a la española', como en el caso del italiano Monte dei Paschi; pero eso implicaría un uso de dinero público muy complicado de justificar en España.

[Qué pasa con el Popular: la cronología para entenderlo​]

Por el contrario, la opción de la resolución no implicaría una inyección de recursos del contribuyente, por lo que fuentes cercanas al Banco de España aseguran que el supervisor no ve mal esta salida. La preocupación del BCE después de la inspección realizada al Popular que adelantó El Confidencial va también en esa dirección. Tras el traspaso a Europa de las competencias de supervisión y resolución bancarias, el protocolo establecido es que primero debe haber un 'bail-in' o rescate interno, en el que deben asumir pérdidas, por este orden, las acciones, la deuda subordinada, la deuda sénior y los depósitos por encima de 100.000 euros. Sólo después entra el fondo de resolución dotado por los bancos (de momento, mayoritariamente nacional, y en el futuro europeo) y, finalmente, el dinero público.

El presidente del Banco Popular, Emilio Saracho. (EFE)
El presidente del Banco Popular, Emilio Saracho. (EFE)

Según algunos analistas, en el caso de Popular sería suficiente con que los accionistas y tenedores de subordinada (con Allianz a través de su gestora Pimco a la cabeza) lo perdieran todo; como mucho, afectaría parcialmente a la deuda sénior y en ningún caso llegaría a los depósitos. Después de aplicarse la resolución, el Popular no desaparecería; al contrario, quedaría saneado y podría venderse el 'banco bueno', que sí atraería gran interés, por lo que habría pujas importantes. Según las fuentes consultadas, los grandes bancos españoles prefieren esperar a que se aplique la resolución y entonces pujar por el negocio rentable del banco, una vez que se haya librado de los activos tóxicos (inmuebles y crédito moroso) y que haya desaparecido el citado riesgo jurídico.

El problema de los pequeños accionistas

El problema de esta solución es que los pequeños accionistas lo perderían todo. No obstante, para evitar el escándalo y las posibles demandas contra el propio Banco de España y la CNMV (existe el riesgo de un nuevo caso Bankia), podrían buscarse fórmulas para resarcirlos —probablemente por las pérdidas de los que acudieron a la última ampliación— tras la resolución del banco, como se ha hecho con las preferentes o la OPV de Bankia. Se calcula un coste en torno a 1.000 millones que debería asumir el propio banco tras el rescate; rescatar accionistas privados con dinero público sería muy complejo.

Optar por otra solución es complicado. Endosarle el Popular a Bankia provocaría la dimisión de Goirigolzarri y sería muy difícil que obtuviera el visto bueno de un Parlamento fragmentado como el español; y tres cuartos de lo mismo ocurriría con una ayuda encubierta mediante el traspaso del ladrillo del banco a Sareb. Queda la vía del Monte dei Paschi, la "medida de actuación temprana" que permite inyectar recursos de los ciudadanos sin poner a la entidad en resolución. Pero el artículo 32 de la directiva 2014/59 de resolución de entidades de crédito establece unos requisitos para poner en marcha este mecanismo casi imposibles de aplicar al Popular.

"Dichas medidas tendrán un carácter cautelar y temporal y serán proporcionadas a la resolución de las consecuencias de la perturbación grave, y no se utilizarán para compensar pérdidas que la institución haya sufrido o vaya a sufrir probablemente en el futuro inmediato", reza esta norma, cuando precisamente el Popular lo que necesita es absorber las pérdidas del ladrillo. Asimismo, establece que estas ayudas "se limitarán a las inyecciones de capital necesarias para hacer frente al déficit de capital establecido en las pruebas de resistencia ('stress test'), en las revisiones de calidad de los activos ('asset quality reviews')", lo cual es el caso del banco italiano, pero no del español.

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