le conceden un crédito de 190 millones

Santander y Bankia refinancian al mayor accionista del Popular, vinculado al Opus

Ambos bancos, junto con Sabadell, han concedido un crédito de 190 millones a Viviendas y Oficinas, el accionista principal de la Sindicatura y dueño de la sede de la entidad

Foto: Foto: Reuters.
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Santander, Bankia y, en menor medida, Sabadell tienen una bala más que BBVA para quedarse con Banco Popular si finalmente deciden presentar una oferta vinculante por la entidad presidida por Emilio Saracho. Según han confirmado fuentes oficiales de los dos primeros bancos, entre diciembre del pasado año y enero de 2017, Santander, Bankia y Sabadell concedieron a Viviendas y Oficinas (Vyosa) un crédito de casi 190 millones de euros, dinero que sirvió para evitar la quiebra de Unión Europea de Inversiones (UEI), el máximo accionista individual del Popular. Una vinculación que en caso de propuestas parecidas les daría ventaja en la puja por la histórica entidad.

La operación se instrumentó para sacar de causa de disolución a UEI, dueña del 3% del Popular, que arrastraba una deuda total de 238 millones, incluidos 151,3 millones de un crédito sindicado otorgado por Santander, Bankia y Sabadell. La prenda de este préstamo eran las acciones del banco liderado hasta el pasado mes de febrero por Ángel Ron y anteriormente por Luis Valls, muy próximos ambos a las familias propietarias de ese 3% del capital. Debido a la caída de la cotización de la institución financiera, las garantías no cubrían el importe concedido, lo que llevó a la citada sociedad patrimonial a estar en varias ocasiones en quiebra técnica.

Consejo de administración de Unión Europea de Inversiones.
Consejo de administración de Unión Europea de Inversiones.

Pese a ello, UEI, integrada en la Sindicatura de Accionistas (propietaria del 9% del banco), fue a las dos ampliaciones de capital por 5.000 millones que Popular hizo en 2011 y 2016. No obstante, esta inversión no ha hecho más que empeorar su situación financiera debido al hundimiento hasta mínimos históricos de la acción del Popular. Para solventar este grave problema, UEI consiguió el 3 de enero reestructurar los 152 millones que debía a Santander, Bankia y Sabadell, con la cancelación total de dicha pasivo. Una amortización anticipada y sorprendente que fue posible gracias a que Vyosa le otorgó un préstamo participativo por la misma cantidad y otro mercantil de 78 millones, lo que le permitió reequilibrar su situación patrimonial, según indicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), dado que UEI cotiza en bolsa.

Sin embargo, Viviendas y Oficinas no dio ninguna explicación de dónde había obtenido esos 230 millones porque no está regulada por los mercados de valores. Lo cierto es que se lo prestaron Santander, Bankia y Sabadell, especialmente el primero y el segundo, que cambiaron las garantías de las acciones por colaterales inmobiliarios. Porque Vyosa, que tenía el 18,9% de UEI, es una inmobiliaria entre cuyos activos está el Edificio Beatriz, en el número 29 de la calle Ortega y Gasset, ocupado en su mayoría desde hace años por el centro corporativo del Banco Popular, incluida la presidencia. Es decir, la entidad le paga un generoso alquiler como inquilino a un arrendatario —su propio casero— que a su vez es el mayor acreedor de uno de sus principales accionistas.

El casero del Popular alquila su principal edificio al banco, activo que sirve a su vez de garantía del préstamo que rescata al mayor accionista individual

El cruce de intereses entre las partes es tal que la CNMV les pidió explicaciones, cuando les exigió un requerimiento de información a finales del pasado año. UEI argumentó que había recibido el préstamo participativo de Vyosa, pero que esta compañía había traspasado su 18,9% del capital a la Fundación Fondo de Atenciones Sociales, una organización vinculada totalmente a la prelatura del Opus Dei y que asimismo tiene su sede en el mismo Edificio Beatriz.

Una maraña de intereses cruzados

En su escrito de requerimientos, el regulador de los mercados quería saber entre otras cosas por qué los responsables de UEI no consideraron como "operación entre partes vinculadas" la financiación puesta a disposición por Banco Popular, ya que en el primer semestre de 2016, cuando esta sociedad instrumental ya estaba en causa de disolución, había recibido líneas de crédito por 84,6 millones. Un dinero que fue utilizado para ir a la ampliación de capital de mayo y que le permitió mantener su participación del 3%, y la Sindicatura, el 9%. La compañía negó la relación pese a indicar que entiende "que el hecho de tener un miembro en el consejo de administración, que a su vez es miembro en otro consejo, no es en absoluto determinante".

UEI está vinculada a la Universidad de Navarra y las familias Revoredo (Prosegur), Martínez Igartua, Domecq, Sendagorta (Grupo Sener), Figuero y Martínez-Echevarría (El Corte Inglés). Su principal accionista es la Fundación IEISA, adscrita a la prelatura del Opus Dei y próxima a los Valls Taberner, presidentes del banco durante 32 años. Su futuro depende de Vyosa, que a la vez adeuda dinero a Santander, Bankia y Sabadell. Los dos primeros han confirmado que están analizando la absorción del Popular, mientras que el tercero se ha desmarcado de la compraventa.

Según distintas fuentes, esta posición da ventaja principalmente al banco de Ana Botín, que sabe que tiene de su parte a uno de los dueños más relevantes del Popular. En concreto, a uno que posee el 9% del capital y que es el mayor accionista individual. Desde el Santander se limitan a señalar que se trata únicamente de una refinanciación de libro, en la que se han cambiado garantías —ladrillo por acciones— para evitar que el préstamo entrase en mora.

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