por el desplome en bolsa del banco de ron

Las familias históricas del Banco Popular y del Opus Dei entran en quiebra técnica

Unión Europea de Inversiones ha tenido que recurrir a préstamos participativos y a una refinanciación de la deuda por el agujero provocado por el hundimiento en bolsa del banco

Foto: El presidente de Banco Popular, Ángel Ron. (EFE)
El presidente de Banco Popular, Ángel Ron. (EFE)

La gestión de Ángel Ron al frente de Banco Popular le está saliendo muy cara a todos sus accionistas, incluidos los que forman parte del núcleo duro desde hace décadas. Uno de los que más está sufriendo es Unión Europea de Inversiones (UEI), la sociedad instrumental que agrupa a las históricas familias de empresarios vinculados al Opus Dei, que han tenido que solicitar varios préstamos participativos para reequilibrar el estado de liquidación y refinanciar su elevada deuda.

Según datos oficiales, el desplome del 55% que ha registrado la cotización de Banco Popular ha provocado un agujero en Unión Europea de Inversiones, sociedad que controla directamente el 3% del grupo financiero y que forma parte de la Sindicatura de Accionistas (9% del capital en total). Dado que UEI tenía 64,06 millones de acciones del Popular antes de la ampliación de capital realizada entre finales de mayo y principios de junio y arrastraba unas deudas de casi 160 millones, la diferencia entre el activo y el pasivo era de prácticamente 80 millones.

Esos préstamos, solicitados para financiar la compra de los títulos del banco, estaba concedidos por el propio Popular (60 millones), por Banco Santander (45 millones) y por Sabadell (56 millones). Salvo el crédito facilitado por Popular, los de Santander y Sabadell estaban pignorados por los títulos adquiridos, cuyo valor de mercado es inferior al importe otorgado, por lo que UEI ha tenido que aportar nuevas garantías para no entrar en situación de impago. Ambos créditos, por los que pagan Euribor más casi un 3%, vencen en noviembre de 2017.

Cajero de Banco Popular en Madrid. (Reuters)
Cajero de Banco Popular en Madrid. (Reuters)

“La evolución de la Sociedad se encuentra estrechamente vinculada a la evolución de la cotización de las acciones de Banco Popular Español, y así, la continua bajada de la cotización de dichas acciones, que se situaban a cierre de 2014 y 2015 en 4,087 euros la acción y 3,043 euros la acción, respectivamente, y la tendencia bajista que continúa a principios del ejercicio 2016, ha provocado que la Sociedad se encuentre en causa de disolución”, asegura el informe anual de la empresa instrumental, que aún no contabilizaba el desplome posterior de la cotización hasta los 1,25 euros actuales.

Para evitar la quiebra oficial, UEI recibió dos préstamos participativos de Viviendas y Oficinas y de la Fundación para Atenciones Sociales por un máximo de 25 millones. Pero ese dinero ha sido insuficiente para atender las obligaciones financieras de UEI, vinculado a la Universidad de Navarra y las familias Revoredo (Prosegur), Martínez Igartua, Domecq, Sendagorta (Grupo Sener), Figuero y Martínez-Echevarría (El Corte Inglés). Su principal accionista es la Fundación IEISA, adscrita a la prelatura del Opus Dei y próxima a los Valls Taberner, presidentes del banco durante 32 años

Saltan las alarmas

La compañía había reestructurado su deuda el pasado mes de enero al amortizar 21,47 millones de euros de las polizas de créditos suscritas con Santander y Sabadell. El fin fue reducir el 'margin call' o nivel de cotización a partir del cual debía reponer garantías en 2,02 euros por acción, lo que supone en el sector que saltan las alarmas por estar en descubierto. Posteriormente, UEI destinó otros 9,52 millones que aún tenía en línea de crédito para bajar aún más el 'margin call' hasta los 1,78 euros, por lo que consideraba que no era probable “que las obligaciones de los contratos de financiación se incumplieran en los próximos 12 meses”.

El banco presidido por Ana Botín fue uno de los que acudió al rescate del Popular al convertirse en uno de los principales colocadores de las acciones

Este informe sobre las cuentas de 2015 fue emitido para la junta de accionistas antes de que Popular anunciase a finales de mayo que necesitaba 2.500 millones en forma de ampliación de capital para no quebrar. Dicho anuncio supuso un desplome de las acciones hasta los 1,25 euros, un 30% por debajo del nivel del 'margin call' de los accionistas históricos, por lo que, aunque oficialmente no lo han reconocido, han tenido que pedir árnica al mismo Popular, al Santander y al Sabadell. Una refinanciación que les permitió acudir a la ampliación de capital para mantener su 3% del capital pese a que meses atrás optaron por recibir el dividendo en metálico en lugar de en títulos (scrip dividend) dadas sus tensiones de tesorería.

Curiosamente, el banco presidido por Ana Botín fue uno de los que acudió al rescate del Popular al convertirse en uno de los principales colocadores de las acciones, mientras que el propio Popular ha financiado en varias ocasiones a las familias catalanas que han formado el núcleo duro del Sabadell. Estas dos entidades han mantenido varias veces conversaciones de fusión, entre otras cosas para salvar a sus empresarios de más postín.

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