Cifuentes lleva hasta el TSJM su batalla con OHL y Acciona por Ciudad de la Justicia

Cristina Cifuentes está dispuesta a luchar hasta el final para enterrar el faraónico proyecto de Ciudad de la Justicia que heredó de su antecesor, Ignacio González, y lo acaba de demostrar presentando esta misma semana un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en el que solicita poder desistir del procedimiento de adjudicación, según ha podido confirmar El Confidencial con fuentes del Gobierno regional.

Se trata de una de las patatas más calientes que se encontró la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando asumió el cargo, hace un año, ya que es un problema enquistado tanto en los tribunales como en las cuentas de la región.

El proyecto de unificar todos los juzgados de Madrid en Valdebebas nació hace 12 años como Campus de la Justicia, un ambicioso plan que contaba con la firma de arquitectos como Norman Foster, Alejandro Zaera o Rafael de la Hoz, que la comunidad decidió suspender cuando estalló la crisis y modificarlo por una concesión a 30 años que se rebautizó como Ciudad de la Justicia.

Este segundo proyecto se licitó contrarreloj en la recta final del mandato de Ignacio González, que eligió como ganadora la alianza formada por Acciona y OHL, un triunfo que, sin embargo, nunca llegó a ser refrendado con la rúbrica definitiva de adjudicación.

Cuando Cifuentes llegó al poder, se encontró con que la decisión de liquidar el primero (Campus) había sido llevada ante los tribunales por la constructora Corsán-Corviam y por arquitectos como Rafael de la Hoz y Ángel Borrego, pleitos que todavía siguen sin resolverse y en los que se pide suspender la adjudicación del segundo proyecto (Ciudad) hasta que se resuelvan sus contenciosos.

La comunidad optó entonces por desistir del procedimiento de adjudicación a OHL y Acciona, constructoras que llevaron esta decisión ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública, que les dio la razón, al declarar nula la orden de la Consejería de Presidencia. Lejos de desistir, y como había advertido que haría, la comunidad ha recurrido esta anulación ante la sala tercera de lo contencioso-administrativo del TSJM, que había ampliado hasta el día 30 de octubre el plazo para presentar toda la documentación requerida.

Dos proyectos y dos conflictos

Los argumentos esgrimidos por el equipo de Cifuentes para defender el desestimiento se basan en que, mientras no se resuelva el problema de Campus, es inviable adjudicar ningún otro proyecto, sobre todo si quieren evitarse nuevas reclamaciones y enfrentamientos por un proyecto heredado de otro Ejecutivo. Corsán-Corviám reclama 6,6 millones de euros, mientras que los servicios jurídicos de la comunidad estiman que la cifra correcta indemnizatoria apenas asciende a 1,7 millones.

Además, aunque la nueva presidenta defiende la conveniencia de aglutinar todas las sedes judiciales en un mismo espacio, el elevado coste económico de Ciudad de la Justicia, presupuestada en 1.700 millones de euros, abre la puerta a rehacer el proyecto con unos números más ajustados.

La propuesta de Acciona y OHL contempla ser ellas las que financien la obra a cambio de recibir un canon anual de 45 millones de euros durante 30 ejercicios. Sin embargo, fuentes empresariales reconocen que estos mismos números se pueden rebajar con un nuevo diseño de los edificios.

Cifuentes respalda la idea de unificar todas las sedes judiciales en Valdebebas, pero primero quiere solucionar los conflictos judiciales heredados

Con una extensión de 200.000 metros cuadrados, la Ciudad de la Justicia prevé albergar los 356 órganos judiciales del Partido Judicial de Madrid y a los 554 jueces y magistrados, 202 fiscales, 362 secretarios judiciales y a más de 5.000 personas del servicio de la Administración de Justicia, más 42.000 abogados y 1.719 procuradores.

Según cálculos del anterior Ejecutivo, las obras de este complejo permitirían crear 2.200 puestos de trabajo y una mejora de una décima en el PIB regional. Además, al trasladar ahí todo el cuerpo judicial de la Administración madrileña, esta podrá liberarse de los alquileres que paga en más de una veintena de inmuebles, rentas que pasarían a financiar el canon anual de la futura concesión, pero con la diferencia de que la propiedad de los edificios pasaría a ser pública.